El 11 de abril de 2002 un golpe de Estado derribó a Hugo Chávez entonces presidente constitucional de Venezuela. En su lugar asumió Pedro Carmona Estanga quien instituyó —como lo hizo Juan Guaidó, aunque sin control del poder— un Gobierno de Transición Democrática y de Unidad Nacional que derogó la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional y suspendió a los magistrados del Poder Judicial, al Procurador General y al Defensor del Pueblo, concentrando así todos los poderes en sus manos.

Prestaron legitimidad a esta fallida operación de guante blanco los principales poderes fácticos del país. El cardenal Ignacio Velasco, Carlos Fernández, Miguel Angel Capriles, el secretario del COPEI, José Curiel, Manuel Rosales, Julio Braszon, Luis Henrique Ball y Guaicaipuro Lameda. Con posterioridad, a través de los procesos judiciales seguidos, se les unió la Corte Suprema.

Como ahora con Guaidó, el primero en reconocer al gobierno de excepción fue el presidente de Estados Unidos George W. Bush, seguido por el presidente del gobierno español José María Aznar, y por la Unión Europea. En América Latina respaldaron a Carmona Estanga los gobiernos de derechas de Colombia y El Salvador, y el centroizquierdista gobierno de la Concertación de Ricardo Lagos Escobar.

El presidente Ricardo Lagos, quien se encontraba fuera del país asistiendo a la XVI Cumbre del Grupo de Río celebrándose en Costa Rica los días 11 y 12 de abril, declaró  que «el golpe está condenado porque ha habido una interrupción del orden constitucional. Esto es un hecho. Sin embargo, por otro lado, nos parece muy importante seguir colaborando con las nuevas autoridades para avanzar.»

Pero Soledad Alvear, a la sazón ministra de Relaciones Exteriores, responsabilizó al depuesto Hugo Chávez, y no a Carmona Estanga, de haber violado la institucionalidad democrática de Venezuela: «el gobierno de Chile ―dijo— lamenta el comportamiento del gobierno venezolano que llevó a la alteración de las instituciones democráticas con un alto costo de vidas humanas y un alto número de heridos, violando la Carta Democrática Interamericana con esta crisis de gobernabilidad».

Quien se convirtió en el chivo expiatorio de la errática posición internacional asumida por Chile, solo comparable a la que hoy protagoniza el canciller Roberto Ampuero, fue  el embajador de Chile en Venezuela, el radical Marcos Álvarez. El diplomático fue removido meses después, sin recibir él ni su partido ninguna explicación. La jefa de la cartera se limitó a comunicarle que «a los embajadores los nombra el presidente», o sea, que aquella era una decisión de Lagos.

Álvarez había seguido al pie de la letra las instrucciones de sus superiores, pero dejando al descubierto demasiados detalles de lo sucedido el 11 de abril, por lo que cambiarlo fue la forma de deslindar las responsabilidades políticas del bochorno.