Trabajadores de la red Santo Tomás recurren a la justicia para terminar con el multirut de la poderosa organización

El 3 de diciembre pasado, ocho sindicatos de la red educacional Santo Tomás, interpuso una demanda laboral de 70 páginas por multirut contra 11 de las razones sociales en las que se divide el holding educacional y que operan como empleadoras independientes unas de otras. Durante siete meses, los trabajadores investigaron la estructura y organización de Santo Tomás para acreditar frente a la justicia que, en realidad, se trata de una sola gran empresa y un empleador único. Entre los antecedentes, destaca que todas las instituciones pertenecen al mismo dueño, tienen domicilios comunes y autoridades transversales, junto con un dirección de recursos humanos centralizada para todos los trabajadores.

La red Santo Tomás está integrada por la Universidad Santo Tomás (UST), orientada a capas medias y bajas y una de las principales instituciones de educación superior privada beneficiaria del CAE; el Instituto Profesional Santo Tomás (IP) y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás (CFT), ambos beneficiarios de la beca Nuevo Milenio para educación técnica; y ocho colegios de educación básica y media distribuidos a lo largo del país.

En total, en la red estudian más de 100 mil personas y el número de trabajadores alcanza los 12 mil, pero la mayoría de ellos, sobre todo el personal académico, presta servicios a honorarios. La demanda, que fue acogida por el 1º juzgado de letras de Santiago y está en etapa de audiencias preparatorias para juicio, persigue que todos los trabajadores puedan negociar colectivamente con la red y no cada sindicato por separado, como ocurre actualmente dada las diversas razones sociales o rut del holding.

“Lo que llamamos popularmente como multirut, en rigor, es un fraude a la ley laboral que consiste en esconder al verdadero empleador bajo la apariencia o bajo formas jurídicas diversas, fundamentalmente societales, con el objeto de evitar el cumplimiento o el ejercicio de derechos laborales determinados, en este caso los derechos colectivos”, explica José Luis Ugarte, abogado y académico experto en derecho laboral de la Universidad Diego Portales.

Desde la Federación de trabajadores de Santo Tomás explicaron sobre la decisión de ir a tribunales: “Los distintos sindicatos de las empresas Santo Tomás nos agrupamos en la Federación de Trabajadores de Instituciones Santo Tomas y hemos decidido solicitar la declaración de Unidad Económica de las distintas empresas Santo Tomás, con el fin de poder negociar colectivamente en conjunto, para lograr una política remuneracional común, condiciones igualitarias de trabajo, reglas claras en cuanto al pago de los bonos de incentivos y de proyección laboral en la empresa”.

Dueño en común

Tal como un holding, la sociedad matriz y controladora de todo el grupo es “Santo Tomás S.A”, cuyos propietarios son el grupo Hurtado Vicuña y el fondo Linzor Capital. Los representantes legales de la sociedad son Marco Buchi Buc y Juan Pablo Guzmán, quien además desde el 2015 ostenta el cargo de rector del CFT e IP. La sociedad de inversiones tiene domicilio en Av. Andrés Bello 2777, piso 30, Las Condes. Se trata de las oficinas corporativas desde donde operan las máximas autoridades de la red educativa.

Según el documento que contiene la demanda, a través de esta sociedad madre, se controla toda la red Santo Tomás. El CFT y el IP pertenecen en un 99% a “Santo Tomás S.A.”. En tanto, la UST es una corporación de derecho privado, pero su asamblea de socios está conformada por tres actores: el CFT, IP y “Santo Tomás S.A”. Es decir, un tercio de la universidad la controla directamente la sociedad madre y los otros dos tercios los controla indirectamente con el CFT y el IP.

A su vez, los ocho colegios de la red son de propiedad de la Sociedad Administradora Educacional Santo Tomás Anónima (SAESA) con un 99% de los derechos, el 1% restante es de Servicios y Aesorías Aquino. Pero ambas sociedades son filiales de “Santo Tomas S.A”. Por lo tanto, el verdadero dueño de los colegios nuevamente es la sociedad matriz del grupo.

Juntos y revueltos en educación técnica y superior

La relación entre las instituciones educativas de Santo Tomás no se remite solo a su propietario, sino que se extiende a la estructura organizativa, administrativa, así como domicilios comunes y autoridades transversales.

En general, la UST, el CFT y el IP comparten sede, o sea, están emplazados en las mismas instalaciones, salvo en Santiago y en los ciudades que la universidad aún no llega. En síntesis de un total de 35 sedes a lo largo del territorio nacional, las 3 instituciones comparten un total de 18 sedes (51%), el CFT e IP comparten 30 sedes (86%).

Los máximos órganos resolutivos de cada institución están conformados por las mismas personas. El CFT e IP son regidos por un consejo directivo de cinco miembros que se replica para ambas instituciones. Su presidente es Juan Hurtado Vicuña del grupo controlador, el vicepresidente Tim Purcell de Linzor Capital y los directores Carla Haardt, (viuda de Gerardo Rocha, fundador de la red educativa), Gerardo Rocha Haardt (hijo del matrimonio fundador) y Carlos Ingham, socio de Linzor Capital. A la vez, todos ellos, con excepción de Rocha, son miembros de la Junta Directiva que rige a la Universidad Santo Tomás, que además incorpora a Catalina Ugarte y Jaime Vatter, el rector de la UST.

Jaime Vatter

Jaime Vatter fue desde 2007 hasta mediados de 2015 rector nacional de las instituciones Santo Tomás. Incluso hasta el 2014, en las cuentas públicas anuales, Vatter detallaba el estado de toda la red, incluido los resultados de los colegios. “A pesar de ese contexto incierto, no nos hemos paralizado y la Red de Colegios Santo Tomás continuó creciendo (…) Todos los colegios de la red incorporaron la asignatura de Prevención de Riesgos, impartida en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos de Santo Tomás”, expone en su cuenta pública de 2014.

En cuanto a los resultados académicos de los colegios en el Simce, en la misma cuenta pública, Vatter dice “es muy gratificante informar que los promedios de todas las áreas del conocimiento y niveles evaluados de la red Santo Tomás están sobre el promedio nacional, específicamente la prueba matemática de todos los cursos evaluados están 40 puntos sobre el promedio nacional y en lenguaje sobre 26 puntos (…) En lo referido a los resultados PSU, el 98% de los egresados rindió la prueba y la distribución de los puntajes mejoró en todos los tramos”.

Al mismo tiempo, la fusión de autoridades en sus máximos órganos, se replica en la estructura académico y administrativa de la red. Las tres instituciones de educación técnica y superior comparten un total de 8 autoridades.

Fernando De La Jara Goyeneche es vicerrector de aseguramiento de la calidad; Ana María de Pelegrí Kristic es vicerrectora de admisión y asuntos estudiantiles; Hernán Swart Figueroa es vicerrector de asuntos corporativos; Enrique Gómez Bradford vicerrector de administración y finanzas; María de la Luz Benavente Riobó es vicerrectora de Recursos Humanos; Leonardo Cardenas Pérez es vicerrector de Procesos de la tecnología y la información; Agustin Benavente Font de la Vall es contralor; Catalina Ugarte es secretaria general. Difieren en la dirección académica y en la rectoría que en el caso del CFT e IP recae en Juan Pablo Guzmán Aldunate, representante legal de “Santo Tomás S.A”.

Lo mismo ocurre en el Consejo Asesor que en las tres instituciones está integrado por cinco rectores de sede. También la figura del rector de sede administra indistintamente la UST, el IP y CFT que funcionan en su establecimiento.

El negocio escolar

La red de colegios se extiende a 8 establecimientos en el país, pero solo cinco sindicatos que agrupan a sus trabajadores se plegaron a la demanda. Son los colegios emplazados en Los Angeles, Curicó, Talca, La Serena, y Antofagasta.

Como ya se dijo, son todos propiedad de “Santo Tomás S.A.” controlados por sus filiales, pero cada establecimiento tiene una razón social propia que opera como sostenedor de los colegios. Todos comparten el nombre Colegio Santo Tomás y se añade la ciudad donde están ubicados.

La estructura administrativa de los colegios está legalmente entregada a SAESA, la filial controladora. Tiene, además, una estructura piramidal de tres niveles. El directorio Red de Colegios, Dirección Nacional de colegios y por último los directores de los colegios.

El directorio de la Red de Colegios, cuya misión es entregar los lineamientos generales está compuesto por el rector de la UST, Jaime Vatter, Guzmán Aldunate rector del CFT e IP, Luis José Garreaud, Anibal Vial Echeverría, entre otros.

La Dirección Nacional de colegios, organismo de carácter ejecutivo encargado de implementar los lineamiento de la red, está a cargo de su director nacional Jorge Beffermann Rettig y otros seis personas. Befferman es además el representante legal de SAESA.

Bajo esa estructura están los directores de cada establecimiento.

A los antecedentes ya mencionados más arriba, se suma que todas las instituciones de la red Santo Tomás comparten nombre, visión, imagen corporativa, página web, indicadores, reglamentos en común como el de Orden, Higiene y Seguridad y el Código de ética.

También las comunicaciones internas y corporativas están centralizadas e informan a todos los trabajadores de la red sobre las noticias de las distintas razones sociales, al igual que está centralizado el departamento de Recursos Humanos, como se verá a continuación.

Los perjuicios a los trabajadores

En la demanda, los trabajadores sostienen que existe subordinación y dependencia cruzada y prestan servicios de manera indistinta a las razones sociales, independiente de cual sea la contratante. Al igual que en algunos contratos se establece la obligación de prestar servicios a otras razones sociales.

Al mismo tiempo, cuando se hacen promociones de concurso internos en la red Santo Tomás y pasan de una razón social a otros se les mantiene la antigüedad original en caso de finiquito, es decir, se reconoce que siguen trabajando para el mismo empleador, solo que con un rut diferente.

Otro dato relevante es que la vicerrectoría de recursos humanos, a cargo de Benavente, está centralizada en Santiago y desde ahí se coordinaría la selección, capacitaciones, pago de remuneraciones, jornadas y seguridad laboral, pero no solo eso, sino que también las negociaciones colectivas y despidos de todos los trabajadores de las diversas razones sociales.

Benavente y Pilar Nahuelpán, directora de personal, participan en la comisión negociadora del empleador en todas las razones sociales demandadas. Como prueban los documentos, Benavente además, suscribe los contratos colectivos en representación del empleador en el caso de los colegios, el IP, CFT y la UST, firma finiquitos y anexos de contratos.

Por ejemplo, Benavente suscribió el contrato colectivo de 1 de noviembre de 2014 entre el IP y el sindicato de trabajadores Instituto Profesional Santo Tomás y el contrato colectivo de 29 de ocutubre de 2013 entre el Colegio Santo Tomás de Curicó y el Sindicato 1 de trabajadores del colegio, entre varios otros.

De todos modos, la organización centralizada y jerárquica de la red fue categóricamente negada por cada uno de los 11 abogados de las razones sociales demandadas, quienes en la audiencia, entre sus argumentos, sostuvieron que a la red solo la une una filosofía inspirada en Santo Tomás de Aquino y cada razón social es independiente, todos ellos con argumentos muy similares y pequeñas variantes en sus respuestas.

En tanto, consultados oficialmente, desde la Universidad Santo Tomás precisaron que “se trata de un proceso judicial en curso, por lo que no nos podemos referir a los detalles del mismo. En cualquier caso, la UST cumple a cabalidad la normativa que regula las relaciones laborales con sus trabajadores”.

La letra muerta de la ley multirut

Sobre la aplicación de la ley del multirut y el debate jurídico que ha generado por las diversas interpretación de la ley, José Luis Ugarte comentó: “Esto en cualquier sistema legal se soluciona con la aplicación de principios muy básicos en el derecho del trabajo, como el principio de la primacía en la realidad, es decir, da lo mismo la forma jurídica lo que importa es la realidad. En nuestra legislación, se decidió resolver con una ley en particular que es torpe técnicamente, entonces genera debates bien innecesarios, porque en la comunidad no está estrictamente claro cuando un grupo de empresas debe ser considerado un empleador único”.

Sobre como se elaboró la ley, Ugarte explicó “fue hecha en la administración de Piñera y lo aprobó Bachelet apenas llegó al gobierno, por lo tanto, tiene todo el sesgo empresarial y luego la Nueva Mayoría le agregó pura confusión. No es una ley clara. No ha tenido mayores efectos, el multirut no se ha acabado y se sigue usando como figura fraudulenta. Sin embargo, independiente de la ley, los tribunales poco a poco han aplicado el principio de la primacía de la realidad, ha primado una tesis amplia avalada por la Corte Suprema”.

“De ser ciertos estos antecedentes y el juez los diera por acreditados, surge la evidencia jurídica total de estar frente a un caso de empleador aparente, porque el verdadero empleador está escondido detrás de ellos y es quien realmente dirige todas las empresas” agregó Ugarte sobre el caso en particular del grupo Santo Tomás.