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El menor de edad de iniciales P.R. (16), pasó dos días y dos noches en el Hospital Barros Luco por una fractura expuesta y quemaduras parciales en la piel. La primera lesión fue en su antebrazo izquierdo, producto del impacto directo y a quemarropa de una bomba lacrimógena disparada por un uniformado de la 50° Comisaría de San Joaquín, en población La Legua. La zona de la fractura también cuenta con quemaduras, pues la munición atravesó todas sus capas de piel. También resultó con quemaduras una zona de su torso, arriba de la cintura. Una herida perfectamente redonda con la figura marcada de una lacrimógena.

P.R. recibió el alta médica el sábado 21 de enero recién pasado tras haber ingresado el jueves 19 durante la tarde. Su padre manejó el taxi con el que trabaja desde plena Legua Emergencia hacia el sector de urgencias del hospital ubicado en Gran Avenida, pues el tercero de sus cuatro hijos tenía una herida sangrando en el antebrazo izquierdo, con parte de su carne expuesta al rojo vivo, además de una quemadura en el torso, por encima de la cintura. Ésta última era perfectamente circular y similar a las marcas que dejan al ganado cuando los queman con hierros ardientes y tuvo la “suerte” de que P.R. estaba con polera. Así, la lacrimógena disparada por un carabinero a bordo de un retén de la 50° Comisaría de San Joaquín primero desintegró parte de la tela, dejando un agujero que abrió paso a su piel. Como era de manga corta, el brazo no corrió el mismo destino, y la munición de gas pasó todas las capas de piel.

Según la versión oficial de Carabineros, entregada a los medios de comunicación al día siguiente de lo ocurrido, lo anterior fue provocado por otros jóvenes que habían lanzado palos, piedras y sillas contra el vehículo durante un patrullaje. “Ante esta agresión, Carabineros procedió a hacer uso de lacrimógenas”, dijo el teniente coronel de la Prefectura Santiago Sur, Marcelo Tejo.

LAS DISCULPAS

Durante octubre de 2001, la Subsecretaría del Interior -encabezada por Jorge Correa Sutil- implementó un plan de intervención policial contra el narcotráfico, actividad delictual frecuente y conocida en La Legua. Así, es común ver rondas de carabineros día y noche, de lunes a domingo, con cascos y armas en vehículos blindados. De la misma manera, no es extraño que en pleno verano los vecinos tomen sombra en la vereda, saquen piscinas y mangueras a la calle para refrescarse, con los visitantes de verde merodeando.

Esa era la postal del jueves 19 de enero cuando el joven de 16 años, su hermano M.R. (18) y un adolescente, vecino de ellos, se encontraban sentados a la sombra fuera de sus casas, cerca de las 16.00 hrs. Según testimonios entregados por ellos mismos, el resto de la familia y vecinos, sumado a la reconstrucción de los hechos realizada junto al abogado defensor de P.R., Cristian Cruz, la bombas de gas lacrimógeno no hirieron ni lesionaron al hijo de Fabián Rojas y Carolina González por accidente.

Mientras los tres jóvenes capeaban el calor, el retén móvil de la 50° Comisaría de Carabineros de Chile avanzaba por calle Jorge Canning hacia Avenida Santa Rosa. Pasó frente al mayor de los dos hermanos y el otro adolescente, P.R. había ingresado a la casa segundos antes. “Cómo andai apuntando paco culiao, no vei que hay niños y se asustan”, dijo el vecino que estaba junto a los hermanos, increpando a los uniformados a raíz de que una niña de tres años, también vecina del barrio, entró asustada y chillando a su hogar. El retén disminuyó la velocidad y comenzó a frenar, mientras el copiloto seguía apuntando.

— ¿Qué pasa sapo conchetumare, qué mirai así?-, preguntó gritando este último uniformado.
— ¿Qué pasa, por qué hablai así, que soy muy choro acaso? ¡Ya bájate y peliemo’ a combo po’!-, replicó M.R. mostrando sus puños.

Ante la provocación, otro uniformado se bajó por la parte de atrás del retén y los apuntó con un arma. La adrenalina de M.R. y su vecino comenzó a bajar y regresaron a sus respectivas casas. Simultáneamente P.R. salió a ver qué pasaba afuera. En ese intertanto, otro policía bajó del retén portando un arma larga, de las que disparan bombas lacrimógenas. El adolescente de 16 años, entonces, se encontró con un policía que también lo apuntaba. Quiso correr, pero el uniformado lo frenó: “Vo’ no te vay sapo conchetumare”, le gritó. El adolescente levantó sus manos y le pidió que no le tirara nada.

— Tío, tío, no me dispare na’, yo no tengo na’ que ver.
— Quédate ahí no más, si te movís te disparo.

En ese instante, a pocos minutos de pasadas las cuatro de la tarde, el perímetro de la casa de P.R. y M.R. se llenó de humo y el aire se tornó picante, ácido, irrespirable y de color amarillo. Mientras se le quemaba la piel del brazo y el torso y le lloraban los ojos, volvió a su casa.

Furioso y alarmado por el gas, el padre de los hermanos salió a increpar a los carabineros que habían lanzado tres municiones de bombas lacrimógenas fuera de su casa, sin percatarse aún de las lesiones de su hijo. Al escucharlo llorar y gritar de dolor, volvió a entrar y vio que el brazo de P.R. sangraba. “No siento el brazo papito, no siento el hombro”, se quejaba. Rojas subió a su hijo al taxi con el que trabaja.

Ya en el hospital, los doctores diagnosticaron una fractura expuesta en el brazo izquierdo y quemaduras parciales en el cuerpo. La gravedad de las lesiones hicieron que lo hospitalizaran un par de noches, pero con prescripción de 10 días tras el alta pues la herida de la zona costal arriesga una infección.

Tras dejarlo en el Hospital Barros Luco, contactaron al abogado Cristian Cruz. Se dirigieron a la 50º Comisaría de San Joaquín para dejar una denuncia, acompañados también de un abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los recibió el recién ascendido a Mayor, Fernando Osses, quien le pidió disculpas reiteradas veces a Carolina González. Reconoció el disparo de una lacrimógena y explicó que el uniformado ya estaba identificado. Los padres de P.R. repitieron las descripciones que su hijo dio del policía que lo hirió, ante lo que el Mayor dijo que coincidían, pero no podía entregarles el nombre.

A las declaraciones que prestó el teniente coronel Marcelo Trejo en representación de Carabineros, agregó que la institución no desconoce las evidencias sobre el cuerpo de P.R.: “Efectivamente hay una lesión y eso no se va a desconocer. Si se establece algún tipo de responsabilidad, Carabineros de Chile no admite irresponsabilidades o mal uso de armamento”. También aseguró, tal como dijo el Mayor de la 50° Comisaría, que hay una investigación interna en desarrollo, y que los antecedentes los manejan también los Tribunales de Justicia. Respecto de por qué gases disuasivos que suelen tirarse al aire impactaron directamente contra el menor de edad, respondió que eso es parte de una investigación en curso.

“ACÁ NO ES LLEGAR Y DISPARAR”

Cristian Cruz junto a los padres de P.R. en el Centro de Justicia.

Fabián Rojas y su esposa, Carolina González, decidieron querellarse ante la justicia civil por lo ocurrido. Esto, a pesar de una serie de dificultades: como pruebas tienen solo sus palabras, las fotografías de las heridas y quemaduras de P.R., su polera ensangrentada y quemada intacta, más las tres municiones. A los obstáculos se suma que muchos de sus vecinos que presenciaron lo ocurrido no quieren atestiguar ante la ley.

“En general le temen a Carabineros, y esto es por actitudes abusivas constantes de ellos”, dice el abogado Cruz. Rojas y González agregan que otros vecinos no lo desean hacer por tener antecedentes penales. “Pero nosotros estamos limpios”, dijo el padre del adolescente herido, durante una visita del abogado a su hogar para reconstruir los hechos. Agregó que espera llegar lo más lejos posible: “Queremos marcar un precedente, porque acá no es llegar y disparar. Vamos a defender lo que tengamos que defender. Hoy es mi hijo, pero también tenemos una responsabilidad con nuestra población”.

Cristian Cruz, abogado defensor, interpuso una querella criminal este viernes 27 ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago: “Por violencias innecesarias, abusos contra particulares y amenazas”, dice el documento ingresado al sistema. La acusación va dirigida contra el victimario, los cómplices y encubridores que presenciaron la agresión, pretendiendo que reciban pena de cárcel. Además, la querella exige una serie de elementos: que se despache una orden de investigación a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI; tomar los testimonios de P.R. en presencia de sus padres; que Carabineros de Chile entregue los nombres de todos los policías que patrullaron La Legua el jueves 19 de enero entre 14.00 y 19.00 hrs., además de los videos que deberían captar las cámaras de seguridad que tienen instaladas los retenes, entre otras medidas detalladas en la querella. Carabineros de Chile prefirió no dar más declaraciones al respecto por tratarse de un proceso en curso.

*Para efectos de esta publicación la defensa del caso ha solicitado no explicitar las descripciones físicas de los uniformados identificados por los testigos para no entorpecer el proceso, ya que uno de ellos tienen un apodo reconocido en La Legua.