Se ha vuelto común en las pantallas de los canales nacionales ver programas que hablan de la vida carcelaria, ya sea en formato de reality como “Nadie está libre” de Canal 13 o en formato más policíaco, como lo hace Alerta Máxima de Chilevisión.

Ambos programas tuvieron buen rating en el segundo semestre del año pasado pero a la Contraloría General de la República no le gustó para nada esta situación y declaró ilegales las grabaciones al interior de los penales chilenos.

Según señala El Mercurio, las apuestas de los canales nacionales están fuera de la ley, luego que la Contraloría estableciera su parecer sobre la situación tras un requerimiento de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog)

Un dictamen señala que Gendarmería “no se ajustó a derecho al autorizar la grabación de los referidos programas de televisión”.

Según la institución penal a Canal 13 se autorizó que ingresara a las cárceles en abril del año pasado para grabar con jóvenes mayores de 18 años a los buscaba mostrar el mundo carcelario para que se enrielaran en la vida, situación que involucró “la participación de funcionarios de la institución e internos condenados que acepten voluntariamente participar”.

Por otro lado, para Chilevisión se autorizó que el el 4 de agosto se realizara un seguimiento a los gendarmes, además de “entrevistas a internos que voluntariamente accedan a dar sus testimonios”.

El problema es que según la Contraloría “se mostraron imágenes de internos que al parecer no querían ser filmados, así como del interior de los recintos y de algunas actividades privadas realizadas por aquellos; se dieron a conocer antecedentes penitenciarios de reclusos; efectuándose una constante mofa de estos”.

Esta situación ocurrió “sin que conste la existencia del pertinente consentimiento de los afectados y sin haberse adoptado los resguardos para proteger la privacidad y la honra de la población penal”.

El ente fiscalizador del Estado, declaró que no hay justificación para “el ingreso de personas a los establecimientos carcelarios, a fin de que convivieran por un determinado tiempo con los reclusos” agregando que “la distracción de recursos humanos y materiales en las antedichas actividades, además de ser jurídicamente improcedente, podría poner en riesgo el cumplimiento de las funciones propias de la institución”.

Las autorizaciones para los programas mencionados fueron realizadas por la anterior administración, comandada por Tulio Arce, pero en la actual administración señalaron que la política es “no autorizar ningún tipo de acciones de comunicación al interior de los recintos penitenciarios que vulneren la dignidad de las personas privadas de libertad y que distraigan al personal de sus labores”.

Según El Mercurio, desde Canal 13 señalaron que tenían todas las autorizaciones y que el equipo “tiene experiencia en el tratamiento de estos temas y hemos mostrado cómo desde la cárcel pueden salir reflexiones hacia la sociedad, a partir del diálogo y encuentro de diversas realidades”.