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Primero se habló de 497. Después la cifra subió a 505. Y el último dígito oficial fue 564. Pero se cree que las víctimas de la peor matanza de la democracia de Brasil que se produjo entre el 12 y el 26 de mayo de 2006 pueden ser mucho peores. Las autoridades no publicaron un número definitivo ni continuaron con las investigaciones. No hubo un reconocimiento del estado. Apenas quedó un rastro de madres sin hijos y de silencio.

“Son números muy conservadores. Estaríamos más cerca de la realidad si pensamos en 700 muertos”, dice Javier Amadeo, coordinador del Proyecto Violencia de Estado en Brasil del Centro de Arqueología y Antropología Forense (CAAF) de la Universidad Federal de Sao Paulo, que publicó un informe que confirma que las Fuerzas del Estado cometieron ejecuciones y exige la reapertura de las investigaciones.

La historia oficial dice que todo comenzó el 11 de mayo cuando la Secretaría de Administración de la Penitenciaría decidió trasladar a 765 presos vinculados al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) a una cárcel de máxima seguridad. Al día siguiente trasladaron a Marcos Willians Herba -conocido como Marcola-, su líder máximo. A partir de ese momento 74 penitenciarías de Sao Paulo entraron en rebelión.

Pobres de las periferias, menores de 29 años, una mayoría de pardos o negros, fueron el objetivo. El mismo perfil que llena las cárceles brasileñas. Por el camino también acabaron con embarazadas, bebés y adolescentes. Todo valía para calmar la furia policial.

La historia oficial contada por el Ministerio Público de Sao Paulo y el Secretaría de Seguridad dice que se trató de “una guerra entre delincuentes y policías”, “un enfrentamiento de igual a igual en el que siempre caen inocentes que no estaban en el lugar adecuado”, declaraban estas autoridades en 2006.

El mismo 12 de mayo las autoridades policiales habían decretado un toque de queda en el estado de Sao Paulo. La ciudad que nunca duerme estaba desierta. Envuelta en un profundo sueño, o en una pesadilla: “El paulista tenía claro que se trataba de un clima de terror, pero no entendía por qué”, recuerda Rose Nogueira, directora en la época del CONDEPE (Consejo Estatal de Derechos de la Persona Humana de Sao Paulo).

La historia no oficial: disparos a matar

Al silencio del estado se enfrentó el murmullo de los investigadores independientes, de las universidades y de las ONG’s que con la ayuda de esas madres huérfanas de hijos -no hay nombre para una muerte que rompe con las cronologías naturales- elaboraron otras narrativas sobre la masacre.

El primer relato surgió tres años después. El sociólogo Ignacio Cano de la Universidad estatal de Río de Janeiro coordinó el estudio “Análisis de los impactos de los ataques del PCC”, el primero en el que la vendetta se pone sobre la mesa. La investigación señala que murieron 59 agentes del estado, la mayoría asesinados entre el 11 y 13 de mayo. De los 505 civiles ejecutados -cifra que se barajaba en aquel momento- el 80% murió entre el 14 y el 17. Por cada agente muerto, 10 civiles asesinados. El 17 de mayo esa cifra se duplicó. “No hay duda de que fue una represalia de las fuerzas del estado”, dijo Cano en el diario Estado de Sao Paulo.

Cinco años después de la tragedia fue la ONG Justicia Global junto con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard quienes presentaron otro origen de los hechos en el estudio “Sao Paulo atacado”: Los ataques del PCC no se produjeron por el traslado de presos sino como respuesta al secuestro del ahijado del líder del PCC organizado por policías de la comisaría de Suzano -pequeño municipio de Sao Paulo- que pidieron 100,000 dólares para soltarlo. Los asesinatos del PCC responderían a chantajes de la Policía Militar de Sao Paulo.

En esta misma investigación se incluye por primera vez el testimonio del ex secretario de Administraciones Penitenciarias, Nagashi Furukawa, quien reconoce que el 12 de mayo el secretario de Seguridad, Saulo de Castro Abreu, dio una orden a sus policías: “Pueden ir con todo”. La frase la repitió después de la tregua que firmaron con el PCC el 14 de mayo: “No hay un documento en el que aparezca ese pacto pero diversos agentes y funcionarios de la secretaría de Seguridad nos lo confirmaron y esa frase es de sobra conocida”, explica Sandra Carvalho coordinadora de Justicia Global, que añade: “Las cifras también lo ilustran. A partir de esa fecha, el PCC deja de matar y no hubo más muertes de agentes del estado, tan sólo civiles”.

El Centro de Arqueología y Antropología Forense (CAAF) de la Universidad Federal de Sao Paulo presentó recientemente su estudio “Violencia en Brasil: Un análisis de los crímenes de mayo de 2006” en el que desmenuza esa orden del “Pueden ir con todo”.

Con Policías uniformados. Con grupos paramilitares encapuchados. Con pistolas. Con metralletas. De día o de noche -preferiblemente de madrugada-. En la calle. En los bares. En las puertas de los comercios. Cualquier escenario era válido para desenfundar el arma. Con jóvenes, niños, mujeres. Con todo.

“Los laudos de los cuerpos hablan por sí solos. No fueron enfrentamientos sino ejecuciones”,repite Javier Amadeo del CAAF, para romper con el relato oficial. El estudio demuestra que los tiros se disparaban de arriba a abajo -con intención de matar-, a corta distancia -en los enfrentamientos normalmente se producen a larga-, en dirección al tórax, a la cabeza y a las manos -muchas víctimas se tapaban el rostro con los brazos y las balas llegaban a sus muñecas o manos-, otros fueron ejecutados por la espalda o directamente en la nuca.

La responsabilidad de las Fuerzas del Estado y de grupos paramilitares asociados a la policía o formados por los propios agentes aparece en el relato de los familiares de las víctimas: “Además de la orden de la Secretaría de Seguridad del Estado de “ir con todo”, están los relatos de los vecinos que veían a los propios agentes disparar, que cuentan como los encapuchados salían del coche, asesinaban y en poco minutos llegaba un coche de policía a socorrer al que nadie había llamado. Estaba todo orquestado”, insiste Amadeo.

Las ‘Madres de Mayo’ y sus hijos invisibles

Débora María da Silva se enteró por la radio la mañana del 16 de mayo. Dejó lo que estaba haciendo y se sentó a escuchar la tragedia anunciada: “Dijeron el nombre de mi hijo, estaba en la lista de los muertos del día anterior. Me lo mataron”, repite. Edson Rogério tenía 29 años, trabajaba como basurero en Santos (municipio de la costa paulista) y horas antes había barrido la calle en la que después le meterían tres tiros en el tórax y uno en el abdomen. El día anterior la policía había decretado un toque de queda pero Edson salió a las diez de la noche a la farmacia para comprar un antiinflamatorio porque el pie de su madre estaba muy hinchado. Nunca más volvió.

Ana Paula Gonzaga (20 años) estaba embarazada de nueve meses. Al día siguiente nacería su hija Bianca. La cesárea estaba marcada para el 16 de mayo. Pero la noche anterior se le antojó un zumo de naranja y, a pesar del toque de queda, bajó con su marido Eddie Joey de Oliveira a buscar unas frutas en la tienda de al lado de casa, también en Santos. Un coche paró y unos encapuchados les apuntaron con un arma. Ana Paula indignada se acercó a uno de ellos y le arrancó la capucha, su marido reconoció de inmediato al policía y empezó a gritar su nombre y a decirle: “Por favor no le hagas nada a ella, mátame a mí si quieres pero ella está embarazada”. La respuesta del desenmascarado fue pegarle un tiro a Ana Paula y decir: “Estaba embarazada”. Joey se echó sobre el cuerpo sin vida de su mujer y le acribillaron a tiros por la espalda. El mismo encapuchado entró en el coche, agarró otro arma y disparó sobre la barriga de la chica: “Hijo de criminal, también es bandido”.

La pesadilla de las madres no acabó con la muerte de sus hijos. Ni siquiera pudieron enterrarlos con tranquilidad. Coches de policía rondaban los velorios, en alguno de ellos llegaron a entrar y a pedir documentación a los familiares. Cuando acabó el de Ana Paula, Bianca y Joey, cuatro de los asistentes fueron asesinados. “Llevamos más de diez años de amenazas, ellos saben que nosotros sabemos, pero no vamos a parar hasta que les juzguen o que al menos el estado reconozca que mataron a nuestros hijos”, dice Débora María da Silva, la presidente de las Madres de Mayo, el grupo de mujeres que se organizó un año después de la masacre para pedir justicia para sus hijos.

La vicepresidenta de este grupo, Vera Lúcia Gonzaga, era la madre de Ana Paula. Tras el asesinato de su hija, nieta y yerno, pasó tres años en la cárcel acusada de tráfico de drogas: “La policía la incriminó con drogas porque pasaba los días acusando al encapuchado que había matado a su hija, pero ni siquiera así consiguieron callarla”, dice Débora Maria. Este año Vera no pudo salir junto con las otras madres a gritar por justicia. Vera no aguantó el dolor acumulado. Murió hace un mes. La encontraron en su casa en extrañas circunstancias.

Texto de Agnese Marra para Univision Noticias