Esta semana se votarán las indicaciones realizadas al proyecto de ley de Universidades Estatales. Desde Revolución Democrática observamos con preocupación un proyecto que no se hace cargo de los cambios fundamentales que nuestra educación superior requiere y que parece más orientado a “cumplir” que a introducir reales modificaciones a un sistema universitario, sustentado en la competencia y el financiamiento individual.

Todas las Universidades en Chile deben apuntar a la excelencia, pero la educación superior pública debe ser una prioridad política y estratégica del país, para hacer efectivas las promesas de movilidad social y una vida mejor a la que tantos jóvenes y sus familias aspiran. Un lugar de encuentro de las distintas visiones sobre la sociedad, donde el país se piensa a sí mismo, reconoce su identidad y proyecta su futuro en el contexto de un mundo cada vez más globalizado.

El problema es que, hasta ahora, en Chile ocurre lo contrario: Sólo el 16% de los estudiantes accede a instituciones públicas de educación superior versus el 60% de promedio de la OCDE. De hecho, del total de estudiantes que postulan a Universidades Públicas sólo la mitad logra finalmente ingresar a ellas. En consecuencia, el grueso de la formación profesional recae en instituciones privadas que no necesariamente comparten fines públicos e incluso, muchas veces se contraponen a ellos, defendiendo intereses particulares. El rechazo de la UC a practicar procedimientos de interrupción del embarazo en tres causales -recibiendo financiamiento público como plantel universitario- es una prueba de esto.

Asimismo, la desregulación de la oferta no hace más que disminuir los sueldos y perpetuar el fenómeno de cesantes ilustrados. A lo anterior se suma la baja calidad de la formación que entregan algunas de estas instituciones, lo que dificulta aún más a los egresados encontrar un trabajo de acuerdo a sus expectativas.

Para que un cambio estructural sea posible, necesitamos entender que el Estado debe participar activamente en garantizar el derecho a una educación de calidad y eso no sólo debe hacerlo regulando, si no que mediante la provisión de Educación Superior. Necesitamos con urgencia una ley que promueva un aumento efectivo de la matrícula, y que cambie el sistema de financiamiento para situar a las instituciones estatales en un mejor pie, permitiendo un desarrollo a mediano y largo plazo, considerando la diversidad del país y sus regiones.

Tampoco está contemplado fomentar una coordinación del sistema estatal que permita construir una estrategia a nivel nacional de crecimiento de las instituciones y de su integración en procesos de desarrollo social, cultural y científico del país.

Un sistema de educación superior requiere una mirada integradora entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, así como generar condiciones para la coordinación inter-institucional de las regiones, reconociendo diferencias territoriales y culturales, y fortaleciendo las instituciones que hoy se encuentran en condiciones más desfavorables. Desde el punto de vista de la gobernanza, si bien son valiosas algunas modificaciones del Ejecutivo que otorgan mayor autonomía a las universidades, se debe asegurar la participación de los miembros de las comunidades. Esa es su mejor garantía.

Junto a eso, la carrera funcionaria y académica debe ser una sola y aplicable por igual a todas las instituciones estatales de educación superior, respetando el principio de que los trabajadores de estas instituciones son funcionarios públicos y asegurando sus derechos como tales. Esto, tanto para asegurar condiciones mínimas laborales como para que esas carreras permitan la participación significativa de todos en el espacio público y un traspaso académico-funcionario mucho más fluido entre instituciones, con el fin de generar una red pública estatal.

Por último, uno de los temas más importantes es que el conocimiento que se genere en las universidades estatales con fondos de todos los chilenos tiene que ser público y debe beneficiar a toda la sociedad. Las publicaciones deben ser de carácter abierto y de libre acceso, y los avances tecnológicos y científicos deben quedar al servicio del Estado para usarlo en beneficio del país.

Pero nada de eso ocurrirá si el financiamiento basal que propone este proyecto tiene una temporalidad limitada con montos insuficientes y focalizados, como ha sido propuesto. Eso sólo mantiene la lógica actual de financiamiento individual que no hace otra cosa que incentivar la competencia entre los planteles, en desmedro de una visión colaborativa e integrada.

Por estos motivos, claramente el proyecto actualmente en tramitación en el Cámara de Diputados resulta insuficiente para los desafíos de de la educación superior en Chile. Nuestro horizonte es la generación de un sistema público colaborativo con un rol central: alcanzar los objetivos estratégicos a nivel país. La invitación es a pensar un Chile distinto, donde la educación en todos sus niveles, tenga un papel fundamental que no puede ni debe estar en manos del mercado.

Jorge Brito
Ingenierio Civil Industrial
Ex presidente de la Federación de Estudiantes UTFSM
Candidato a Diputado Revolución Democrática Distrito 7 Quinta Costa

Giorgio Jackson
Diputado de la República Revolución Democrática