En agosto, el ministro del Interior y Seguridad Pública anunció que se pondrá a disposición aviones para que los inmigrantes haitianos que lo deseen puedan regresar a su país, para lo cual no deben tener causa abierta ni orden de expulsión pendiente, eso sí tendrán la prohibición de ingresar a Chile en 9 años. El gobierno costea el viaje en el entendido de que son personas que tienen intención de volver a Haití, pero no lo hacen. pues no contarían con los recursos necesarios para pagar el vuelo, por lo que les facilita el transporte. Este miércoles 9 de noviembre despegó el primer vuelo con 160 haitianos rumbo a Puerto Príncipe.

Cualquier haitiano que resida en Chile independiente de su condición migratoria puede postular, para lo cual debe firmar una declaración jurada notarial que certifique la voluntariedad de su decisión, asimismo que no tiene familia nuclear en Chile y en caso que la tenga, que toda la familia viaja. El Ejecutivo informó que hay 1.086 personas inscritas en el programa. Un porcentaje ínfimo si se considera que, según el último censo, en Chile residen habitualmente 62.683 haitianos, es decir, sólo repercutirá en un 1,7% de esta comunidad. A pesar de su escasa incidencia (redundará en apenas el 0,1% de los inmigrantes internacionales en Chile) el gobierno ha efectuado un gran despliegue comunicacional, como si fuera una política pública que tuviera una alta incidencia, siendo que, como afirmó el académico Eduardo Thayer, tendrá un impacto marginal en la población extranjera. Es interesante preguntarse ¿por qué el gobierno promueve una política pública que sólo alcanzará a un porcentaje ínfimo de la inmigración?

Esta iniciativa respondería a las demandas de ciudadanos de Haití, que, en términos del Subsecretario del Interior, “no se habrían adaptado a Chile, no se habrían cumplido sus expectativas, por lo que han solicitado formalmente regresar”. Es cierto que un grupo de haitianos presentó este requerimiento a la comisión de gobierno del exterior, liderado por William Pierre, sin embargo, Pierre luego fue desacreditado por otras asociaciones de haitianos, las que emitieron una declaración criticando este plan, en tanto consideran que fomenta la deportación forzada de sus compatriotas, advirtiendo que, si la verdadera intención fuera humanitaria, el gobierno les facilitaría la obtención de documentos, les posibilitaría contar con una residencia y mejoraría el proceso de regularización que estima en un año aproximadamente la entrega de visa para trabajar. De la misma opinión es Rodolfo Noriega de la Coordinadora nacional de migrantes, quien denuncia que no hay un plan de retorno, sino que se trata de una forma encubierta de expulsión de haitianos.

Frente a las críticas de que este mecanismo sería una deportación maquillada, el jefe del Departamento de Extranjería enfatizó que es un programa completamente voluntario, y en igual sentido, el Subsecretario del Interior sostuvo que quienes retornan a Haití han dado muestras de su intención de regresar, es más, estarían agradecidos de volver a su tierra. No obstante, cabe preguntarse si hubieran tomado la misma decisión si Chile le hubiera brindado alguna posibilidad de desarrollarse, no será que el regresar a su país se visualiza como la única solución posible en tanto su estadía se ha caracterizado por la exclusión y la explotación. Es primordial cuestionar ¿cuán voluntaria es una decisión adoptada en un proceso que presenta las características de la inmigración haitiana?

Cuando se atiende a las declaraciones que han dado a los medios de comunicación quienes se han acogido a este programa, aparecen historias de dormir en la calle o amontonados en un pequeño cuarto, de pasar varios días sin comer, en fin, relatos de precariedad, de malos tratos y discriminación. En igual sentido se pronuncia Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central (una de las comunas que concentra casi un 10% de esta comunidad caribeña) quien cuenta que mayoritariamente son hombres jóvenes que dejaron a sus familias en Haití y viajaron a Chile con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida. Agrega que, “la gran mayoría de ellos se va porque no obtuvo ese trabajo que tenían la ilusión de conseguir. Se toparon con un mercado laboral más saturado y con condiciones mucho más inhóspitas”.

A lo anterior hay que sumarle la imposibilidad de convalidar los títulos profesionales por la inexistencia de convenios, la barrera lingüística y las precarias condiciones habitacionales que han tenido que soportar. Como aseveró el referido edil, “las circunstancias donde están viviendo son bastante complejas. Son casas que se han modificado, donde residen 30 o 40 familias”. Además, hay que considerar que a pesar de no ser una de los colectivos más numerosos, los haitianos son quienes presentan mayores denuncias en la Inspección del Trabajo. Tal vez, las paupérrimas condiciones que han debido aguantar y las situaciones de abuso sufridas, expliquen esta supuesta voluntariedad que manifiestan algunos en volver lo antes posible a su hogar.

No sólo los inmigrantes haitianos experimentan este desolador escenario, muchos otros extranjeros que vienen con ilusión a residir a Chile se enfrentan a una dura realidad, por lo que cabe examinar ¿por qué se implementa sólo para Haití?  No es posible excusarse en que se trata de una demanda ciudadana, pues si es por eso, también foráneos de otras nacionalidades le han manifestado a la autoridad su deseo de regresar a su país y la imposibilidad de hacerlo por motivos económicos. Como denuncia Jean Pierre, vocero de la plataforma de asociaciones haitianas, este programa se está focalizando en la población negra y eso es inaceptable, porque no solamente los haitianos tienen necesidad o problemas para insertarse en la sociedad chilena.

Tampoco cabe justificarse en las cifras, ya que, si se atiende al Censo del 2017, se aprecia que los haitianos constituyen la sexta comunidad de extranjeros en Chile. Entonces ¿por qué constantemente surge Haití? A pesar de que apenas representan el 8% de los inmigrantes, los haitianos son sobreexpuestos en los medios de comunicación y el gobierno dicta políticas públicas exclusivas para ellos, como la exigencia de visa consular de turismo, la restricción en la visa de reagrupación familiar y ahora este supuesto retorno humanitario. Por este persistente sesgo, la academia ha advertido que en Chile se está produciendo la haitianización de la migración.

Entonces ¿cuál es la verdadera intención que hay detrás de esa política?  Según el investigador Nicolás Gissi el enfoque de este plan es etnicista, pues se implementó “respecto a ciertos sujetos (y no otros) por pertenecer a un colectivo específico, al que se considera como “no integrable”. Se los aleja así por sus características “raciales” (color de piel y otros atributos físicos) y culturales (hablan otra lengua, “no les entendemos”), que serían incompatibles con la chilenidad. Este exceso de diferencia no los haría merecedores de reconocimiento como personas de derecho.”

En efecto, los haitianos no sólo son negros, sino también provienen de un país subdesarrollo, mayoritariamente pertenecen a un estrato socioeconómico bajo y además no hablan castellano. Diferencias que se consideran incompatibles con la identidad chilena. En estos sujetos, el color de piel, la clase económica, la etnia y el idioma se conjugan para excluirlos de plano, para ni siquiera asumir la tarea de integración que le correspondería realizar al gobierno. En una comunidad nacional erróneamente auto percibida como blanca, que se ha construido en torno a la ficción de la homogeneidad, los haitianos constituyen “entes molestos que hay que apartar”.

De esta manera, en vez de reconocer nuestra identidad mestiza se implementan políticas selectivas que tienen como finalidad expulsar a ciertos individuos de la comunidad, en vez de invertir en integración, el gobierno opta por el mecanismo más rentable electoralmente: devolver a aquellos que no cuentan. Realmente ¿qué de humanitario puede tener un programa que tiene como objetivo regresar a haitianos a su país?

Lo humanitario no está dado por despojarse del otro, por expulsar lo que resulta molesto, lo humanitario se da por acoger, por brindar cobijo, justamente todo lo contrario que hace este programa. Por eso, este plan ha sido criticado, en tanto no presenta el carácter humanitario con que el gobierno lo ha promocionado, pues más allá de preocuparse de las personas que se desplazan, es una política que se implementa para apaciguar los temores de la sociedad chilena. Si realmente existiera una preocupación humanitaria no se entiende la prohibición de regresar por 9 años. El Ejecutivo defiende esta imposición, aduciendo que el Estado ha invertido una suma importante, y el plazo se establece para evitar que se abuse del mismo. Sin embargo ¿no sería más adecuado que el gobierno invirtiese en la construcción de relaciones interculturales que promuevan una sana convivencia?, ¿no sería más sensato que el Estado apueste por programas enfocados en la integración? Si el idioma es un factor fundamental de exclusión ¿por qué no incentiva programas lingüísticos que faciliten la inserción? La única alternativa no puede ser retornar a los haitianos.

El gobierno de Chile debiera impulsar políticas públicas que promuevan la inclusión. Urge apostar por la construcción de un país más abierto a la diversidad. La tarea de integración es una labor que nos compete a todos, es una responsabilidad de la que el gobierno no debería desligarse, menos aduciendo supuestos programas humanitarios.