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En medio de la jornada en que el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami hizo uso de su derecho a guardar silencio ante la fiscalía por la investigación sobre el uso del jet privado en su campaña, el PRO -partido del que es su fundador- emitió una declaración pública para aclarar que el cineasta nunca tuvo conocimiento de los temas financieros y administrativos de su aventura política.

Según consigna La Tercera, la colectividad que preside Patricia Morales manifestó que MEO jamás se metió ni supo “de los aspectos administrativos y financieros de la campaña”.

El escrito además enfatiza en que el vicepresidente de la colectividad, Camilo Lagos, declaró ante la fiscalía que “nuestro vicepresidente reiteró que el PRO nunca ha recibido dineros de empresas, incluyendo SQM, y todo el financiamiento, tanto en campaña electoral como fuera de ella, se ha dado en el marco de la ley”.

El PRO agregó que “Camilo Lagos aprovechó la instancia para aclarar la utilización del avión de la campaña presidencial, la cual se ha prestado no sólo para ataques comunicacionales hacia el progresismo y hacia Marco Enríquez-Ominami, sino también para tergiversaciones malintencionadas”.

La misiva difundida por la colectividad recordó que “Lagos señaló que él, así como la Directiva del PRO, entendió erróneamente que el avión era parte de un servicio comunicacional que había sido pagado, y que ello también fue comunicado erróneamente a Marco Enríquez-Ominami. Sin embargo, posteriormente, se confirmó que en los gastos de campaña no se incluyó la utilización del avión. Además aclaró que Marco Enríquez-Ominami nunca estuvo al tanto de los aspectos administrativos y financieros del manejo de la campaña, en tanto su foco estaba en su rol de candidato presidencial. Aseguró su plena confianza en que el tema será aclarado durante la investigación, confiando en el trabajo de la justicia”.

Al término de la declaración, el Partido Progresista aseguró que desde hace muchos años que el partido y MEO llevan “proponiendo, mediante leyes y artículos públicos, cambiar el sistema de financiamiento de las campañas hacia un sistema de financiamiento público y con fuertes regulaciones en materias de gastos publicitarios”.