Este fin de semana, en la mina Cicapra del municipio Guasipati, estado de Bolívar, al sur de Venezuela, unas 18 personas, entre ellas una mujer, murieron luego de un choque violento con el ejército que produjo “un intercambio de disparos”.

En la zona, comandada por mafias que dirigen la extracción de oro, se incautaron cinco fusiles militares, tres revólveres, siete pistolas, una escopeta y dos granadas. La operación estuvo dirigida por el teniente coronel Romero Vergara y los cuerpos fueron trasladados al fuerte militar de Guasipati.

El gobernador del estado de Bolívar, Justo Noguera, emitió una información oficial en la que el ejército se había visto obligado a repeler el ataque de este grupo, cuyas víctimas aún no eran identificadas.

En 2016, el presidente del país, Nicolás Maduro, denominó como Arco Minero del Orinoco una amplia zona abundante en yacimientos de oro, diamantes y coltán, pues el gobierno, en colaboración con distintas multinacionales, busca desarrollar la explotación minera y paliar un tanto la grave crisis económica que atraviesa el país desde la caída del precio del petróleo.

La minería ilegal, sin embargo, está la orden del día, así como la violencia extrema desatada entre las distintas bandas que controlan del territorio.

El diputado opositor Américo De Grazia lanzó uno de los primeros cuestionamientos a la versión gubernamental de los hechos: “¿Murieron 18 ciudadanos y no resultó herido un solo soldado?”, mientras que la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Proveoa) tuiteaba: “Presunto enfrentamiento entre integrantes del ejército y mineros con saldo de 18 mineros asesinados es preocupante. ¿Nueva masacre?”.

Ya en septiembre pasado unas 11 personas murieron durante un choque similar con el ejército en la localidad de Tumeremo, también estado de Bolívar. Y apenas un poco antes, en agosto, otras ocho habían sido ultimadas en El Callao, ubicado en la misma región.