Opinión
23 de Julio de 2017Raúl Sohr y la compleja trama de sobornos en Brasil y Perú: “Odebrecht tenía un departamento especial de coimas”
En una misma semana dos expresidentes latinoamericanos, Lula da Silva y Ollanta Humala, fueron condenados a prisión por corrupción y lavado de activos. El primero está apelando a la medida y el segundo está en la cárcel en prisión preventiva. La trama de sobornos amenaza a varios gobiernos de la región que establecieron negocios con la poderosa constructora brasileña Odebrecht. “Todo depende de la situación política y que exista alguien interesado en que se investigue”, asegura el analista.
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La trama de corrupción tejida por la empresa constructora Odebrecht ha comenzado a repercutir judicialmente en América Latina ¿Crees que esta situación pone en riesgo la democracia en la región?
Los casos de intervención de grandes empresas en la política son tan antiguos como la política misma. Lo diferente es que hoy existe un escenario nuevo en América Latina. Por un lado se aprecia un activismo fuerte por parte del poder judicial y, más importante que eso, una presencia relevante de las movilizaciones sociales que es la que exige al poder judicial abordar estas denuncias con seriedad, para que los responsables de estos actos de corrupción paguen por ellos.
Una columna del fin de semana en El País, habla precisamente de la intervención del aparato jurídico en Brasil que, a diferencia de otros países, ha operado de manera bastante drástica…
En Brasil el activismo judicial ha tenido cierto sello político contrario al gobierno del Partido de los Trabajadores al que pertenecía Dilma Rousseff que fue depuesta, desde todo punto de vista, a través de un golpe blanco. O sea, se la juzgó no por un acto de corrupción sino por un error de procedimiento en la presentación del presupuesto nacional, algo que ha pasado con todos los gobiernos y que en este caso se utilizó para interrumpir un gobierno democráticamente electo. Y bueno, hoy día vemos la condena que se le ha dado a Lula de nueve años de cárcel, más 19 años de inhabilitación, que para un político de 71 años, si la condena es aplicada, es una forma de retirarlo definitivamente de la actividad, en circunstancias que hoy es la persona que tiene más posibilidades de ganar las elecciones que están previstas para octubre de 2018.
¿Crees que el peso de la ley caiga sobre Lula?
Es un tema político, más que judicial, y va a depender de la capacidad de movilización del Partido de los Trabajadores y de lo que la opinión pública brasileña crea. La justicia nunca es totalmente independiente, es más bien frágil, porque el sueldo de los jueces los paga el gobierno, por lo tanto, tienen un poder directo sobre el poder judicial y el ministro del ramo es nombrado por el presidente de turno. Si bien se trata que la justicia sea lo más independiente posible, lo cierto es que no hay que hacerse ilusiones de que los jueces viven en otro planeta.
¿Y qué piensas de los pagos de las empresas constructoras al instituto Lula a través de conferencias? Es una forma también de entregar dinero bajo cuerda…
Existen muchos mecanismos como los que tú señalas. Está lleno de ese tipo de situaciones. MEO obtuvo el avión porque el Partido de los Trabajadores se lo facilitó. OAS no tenía ningún interés en facilitar el avión, pero el PT negoció con la empresa, no sabemos exactamente a cambio de qué, pero ahí hay un libro en que se registran las transacciones y cada cual sabe qué le debe a quién.
Y en el caso de Perú, Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, acaban de ser encarcelados. Son dos maneras distintas de ver un caso judicial muy similar de corrupción…
En contraste de lo que sucedió en Brasil, el juez Moro no le exigió prisión preventiva a Lula. En Perú, en cambio, el juez determinó 18 meses de prisión preventiva mientras el caso se investiga, lo que parece bastante abusivo. También en Colombia el presidente Santos está siendo investigado por los escándalos de Odebrecht.
Pero en Perú, se estima, que al menos cuatro expresidentes estarían involucrados en pagos irregulares: García, Fujimori, Humala y Toledo que está prófugo de la justicia. Da la impresión, entonces, que la corrupción es parte de la política corporativa de estas empresas y también de cierta elite política.
Absolutamente, tanto es así que Odebrecht tenía un departamento especial de coimas, gente especializada que sabía cómo negociar líneas de pago para no ser detectados. Son núcleos que se enriquecen ilícitamente de fondos que nos pertenecen a todos. Y no solo ganan contratos, sino que después cuando se investiga resulta que los montos están absolutamente inflados. A lo mejor Odebrecht era la mejor empresa de ingeniería, pero el problema es que terminan cobrando cantidades exorbitantes. En Argentina, por ejemplo, hay una represa que se llama Yacyretá que costó tres veces más de lo que se había presupuestado y tardó décadas en construirse. La cantidad de fondos que fueron desviados a bolsillos privados y de la política fueron enormes.
Un ejecutivo de Odebrecht, Flavio Faria, dijo que estos pagos eran comunes en todas las actividades económicas del mundo y que los sobornos eran parte de la naturaleza humana…
Los que están involucrados en esto lo dicen para justificarse. Es la naturaleza humana de los coimeros y de los que coimean. Y esto se da en algunos rubros más que en otros. Los laboratorios, entrecomillas, coimean a los médicos para que promuevan sus remedios. Las empresas constructoras son brutalmente competitivas y juegan sucio permanentemente bajando artificialmente los precios en las licitaciones y después, cuando empieza la obra, comienzan con gastos adicionales no presupuestados. También sucede mucho en el rubro de armamentos.
¿Crees que vendrá una escalada judicial que involucre a autoridades políticas en Latinoamérica?
Es muy relativo. En un comienzo se pensó que los papeles de Panamá, con todo el tema de los paraísos fiscales, iba a producir más turbulencia de la que produjo. Todo depende de la situación política y que exista alguien interesado en que se investigue. Ahí donde no hay interés, la justicia hace muy poco por motivación propia. Tienes el caso de Argentina que ha demostrado una incapacidad enorme para juzgar actos de corrupción. Pasó con Menen que se blindó con la inmunidad que le otorgaba ser senador. Ahí vemos una colusión entre la política y el poder judicial. En el caso de Odebrecht, de hecho, la justicia argentina ha sido tan lenta que el gobierno del presidente Macri le planteó a la empresa, que había ganado una licitación importante, que no estaba bien que siguiera adelante debido a las acusaciones que tenían y Obredecht procedió a vender la obra a otra empresa. Eso te habla de la ineficiencia y del retardo total de la justicia argentina.
¿Y en Chile pasará algo? El fiscal Abott mandó una delegación a Brasil y registraron las oficinas de Obredecht en el país.
Acá todavía no existen antecedentes relevantes. Recuerda que en Brasil existe un sistema de delación compensada, donde algunos ejecutivos terminaron “cantando” bastante.