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Mundo

13 de Noviembre de 2018

Fiscal formaliza denuncia penal contra Fujimori por esterilizaciones forzadas

La denuncia fue realizada por la fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía, Marcelita Gutiérrez, ante el Primer Juzgado Penal Nacional y comprende a los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

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Una fiscal peruana formalizó una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y tres de sus exministros por considerarlos “autores mediatos” (con dominio del hecho) de las esterilizaciones forzadas que se produjeron durante su régimen (1990-2000), informó hoy la organización civil DEMUS.

Según la información, la denuncia fue realizada por la fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía, Marcelita Gutiérrez, ante el Primer Juzgado Penal Nacional y comprende a los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

También al exasesor del sector Ulises Jorge Aguilar y al ex director general de la Región Salud IV de la región norteña de Cajamarca, Segundo Aliaga Pinedo; así como a otras dos personas identificadas como Octavio Marroquín y Magda González.

En abril pasado, el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar a Fujimori ante el Poder Judicial por este caso y dispuso que los exministros Aguinaga, Costa y Yong sean procesados como coautores de lesiones graves en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y otras 2.164 mujeres que aparecen como víctimas.

La Defensoría del Pueblo constató que entre 1996 y 2001 se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, pero se desconoce oficialmente cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.

De esa cantidad, 2.166 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió por esas prácticas.

Hace 15 años, un grupo de presuntas víctimas presentó la primera denuncia ante la Fiscalía por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud que se perpetró, en su mayoría, en perjuicio de mujeres pobres de zonas rurales y quechuahablantes, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1990-2000).

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