Durante el año 2017 se registraron 175 muertes violentas intencionales cada día en Brasil. Más de 63 mil personas perdieron la vida en este tipo de hechos a los que se suman los 5144 que murieron en enfrentamientos con la policía. Ambos indicadores muestran incrementos en el último año y una tendencia de largo plazo de empeoramiento. La crisis de seguridad en Brasil es profunda. A la información de homicidios se suman más de 82 mil personas registradas como desaparecidas el mismo año, lo que muestra otro elemento clave de la problemática nacional.

Más allá de la corrupción, uno de los principales temas del debate electoral de la última semana en Brasil fue el crimen y la mejor forma de solucionarlo. La izquierda brasileña no ha logrado enfrentar la problemática, no tiene un discurso que le haga sentido a la población, es vista no solo como promoviendo la impunidad sino también como preocupada por los delincuentes. Las más de 725 mil personas presas no acallan el mensaje de la puerta giratoria y la falta de castigo en el país.

En este terreno florecen los Bolsonaro, aquellos que hacen de la mano dura, las políticas pro-uso de armas y militarización de la respuesta pública. De hecho, en una de sus últimas entrevistas el candidato de ultraderecha dijo que a la policía que mate a los criminales hay que darles una medalla. Declaración preocupante dado que los ajusticiamientos de civiles por parte de la polícia son cotidianos y suma miles de víctimas en el país.

En seguridad no hay debate. La izquierda se complica frente a un tema donde puede aparecer apoyando a las instituciones de control, termina entregando mensajes mixtos. Finalmente las políticas de seguridad de los gobiernos de centro izquierda de América Latina no se diferencian sustancialmente de aquellos dirigidos por la derecha. Sin embargo estos últimos son mucho más prolíficos en la consolidación de agendas de castigo y de respuesta a la ansiedad ciudadana. Ejemplo en Chile de esta situación es la propuesta llamada “Aula Segura” que busca castigar a aquellos que realicen actos violentos en los colegios. Apoyados por la opinión pública, mientras que la oposición política tímidamente marca su distancia.

Aumentar el porte de armas en la ciudadanía es otra iniciativa de Bolsonaro que también se ha debatido en Chile. No importa que la evidencia internacional reconozca que no mejora los niveles de seguridad; pero hace sentido a una ciudadanía temerosa y huérfana de protección institucional. La situación de Brasil es muy distinta a la chilena, sin embargo las respuestas de política son parecidas y lo que es aún más complejo el apoyo popular es también relevante.

La politización de la seguridad no es un buen camino, pero al parecer no hay otro. La realidad global evidencia que los miedos de la población pueden ser potenciados por una política del sentido común que pone en la primera línea la sensación de protección. No se preocupa por el autogobierno policial, la corrupción e incluso del abuso del uso de la fuerza sino que pone énfasis en el encarcelamiento y castigo de aquellos que podrían haber cometido un delito.

Bolsonaro es una demostración que no se puede esperar a que la gente entienda que la seguridad requiere de gobierno serio, políticas basadas en evidencia, mano dura pero también prevención del desarrollo de carreras criminales. Esperemos que ese mensaje lo tomen aquellos interesados en la construcción de alternativas políticas. Mirar para el costado no es posible, enfatizar la necesidad de seguridad en democracia y respeto de los derechos humanos debe ser una tarea urgente de la centro izquierda. Los errores del pasado no pueden seguir, en Chile estamos aún a tiempo de construir una alternativa a los bolsonaros del futuro. Algunos no están tan lejos.