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Nacional

31 de Julio de 2017

RD se pronuncia sobre situación de Venezuela: “el actual gobierno fue legítimamente elegido por sus ciudadanos”

"La democracia y su cuidado es un valor intransable e ineludible para la construcción y el desarrollo de nuestros pueblos. En este sentido, urge que la comunidad latinoamericana se ponga a disposición de Venezuela para prestar o facilitar la asistencia necesaria, en el entendido que la peor reacción que se puede esperar es aislar a Venezuela en tan difíciles momentos. Es por ello que miramos con distancia y rechazo las manifestaciones de distintos gobiernos como el chileno, que se arrogan la capacidad de categorizar como dictaduras o democracias los contextos de otros países", dice el texto.

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Horas antes de que se realizara el proceso de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela, la directiva nacional de Revolución Democrática dio a su conocer su postura sobre la situación que atraviesa el país presidido por Nicolás Maduro.

La colectividad afirma que “mira con preocupación la crisis política, social e institucional en la República Bolivariana de Venezuela. En los últimos años este país hermano ha experimentado un innegable debilitamiento en estas materias”; sin embargo, hecho el alcance, sostiene que este escenario “no hace del gobierno venezolano una dictadura, como la oposición de ese país y diferentes sectores de la comunidad latinoamericana han tratado de instalar en la opinión pública internacional”.

“Categorizaciones de este tipo son irresponsables, pues el país se rige por una constitución creada y ratificada democráticamente. Por lo demás el actual gobierno fue legítimamente elegido por sus ciudadanos y los avances generados en diversas materias de orden social y político son parte de un legado innegable del Proyecto Chavista, desde fines de la década del ‘90 a la fecha”, agrega el texto.

RD apunta que todo lo anterior; no obstante, “no implica desconocer la precarización del sistema político que ha vivido Venezuela en el último tiempo y que ha hecho del país una democracia procedimental, restringida e insuficiente. Reconocemos que esta situación genera tensiones en la izquierda progresista, sobre todo si entendemos la democracia como el principio orientador fundamental de la vida social. Esto significa que permanentemente aspiramos a un sistema político democrático de calidad y sustantivo, como el único marco político en el cual es legítimo perseguir transformaciones sociales profundas”.

También habla de “la responsabilidad que el oficialismo tiene sobre la crisis actual”, lo que deriva en que no se puede “desconocer el papel que ha tenido la oposición venezolana en la agudización y empeoramiento de la situación nacional”. “Por lo mismo, dejamos de manifiesto nuestro rechazo a las diversas prácticas desestabilizadoras y violentas que han llevado a cabo en contra del gobierno, tanto desde el interior como desde el exterior de Venezuela”, dicen al respecto.

“Ante escenarios como éstos, la izquierda latinoamericana enfrenta una disyuntiva: abstenerse frente a estos hechos o pronunciarse con fuerza ante la pérdida de gobernabilidad de un país que hace muchos años dejó de garantizar el desarrollo pleno de su institucionalidad, de su democracia y la protección transversal de sus propios ciudadanos”, subraya.

Por todo esto es que la directiva se pronuncia. “La democracia y su cuidado es un valor intransable e ineludible para la construcción y el desarrollo de nuestros pueblos. En este sentido, urge que la comunidad latinoamericana se ponga a disposición de Venezuela para prestar o facilitar la asistencia necesaria, en el entendido que la peor reacción que se puede esperar es aislar a Venezuela en tan difíciles momentos. Es por ello que miramos con distancia y rechazo las manifestaciones de distintos gobiernos como el chileno, que se arrogan la capacidad de categorizar como dictaduras o democracias los contextos de otros países”.

“Desde Chile, abogamos para que un “grupo de países e instituciones amigas”, aceptadas tanto por el oficialismo como por la oposición venezolana, contribuya a la articulación de un arreglo democrático, aún ante el llamado a plebiscito para la conformación de una Asamblea Constituyente. Esto facilitará respetar la autonomía debida de Venezuela para resolver su situación, permitiéndole ir acompañada y apoyada para que la garantía de esos derechos políticos y sociales se otorgue a todos sus ciudadanos por igual”, cierra el texto.

Acá la declaración completa

Revolución Democrática mira con preocupación la crisis política, social e institucional en la República Bolivariana de Venezuela. En los últimos años este país hermano ha experimentado un innegable debilitamiento en estas materias, lo que, sin embargo, no hace del gobierno venezolano una dictadura, como la oposición de ese país y diferentes sectores de la comunidad latinoamericana han tratado de instalar en la opinión pública internacional. Categorizaciones de este tipo son irresponsables, pues el país se rige por una constitución creada y ratificada democráticamente. Por lo demás el actual gobierno fue legítimamente elegido por sus ciudadanos y los avances generados en diversas materias de orden social y político son parte de un legado innegable del Proyecto Chavista, desde fines de la década del ‘90 a la fecha.

Sin embargo, esto no implica desconocer la precarización del sistema político que ha vivido Venezuela en el último tiempo y que ha hecho del país una democracia procedimental, restringida e insuficiente. Reconocemos que esta situación genera tensiones en la izquierda progresista, sobre todo si entendemos la democracia como el principio orientador fundamental de la vida social. Esto significa que permanentemente aspiramos a un sistema político democrático de calidad y sustantivo, como el único marco político en el cual es legítimo perseguir transformaciones sociales profundas.

Sumado a la responsabilidad que el oficialismo tiene sobre la crisis actual, no podemos desconocer el papel que ha tenido la oposición venezolana en la agudización y empeoramiento de la situación nacional. Por lo mismo, dejamos de manifiesto nuestro rechazo a las diversas prácticas desestabilizadoras y violentas que han llevado a cabo en contra del gobierno, tanto desde el interior como desde el exterior de Venezuela, puesto que no han hecho más que reducir los espacios de negociación y resolución de diferencias, con miras a una normalización institucional viable.

Ante escenarios como estos, la izquierda latinoamericana enfrenta una disyuntiva: abstenerse frente a estos hechos o pronunciarse con fuerza ante la pérdida de gobernabilidad de un país que hace muchos años dejó de garantizar el desarrollo pleno de su institucionalidad, de su democracia y la protección transversal de sus propios ciudadanos.

La Directiva de Revolución Democrática se pronuncia: La democracia y su cuidado es un valor intransable e ineludible para la construcción y el desarrollo de nuestros pueblos. En este sentido, urge que la comunidad latinoamericana se ponga a disposición de Venezuela para prestar o facilitar la asistencia necesaria, en el entendido que la peor reacción que se puede esperar es aislar a Venezuela en tan difíciles momentos. Es por ello que miramos con distancia y rechazo las manifestaciones de distintos gobiernos como el chileno, que se arrogan la capacidad de categorizar como dictaduras o democracias los contextos de otros países. No nos parece adecuado que el gobierno de un país como Chile, en que todavía rige una Constitución redactada en dictadura, donde el empresariado le dicta impunemente las leyes a los ministros y parlamentarios, donde existen derechos políticos mínimos y prácticamente no se conoce de derechos sociales, esté en condiciones de pontificar sobre la existencia o no de democracia en otros países.

Desde Chile, abogamos para que un “grupo de países e instituciones amigas”, aceptadas tanto por el oficialismo como por la oposición venezolana, contribuya a la articulación de un arreglo democrático, aún ante el llamado a plebiscito para la conformación de una Asamblea Constituyente. Esto facilitará respetar la autonomía debida de Venezuela para resolver su situación, permitiéndole ir acompañada y apoyada para que la garantía de esos derechos políticos y sociales se otorgue a todos sus ciudadanos por igual.

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