La crisis del VIH/SIDA en Chile ha visibilizado múltiples retrocesos y dificultades en el sistema público de salud, entre los que destaca la breve e ineficaz campaña comunicacional de prevención del VIH/SIDA, la ausencia de programas de educación sexual en las escuelas, la sensible atención integral a las personas que vivimos con VIH/SIDA y la entrega parcelada de medicamentos antirretrovirales en las farmacias de los hospitales de Santiago y regiones.

Enfrentados a un sinfín de problemáticas político-estructurales, diversos activistas del VIH/SIDA hemos decidido abrir los ojos, movilizarnos comunitariamente y realizar acciones de urgente protesta exigiendo que nuestras voces sean debidamente escuchadas e incorporadas en la implementación de nuevas políticas públicas de salud en VIH/SIDA. Las personas que luchamos, vivimos y convivimos con VIH/SIDA tenemos legítimo derecho a decidir sobre lo que se hará con nuestros cuerpos y nuestra salud. No somos ni seremos pacientes sino más bien personas impacientes en búsqueda de soluciones efectivas para una comunidad cada vez más numerosa y resuelta.

Hace unas semanas un grupo de personas viviendo con VIH/SIDA presentamos un Recurso de Protección en los Tribunales de Justicia en contra de la Ministra de Salud y del Jefe del Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA del Ministerio de Salud, demandando información sobre el traslado discriminatorio e inconsulto de nuestra atención de salud especializada desde hospitales complejos a consultorios de atención primaria. La acción legal fue declarada inadmisible por los magistrados de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago pero las razones y fundamentos de la denuncia continúan vigentes debido a las consecuencias de su aplicación, la alarma pública generada entre la comunidad afectada y producto de las últimas denuncias de traslados de mujeres viviendo con VIH/SIDA desde hospitales especializados de Iquique a consultorios primarios de la misma ciudad del norte de Chile.

El polémico traslado ha sido desconocido por las autoridades sanitarias en instancias públicas pero el miedo y el rechazo crece entre las comunidades de personas viviendo con VIH/SIDA. La nueva medida del Ministerio de Salud es resistida porque –indudablemente- nos expone a la pérdida de la confidencialidad y a la discriminación social – local. Del mismo modo, como lo advierte la Sociedad Chilena de Infectología: “En consideración al elevado y permanente nivel de capacitación requerido de los médicos que manejan los PPVIH, a la alta proporción de PPVIH que ingresan en etapa avanzada al momento del diagnóstico, a la complejidad y constante dinamismo de los fármacos antirretrovirales, la falta de especialistas en medicina interna en atención primaria, alta rotación del estamento médico y no médico a este nivel, y por último dependencia financiera de recursos municipales, es por lo que no consideramos aplicables los modelos de programas de PPVIH centrados en la atención primaria para nuestro país”. La declaración de los expertos en VIH/SIDA, concluye, señalando: “Existen otras alternativas para fortalecer los equipos de salud sin la necesidad de dirigir el manejo de estos pacientes al nivel primario, arriesgando la calidad de atención, pronóstico y finalmente los costos de esta patología, incluyendo en este último ítem el aspecto biopsicosocial, al exponer a los pacientes a su entorno comunitario en los centros de atención primaria, lo cual podría aumentar la estigmatización”.

El ingreso del Recurso de Protección en los Tribunales de Justicia, sumado a una inédita toma de la Oficina Panamericana de Salud OPS en Chile, así como a reiteradas solicitudes de información vía Ley de Transparencia y múltiples denuncias a través de los medios de comunicación social, entre otras herramientas legales, sociales, públicas e institucionales, resitúan la imprescindible voz de las personas que vivimos con VIH/SIDA en Chile.

En este marco de acción directa, siendo afectado inmediato de la “entrega parcelada de medicamentos antirretrovirales por falta de stock”, como se reconoce en una circular farmacéutica del Hospital San José, escribí una carta denuncia a Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República, solicitándole investigar lo relativo al incumplimiento de funciones, irregularidades en licitaciones y calidad del servicio entregado en la farmacia del Hospital San José. Una investigación que espero se extienda a otros hospitales de Santiago y regiones que sufren la misma falta de stock en medicamentos para el VIH/SIDA, hecho grave e impresentable que pone en riesgo nuestra salud y calidad de vida.

La carta a la Contraloría General

En el texto denuncia a la máxima autoridad fiscalizadora del Estado de Chile, señalo:

Señor
Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República
Presente.-

Estimado Sr. Contralor General

Permítame presentarme, mi nombre es Víctor Hugo Robles Fuentes, periodista, actualmente colaboro como activista en la respuesta al VIH/SIDA de la Agrupación de Personas Viviendo con VIH/SIDA del Hospital San José, en Santiago, lugar en el cual recibo atención médica de salud siendo una persona viviendo con VIH/SIDA, certificada por el Instituto de Salud Pública desde junio de 1994.

En relación a mi condición de salud, debo señalar que recibo tratamiento antirretroviral desde hace más de 15 años con un estado de salud estable: altos niveles de defensas y una carga viral indetectable. Un estado de salud que ha permitido desarrollar mi vida personal y profesional como normalidad. Gracias a la responsabilidad que he asumido frente a las indicaciones médicas y clínica he logrado una adecuada adherencia a los fármacos para tratar el VIH que me suministra el Estado de Chile, dado su alto costo a través de la Garantía Explicita en Salud GES.

Sin embargo, a contar del 6 de septiembre de 2017, han procedido a fraccionar mi tratamiento TARV en la farmacia del Hospital San José, específicamente la entrega de mi dosis habitual de Nevirapina 200 mg. En vez de recibir la dosis normal por 30 días, solo me entregaron un frasco por 10 días debido a supuestos “problemas con el proveedor”, según me señaló el profesional de farmacia.

Según me indicaron los profesionales, estaban a la espera de la llegada de “un barco con medicamentos”. La respuesta informal me causó mucha desazón e inquietud porque las personas entendidas en la materia sabemos que las compras de medicamentos obedecen al cumplimiento de un plan anual de adquisiciones que contempla un cronograma, planificación y presupuestos rigurosos, atendida la alta inversión pública. Hablamos de compras que necesariamente deben cumplir con el trámite de licitación pública, hecho que permite en definitiva contar con un adecuado abastecimiento y stock en las farmacias de los hospitales de la Red Pública de Salud.

Este es un hecho particularmente grave porque pone en evidencia la falta de rigurosidad en los procesos de compras y la suscripción de contratos con las corporaciones farmacéuticas que permitan asegurar un elemento de vital importancia para nuestra salud. Nuestros tratamientos requieren de una especial adherencia a estos medicamentos para no dañar nuestro sistema inmunológico y generar resistencia a los fármacos antirretrovirales, principios de salud pública que motivaron la incorporación del VIH/SIDA dentro de las Garantías Explicitas en Salud, garantías que desafortunadamente nuestro sistema de salud no es capaz de asegurar en su plenitud y oportunidad.

Por otra parte, considerando la positiva voluntad de los profesionales del ámbito de la salud de las farmacias de los hospitales que se encuentran ajenos a las dinámicas de las licitaciones públicas, llama profundamente nuestra atención que medicamentos de tal importancia se vean expuestos a la contaminación, ya que fraccionar la terapia implica necesariamente que terceras personas tomen contacto con los fármacos poniendo en duda la necesaria inocuidad de las medicinas, hecho que a mi juicio vulnera las normativas sanitarias sobre este particular.

Así entonces cabe preguntarse: ¿Qué pasa si el barco con medicamentos no llega al país? ¿Las personas que vivimos con VIH/SIDA quedaremos a la indefensión de procesos administrativos mal logrados o peor aún sin nuestros necesarios medicamentos? La interrupción del tratamiento o la entrega parcelada del mismo altera nuestro estado emocional, psicológico y de salud porque pone una carga de incertidumbre adicional sobre la continuidad como no acontecía en nuestro país, al menos desde la entrada en vigencia del decreto GES.

Como Usted bien sabe, los tratamientos antirretrovirales no pueden ser suspendidos porque afectaría la adherencia. La parcelación de los mismos, por su parte, supone no poder cumplir con nuestros compromisos laborales al tener que concurrir en variadas oportunidades a los hospitales con el riesgo que ello implica para nuestra estabilidad laboral y emocional considerando el tiempo que implica regresar al hospital.

La entrega de medicamentos es una garantía de acceso que se encuentra estipulada por la Ley AUGE y obedece a un compromiso del Estado de Chile con la Organización Mundial de la Salud en orden a implementar políticas públicas que permitan en definitiva lograr que un 90% de personas diagnosticadas, un 90% de personas en tratamiento y 90% personas indetectables. Lo que en las actuales circunstancias es un compromiso difícil de cumplir porque más allá de mi situación específica, resultaría muy grave constatar que esta delicada situación se repite en otros hospitales de la Región Metropolitana y del país profundizando así la aguda crisis del VIH/SIDA que vive actualmente nuestro país.

Por lo anterior, solicito un pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre la materia y las responsabilidades asociadas a la misma.

Saluda cordialmente a usted.,

Víctor Hugo Robles Fuentes

Santiago, 20 de septiembre de 2017