Un centenar de organizaciones sociales de diferente índole convocaron hoy a la ciudadanía a unirse a una protesta el próximo domingo en Santiago contra el racismo en Chile y la violencia hacia personas inmigrantes.

La marcha coincide particularmente con el primer año de la muerte de la inmigrante haitiana Joane Florvil, detenida por Carabineros y alejada de su bebé, explicaron los organizadores a través de un comunicado.

Bajo el lema “Dignidad, justicia y humanidad para todas y todos. Basta de silencio, indiferencia e indolencia”, las organizaciones que se sumaron a esta manifestación animaron al resto de chilenos a sumarse para generar conciencia sobre el racismo.

“La deshumanización que observamos tras estos hechos se ancla en la indiferencia de la sociedad y en el racismo de un Estado que nada hace por reconocer la dignidad y la humanidad de las personas migrantes que han llegado a trabajar a Chile”, consigna la declaración y convocatoria oficial de la marcha.

Desde la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, Eduardo Cardoza, indicó que el llamado es además para que cesen las “violencias institucionales que se expresaron en el caso de Joane, que prolifere la empatía, la comprensión y la solidaridad”.

La movilización tiene un consigna principal en busca de la justicia sobre el caso de la muerte de Florvil, pero los organizadores también destacaron que piden al Gobierno “el cese a las expulsiones masivas publicitadas que vulneren derechos y garantías básicas reconocidas a nivel internacional a las personas migrantes”.

También adecuar los procedimientos de regularización para que respondan a las necesidades y realidades de los países de origen de las personas participando del proceso, permitiendo una efectiva integración al país.

Asimismo, indicaron que buscan que durante el proceso de regularización se facilite “la documentación mínima que permita el legítimo ejercicio del derecho al trabajo” y la aprobación de una “nueva Política Migratoria con enfoque de derechos que permita la mejor integración de la población migrante”.

A la sociedad chilena le pidieron “iniciar un trabajo por la construcción de mayores niveles de empatía y solidaridad entre todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad, género, condición social”.

El pasado mes de agosto el Ejecutivo chileno hizo efectiva la expulsión de 69 bolivianos y 8 peruanos que cumplían condenas en prisiones chilenas y elevó a 1.187 la cifra de extranjeros echados del país en lo que va de año al estar de manera irregular o haber cometido algún delito, una cifra que casi dobla la registrada en 2017 en el mismo periodo.