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Opinión

9 de Noviembre de 2018

COLUMNA| Vivir entre balaceras

Pero el mercado de las armas existe y al parecer florece. Esto requiere limitar la venta de municiones a un mínimo y una estrategia de investigación que permita conocer y desarticular las bandas que venden armas de forma ilegal. Además de fiscalizar de forma permanente los listados de ciudadanos que tienen registradas múltiples armas o que compran municiones a destajo.

Lucía Dammert
Lucía Dammert
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En el marco del llamado Compromiso País, el gobierno armó una mesa para enfrentar el hecho que más de 2.3 millones de chilenos son testigos cotidianos de balaceras y venta de drogas. Ambos elementos que consolidan una cotidianeidad marcada por el temor y la angustia por la seguridad propia o de los parientes.  Múltiples son las encuestas que han evidenciado la territorialidad de estos problemas, en un país segregado y fragmentado no es un elemento extraño. Por el contrario, un elemento más de la profunda desigualdad a la que nos hemos acostumbrado.

Más de 1.5 millones de millones en la Región Metropolitana se ubican en este grupo que vive en las cercanías de fenómenos criminales que sin duda limitan sus horarios (evitan salir de noche) y geografía (viven cada día más encerrados). Todo lo anterior revierte además en menores niveles de confianza en las instituciones, ¿quién va a confiar en la policía o la justicia si vive en medio de la impunidad? Pero también en el reclamo cotidiano por mano más dura, castigos más fuertes; en fin, algo que les permita reclamar su capacidad de caminar por las calles con naturalidad.

El objetivo del gobierno es importante por que justamente lo que reclaman los ciudadanos ha demostrado no ser la solución pero no hay tiempo para avanzar con políticas de largo plazo. Se torna urgente definir políticas prioritarias para los llamados barrios críticos, vulnerables o violentos dependiendo del interlocutor. La realidad es que en menos de dos décadas pasamos de tener una docena de territorios con estas condiciones a casi una centena identificados por diversos estudios.

¿Qué hacer? Las balaceras se desarrollan por tres motivos principales, en primer lugar baja presencia policial. En los barrios donde más se necesita orden no se puede esperar presencia en situación de operativos. Se requiere de patrullaje cotidiano, de programas de integración con la comunidad, cuya mayoría no participa de las balaceras sino es un espectador encerrado.  Cambiar la estrategia es urgente, pensar que se solucionarán las cosas llegando en blindados o redadas masivas es francamente no entender nada.

Pero el mercado de las armas existe y al parecer florece. Esto requiere limitar la venta de municiones a un mínimo y una estrategia de investigación que permita conocer y desarticular las bandas que venden armas de forma ilegal. Además de fiscalizar de forma permanente los listados de ciudadanos que tienen registradas múltiples armas o que compran municiones a destajo.

Un problema clave en estos territorios es el consumo problemático de drogas por parte de una población que no tiene los recursos para asistir a un programa de rehabilitación. Los padres y parientes claman por apoyo, la institucionalidad para brindarlo no existe con claridad. Hoy un adicto tiene como futuro casi único el involucramiento en grupos criminales donde muchas veces tienen acceso a armas para realizar delitos. El problema es de salud pública y así mismo debe ser abordado.

Todas necesidades urgentes que con voluntad política se pueden enfrentar. Enfrentar ciertamente la violencia en nuestras segregadas ciudades no se puede pensar sin un cambio serio en el territorio y su conformación. Mayores accesos, presencia del Estado, mejora del espacio público, localización de infraestructura son solo algunos de los elementos que pueden tornar nuestras ciudades en verdaderos espacios de intercambio.  

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