La fotografía de Muammar Al Gaddafi, con su rostro ensangrentado y agonizante tras el linchamiento del 20 de octubre del 2011, es el último ícono que ha usado Marco Rubio —senador republicano de Florida— contra el Presidente Nicolás Maduro. A pocas horas que termine este 24 de febrero, la jornada tras la primera derrota de Guaidó, y después de incesantes tuits reprendiendo y amenazando a otras figuras del chavismo, corona su campaña de propaganda diaria con dípticos de imágenes del éxito y del destino aciago de tres dictadores combatidos por EE.UU. Aquellos mensajes para sus seguidores suman millones de corazones y retuiteos: el panameño Manuel Noriega prontuariado por crimen contra la humanidad y el rumano Nicolae Ceaușescu detenido con su mujer antes de su ejecución, se suman a la fatalidad del libio. Mas, el que mayor impacto provoca, es éste, por considerarse no solo una amenaza cierta de que su derrocamiento terminaría con una ejecución —fuera de todo orden—; sino la reafirmación de que el gobierno y el parlamentario se autoeximen de la responsabilidad penal internacional que entraña su intervencionismo en Venezuela.

Durante todo el mes precedente, que va desde el reconocimiento de la Presidencia Interina hasta el Concierto de Mr. Branson en Cúcuta, la figura del Coronel de Trípoli había sido utilizada para compararla con la de Maduro y los efectos de un gobierno al que califican de facto y usurpador de la soberanía. Un narco Estado que pone en grave riesgo la seguridad continental. Un régimen socialista que tiene una ciudadanía masacrada, sumiéndola en el hambre y la pobreza. Discurso que una y otra vez, repiten Trump, Pence, Pompeo, Rubio, Bolton y Brams. Antes, cualquier administración de la Casa Blanca y los operadores del Partido Republicano, habían guardado cierto recato o apariencia de ello, consultando al Consejo de Seguridad o proponiendo intervenciones a grupos negociadores de pactos de paz en curso. Incluso en la invasión a Afganistán e Irak, aunque haya sido una mera formalidad. Lo ha sido en el pasado lustro con Siria, Crimea y Gaza. Hoy, en cambio, exhiben paso a paso el diseño estratégico de apoyo a la oposición venezolana y la injerencia que logran sobre CITGO y PDVSA, el que también procuran sobre las Fuerzas Armadas. Todo eso, mientras esperan las elecciones que aún no se convocan.

Así, cual política de espectáculo de masas influenciables por el lobby digital, y de hechos consumados por la fuerza, Washington conduce sus relaciones internacionales de espalda al derecho internacional. Para ello, trastoca el significado de doctrinas, como la de la responsabilidad internacional de proteger que sin la ONU no tiene legitimidad; o, la pretendida ayuda humanitaria que no es más que un donativo a Colombia o a Brasil, porque vulnera toda la normativa que la regula. Y, entonces, hay un triunfalismo que conduce su política exterior y el concepto de justicia penal —cuya jurisdicción e imperio se arroga— que se expresa en trofeos de una estética política del horror: las fotos de los muertos. Che Guevara y Saddam Husseim, son otros ejemplos.

Cabe preguntarse, entonces, si tras el asedio al gobierno chavista en la prensa y en el discurso de la oposición y sus aliados, no hay solamente una campaña política, sino un crimen de agresión que pertenece a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; o, al menos, un principio de ejecución. O, en la misma línea, si la sedición que instigan en las bases de las Fuerzas Armadas cumple con el tipo penal en grado de tentativa respecto a las autoridades norteamericanas involucradas, por ejemplo. Hasta, podría pensarse con la sistematicidad con que Guaidó y sus sostenedores extranjeros denuncian la comisión de crímenes de guerra —contra las aparentes ayudas humanitarias por parte del oficialismo—, que estos también pudieren ser imputables a los estadounidenses y a los Presidentes del Grupo de Lima, toda vez que desafiaron la frontera esperando forzar la entrega de sus donaciones y celebrar el inicio del derrocamiento de Maduro.

Ese tipo de actos de la diplomacia decimonónica, donde los mandatarios se reunían en una conferencia de los vencedores para apoyar a uno de los bandos en un conflicto, —observando la lucha en el campo de batalla o el festín de las ejecuciones ante el frontón y los fusileros—, se había erradicado después de los horrores de la II Guerra Mundial y el orden jurídico del cual es garante Naciones Unidas. No obstante, somos testigos de una vergonzante regresión orquestada desde Washington. Una demostración de la ética pérdida en la conducción de la política exterior de los Estados gobernados por la derecha allí presente que aceptan los barbarismos del modelo nacionalpopulista de Mr. Trump sin objeciones.

EL SHOW DE LOS DONATIVOS EN CÚCUTA Y LA PRIMERA DERROTA DE GUAIDÓ

Es de noche y persiste la llovizna en el comando temporal norteamericano. Los altos parlantes anuncian la llegada de pertrechos, encomiendas privadas y un espectáculo: la gira de las conejitas donada por Hugh Hefner. Allí, se transforma en un ícono, la miss Playboy del año, quien baja del helicóptero y danza en un escenario improvisado, es la más esperada de las chicas: vistiendo un sensual look celeste de vaquerita, y disparando imaginariamente hacia el público, cierra el show con la canción Oh¡ Suzie Q, de fondo. Soldados gritan por ellas, vietnamitas cuelgan de las improvisadas rejas para verlas. Un momento de paz sublime. Y de arbitraria paradoja que devela la espiral invertida de enajenación que viven los militares norteamericanos expuestos a intervenciones en territorio de enemigos socialistas o comunistas. Ahí, la ayuda humanitaria, antes de ser regulada como en el presente, se combinaba con represión, clientelismo y violencia. Afuera no está Charlie, sino la dignidad de pueblos indefensos masacrados. Es una secuencia de la película Apocalypse Now de Franccis Ford Coppola (1979). Y ese recuerdo de Vietnam es el que pesa sobre la retórica oficialista. Errado; exagerado o no, ha sido el triunvirato de Trump, Pence y Pompeo, el que ha revivido la propaganda de la Guerra Fría y la amenaza de la intervención militar contra un pueblo desarmado. Usando la memoria sobre esa conflicto como la amenaza de una geopolítica aplastante. Diría el Presidente estadounidense que, por estos días, mirando las miserias venezolanas, evoca su pasado como héroe de guerra.

Por eso, el despliegue escénico para el Venezuela Live Aid, también denominado Ayuda y Libertad para Venezuela, fue concebido como un instrumento perfecto de propaganda para convencer a la población más joven del dilema de los buenos contra los malos de la historia que representa Guaidó versus Maduro. Influencers, instagramers, it girls y modelos, —como presentan a la misma cónyuge de Juan Guaidó—, que bien podrían estar en el Recital del Príncipe en Londres, o en el Coachella Valley, eran espectadores en una pobre comuna fronteriza de Colombia de la presentación de una treintena de cantantes latinos muy afamados. Ellos, exhibirían al mundo la fuerza de la ola humanitaria y rebelde, la épica de la oposición contra el usurpador y del legítimo derecho a la rebelión dirán varios de sus líderes. Un millón de personas se movilizarían para ir a buscar la que llaman ayuda humanitaria y la transportarían hacia el interior del país. Pasara lo que pasara, era la marcha contra los crímenes del régimen. Por primera vez, además, un conflicto de estas características se transmitía en español y en vivo para varios formatos de tecnología. La barrera idiomática había impedido que conociéramos la verdad sobre el rol de EE.UU. en los últimos 20 años en Medio Oriente, tanto bajo gobiernos demócratas como republicanos. Esto cambiaba, para bien y para mal de sus adeptos.

El show organizado por Richard Branson y Bruno Ocampo, filántropo inglés y empresario de megaeventos colombiano, respectivamente —por encargo de Juan Guaidó y Leopoldo López—, tenía que destacar la oposición global en contra del chavismo. Y mucho lograron en el tráfico de internet. Sin duda, que aquella cercanía con el millonario dejaba en evidencia que los líderes opositores, pese a afirmar que tienen enormes restricciones, pueden hablar directamente con mandatarios y empresarios extranjeros con plena libertad. El londinense arengará desde el escenario para entregar flores a los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana para que crucen la frontera y rompan el cerco opresor de la libertad de Venezuela. Una visión muy edulcorada —al estilo de la filmografía de Bollywood— de un conflicto diplomático, en lo externo; y de democracia y derechos humanos en lo interno que era solo parte de los letreros de luces de neón sobre una marquesina que controla EE.UU. La idea era generar una campaña de crowdfounding de donaciones para reunir 100 millones de dólares, la cual estará abierta 60 días en una website creada al efecto. No obstante, no se sabe dónde se depositará ese dinero ni cuál es el plan de acción, toda vez que se usan dos conceptos: ayuda médica e inversión social sustentable, aunque no pueden ingresar al país, salvo que se triangulen los dineros. Los sirios tenían las bitcoins para la alimentación y las aplicaciones de telefonía móvil para atenciones en hospitales de campaña, entrega de alimentos y ropa, o para denunciar crímenes del régimen o de otros grupos. Los libios tuvieron propuestas para crear cuentas bancarias solidarias y hasta se ensayó cierto capitalismo popular sobre empresas estatales. ¿Qué tendrán los venezolanos según Guaidó y su plan?

Aquellos 300.000 asistentes que se reunieron, según los convocantes, no fueron suficientes para activar el operativo de ingreso forzado. Tampoco los militares desertores que cruzaron a Colombia fueron tan heroicos o tan pragmáticos para ejercer una presión tal que se posibilitara cruzar los límites y puentes. Esa tarde, marca el primer fracaso de la gestión de Guaidó y del Grupo de Lima, cambiando abruptamente el eje del conflicto y favoreciendo de manera inmediata a la administración oficialista. El Presidente interino había salido de su país quebrantando su cautelar de arraigo nacional; ya no podría volver, dado que se decretó el cierre de todas las fronteras de Venezuela. Por tanto, ya no tiene el control directo del movimiento, sino uno remoto. Pasa, en los hechos, a una suerte de Presidencia ficticia en el exilio. Arriesga, por otra parte si retorna, a ser imputado y procesado por sedición dada la investigación en curso abierta por el fiscal nacional hace una semana.

Paradigmática es, entonces, la fotografía que muestra la decepción de Luis Almagro, secretario de la OEA, y de los presidentes Abdó, Duque y Piñera —mandatarios de Paraguay, Colombia y Chile— al lado del interino. Era la derrota en un diseño solo para los vencedores. La quema del acoplado de un camión con insumos puesto a pocos metros de la frontera de Venezuela terminó por justificar una medida que era del todo obvia: el retiro de los camiones, el reordenamiento de los aviones norteamericanos y la convocatoria a una reunión urgente del Grupo de Lima, así como una posterior cita al Consejo Permanente de la OEA.

RECHAZAR LA SUPUESTA AYUDA HUMANITARIA NO ES CRIMEN DE GUERRA NI DE LESA HUMANIDAD

Entonces, Guaidó e Iván Duque no tardaron esa noche en hacer sus acusaciones en contra del tirano, pero las expresiones más polémicas del Presidente Interino, aludieron a tres casos de crímenes del derecho penal internacional. Uno, acusar al usurpador del Palacio de Miraflores de cometer el crimen de exterminio, por acción y por omisión. Por acción, por medio de grupos irregulares que dispararon en San Antonio y otros poblados, donde masacraron a indígenas y por omisión al no abastecer con la ayuda humanitaria los hospitales en crisis. Dos, que se cometía genocidio toda vez que se rechazaba la ayuda humanitaria y se disparaba a la masa que se manifestaba contra Maduro en las fronteras, y que los militares eran partícipes de esa represión y ejecuciones ilegítimas. Tres, que es crimen de lesa huamanidad la quema y destrucción de ayuda humanitaria.

Cada una de esas imputaciones es rebatible, tanto en el fondo como en la forma, y solo han sido herramienta útil para Guaidó y la estética política del mal que recorre el discurso de EE.UU. ante audiencias que ignoran los límites del derecho internacional. En efecto, tres son las razones elementales para demostrar las falsedades y equívocos del opositor, aludiendo a la normativa que rige las ayudas humanitarias y los crímenes que pueden cometerse con ocasión de la entrega de ellas.

Primera razón: no es ayuda humanitaria, sino una operación política

Lo que se ha acopiado en Cúcuta, Curazao y Brasil no es ayuda humanitaria, sino una operación política que se traduce en donativos de algunos Estados del Grupo de Lima y otros que se sumaron en la Conferencia Mundial sobre la Crisis Humanitaria de la OEA, del pasado 14 de febrero, porque no se ajusta al derecho internacional de derechos humanos vigente. Asimismo, la pretendida obligación gubernamental de aceptarla violenta uno de los principios esenciales sobre el derecho a la alimentación, componente de la ayuda humanitaria, cual es el de la prohibición de presionar sobre civiles o sobre el Estado recurriendo a la entrega o a la privación de alimentos, axioma fundacional del derecho humanitario.

Ergo, teniendo este origen de facto, no hay un deber jurídico para recibir tales productos alimentarios e insumos de higiene y salud desde el extranjero, ni menos se está obligado a cuidar de ellos en su cadena de transporte. En efecto, las redes diplomáticas lo que han hecho es ofrecer un socorro a los mandatarios que lo piden cumpliendo con los requisitos del derecho administrativo —que tiene cierta similitud en los países del sur del continente. Ergo, o un Estado la solicita para él mismo, previa declaración de emergencia, como es el caso de Cúcuta; o, la reivindican para ofrecerla a un tercero que es la situación de Curazao y Brasil. Todos ubicarían esos bienes en las fronteras para que el Presidente Maduro la aceptara, de lo contrario, para que los voluntarios, especialmente, venezolanos se acercaran y las distribuyeran.

De manera tal, que podrán ser actos dadivosos, solidarios y bien intencionados, pero deben recurrir a ficciones o simulaciones para entregarla a un Presidente que no es tal. Guaidó no existe en su autoridad investida de Presidente ad interim para el derecho internacional, pese a que los Estados lo reconozcan, eso no pasa de ser un acto simbólico, ya que contraviene los principios de no intervención en asuntos de otro Estado y de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Por regla general, el reconocimiento es un acto de la diplomacia al presentar credenciales y se rige por las convenciones de Viena de 1961 y 1963 para relaciones diplomáticas y consulares; no respecto a los primeros mandatarios ni menos a los presidentes de consejos ministeriales. Por dicho motivo, es que los gobiernos de Curazao y de Holanda, han aplazado la entrega de su ayuda, ya que no tienen la aceptación del Palacio de Miraflores. Y, el Secretario General de la ONU ha sido enfático: el único Presidente de Venezuela es Nicolás Maduro.

En este sentido, la Cruz Roja Internacional, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, así como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su Consejo de Seguridad, han sido estrictos en las últimas dos semanas respecto de rechazar la calidad de humanitaria de esta ayuda. Esto, porque carece de los principios mínimos que la definen: i) Universalidad para que cualquier víctima de un desastre natural o humano sea socorrida sin discriminación; ii) Humanidad para adoptar todas las medidas posibles que eviten o alivien el sufrimiento humano provocado por conflictos o calamidades; iii) Independencia para que las organizaciones humanitarias desempeñen sus funciones sobre la base de sus propias decisiones; iv) Neutralidad para abstenerse de favorecer a una de las partes implicadas o en detrimento de la otra; y, v) Imparcialidad para proporcionar la ayuda humanitaria en función de las necesidades de las víctimas únicamente y no en función de cualquier otro criterio que suponga discriminación por raza, sexo, o ideología política.

Dicho lo cual, entre los instrumentos que rigen este tipo de cooperación humanitaria, que consiste en transferencias monetarias y de bienes a gran escala, están la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, los Principios de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria y las directrices para la realización del derecho humano a la alimentación, entre otros. A ninguno de ellos hacen referencia el presidente interino y sus aliados, porque es imposible que lo haga: carece de fuerza y no detenta control sobre territorio alguno. El suyo es un poder ficticio, con vocación dual, que no hace mella sobre el poder del chavismo.

Por tanto, la ayuda humanitaria debe cumplir con una logística y un itinerario de actos previos y posteriores que van desde el control fitosanitario de los productos que ingresan; hasta la dictación de medidas de excepción constitucional, como las emergencias en ciudades o provincias específicas. De forma tal, que un camión estacionado a medio camino del puente que une la frontera, podría ser incinerado, por ejemplo, dado que no se ha certificado la seguridad fitosanitaria del mismo. Nadie se ha puesto en ese problema, lo que no dudarían en ordenar si se tratara de carnes, lácteos y otros insumos alimentarios. También se procede a la autorización de corredores humanitarios para que el personal especializado ingrese al país y sea protegido, así como decretar el cierre del espacio aéreo y de las fronteras. Igualmente, se crean planes para el traslado internacional de enfermos graves a hospitales de mejor cobertura, incluso tratándose de personas acusadas, investigadas o condenadas por crímenes. Esa es la experiencia comparada y Medio Oriente y la diáspora del África ofrecen una casuística interesante, incluso existe la economía de las ayudas humanitarias, siendo Chile uno de los países que más expertos posee sobre la misma.

¿Y el rol de Chile?

Desde nuestro país, la Cancillería y el Presidente de la República han insistido en que ésta es ayuda humanitaria que cumple con los estándares internacionales y que el procedimiento de donación a Colombia es la única vía. No obstante, ello es falso. El hecho de que las oficinas para Latinoamérica y el Caribe de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, de la Unicef y del PNUD tengan su sede en Vitacura, instituciones todas involucradas en programas e iniciativas ya funcionando en el país caribeño, indica que hubo desidia o desconfianza, sin dar cumplimiento a la normativa pertinente. Al final, el operativo de Chile supuestamente humanitario en Cúcuta terminó siendo el primer escenario para tomar algún lugar más visible en la pugna de poder con Colombia por la alianza con La Casa Blanca. Pro Sur se llama la iniciativa piñerista que busca reemplazar a Unasur y que se plantea como un foro liberal para el desarrollo. Luego, había que viajar y aparecer en la foto de los amigos de Guaidó y Trump. Estándar moral que se devela, más allá de la caricatura del Tío Sam, muy perverso: sacar provecho de la guerra o de lo que antecede a ella. Sin olvidar, además, la polémica sobre ese donativo de 102 millones de pesos que se critica como una posible exacción ilegal o una simulación que en el derecho público chileno está totalmente prohibida.

Por el contrario, la que sí es verdadera ayuda humanitaria es la ofrecida por la Unión Europea y que el mandatario chavista aceptó el pasado 23 de febrero, iniciando de ese modo la vía de apertura al diálogo: acepta la crisis, propone el pago de ese abastecimiento y ofrece la compra de los insumos apostados en la frontera con Brasil. Del mismo modo, la ayuda proveniente de Rusia quedaba en un segundo plano y a la espera de las negociaciones con el Grupo de Contacto, que lidera Federica Mogherini —alta comisionada de asuntos exteriores de la UE— y secundada por el Presidente de Uruguay.

Y, para contrarrestar el despliegue propagandístico del bloque de países antichavista, en este acápite solo bastan tres ejemplos de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio relacionados al rechazo a la ayuda humanitaria: Yarmouk (2015) y Madaya (2016) en Siria, y Yemen (2017). En estos procesos los gobiernos aceptaron la asistencia humanitaria y, una vez desplegada la logística al interior del territorio, dictaron medidas de policía que hacían imposible la acción, solo para presionar con fines políticos a EE.UU.

Segunda razón: hay emergencia de DD.HH, no crisis humanitaria que habilite el R2P

El contexto sociopolítico de Venezuela es de una persistente vulneración de derechos humanos derivada de una crisis económica y de desabastecimiento, la cual se ha agudizado en el último bienio por las medidas de bloqueo norteamericano. La mayor evidencia es que la FAO categoriza al país, desde el 2017, con una hambruna artificial, es decir una emergencia de inseguridad alimentaria por falta de acceso e insuficiencia del consumo de alimentos provocada por agentes externos al control del gobierno y no por una política pública de vulneración sistemática, o por una mala gestión de las políticas vigentes. No es, por lo mismo, una hambruna real, como las del Cuerno del África o la de Haití, Sudán del Sur y Yemen. La causa directa de la emergencia venezolana es la hiperinflación del último lustro y la consecuente precarización de la canasta alimentaria básica. Según el PNUD, que valida con sus observadores las encuestas oficiales, el año 2018 la pobreza alcanzó a un 87 % de los hogares, con un 61% de la población viviendo bajo la línea la pobreza y un 25% sobre ella.

Tampoco hay un estado de calamidad pública en la salud, término usado en el discurso opositor internacional, toda vez que no hay contextos de conflictos armados internos, con guerrillas e instituciones cooptadas por ellas, frente a las cuales la administración central no pueda ejercer control, lo que incluye el entramado de la asistencia pública de hospitales y escuelas. A su vez, el movimiento migratorio ha sido persistente desde el año pasado y se calcula en cerca de tres millones de personas migrantes que han salido desde el año 2014, pero no son una mayoría de desplazados internacionales o refugiados, calificación que suele estar presente en la prensa. La gravedad de este flujo de migración es mucho menor a la crisis migratoria del 2015 en Europa, siendo el caso de los sirios el más grave. Igualmente, las cuestiones hondureña bajo la administración de Trump, —el gran aliado—y rohinyá en Myanmar, son paradigmáticas, toda vez que han abierto el debate sobre los crímenes de lesa humanidad y genocidio que son competencia de la Corte Penal Internacional y que están vinculados al fenómeno migratorio. Y esto es relevante porque Juan Guaidó y algunos de sus fictos embajadores han afirmado que actuarán ante dicha instancia para demandar a Maduro y sus asesores por el éxodo venezolano.

Explicado lo anterior, es un error jurídico y un falso mensaje político, el insistir que toda la operación para sostener las denominadas ayudas humanitarias se basa en la responsabilidad internacional de proteger (R2P), doctrina que exige varios requisitos, respecto de los cuales ninguno de ellos está presente en el conflicto venezolano. Solo dicha institución habilita la intervención de la comunidad internacional en asuntos soberanos de un estado en conflicto, creando misiones de paz, financiando con fondos especiales de reconstrucción, llamando a elecciones generales, creando un sistema de justicia transicional o uno de justicia penal ad hoc. Sin la anuencia del Consejo de Seguridad no existe. Lo que hay, por lo mismo, es un remedo de ella, y en derecho internacional de derechos humanos y derecho administrativo global eso es un abuso. No deja, por ello, de sorprender que en esta puesta en escena, tengan índices de emergencia humanitaria más problemáticos Colombia, Brasil y Paraguay, que Venezuela, y desde la OEA o el Grupo de Lima no se invoque la urgente intervención.

Tercera razón: no cualquier respuesta de Maduro es crimen de derecho penal internacional

El Presidente ad interim no solo confunde los crímenes de guerra con los de lesa humanidad, imputándolos con desparpajo de manera constante; sino que aquel día 24, denuncia hechos delictivos inexistentes o cambia los roles de autoría acusando la responsabilidad del gobierno Chavista en acción ejecutadas por él y sus aliados.

Veamos, cuales son las conductas criminales que denuncia junto a parte del Grupo de Lima

I) La destrucción y quema de camiones con ayuda humanitaria, por parte de agentes de Maduro, es crimen de lesa humanidad. Esto es un error: no es ayuda humanitaria y de haberlo sido, sería un crimen de guerra y no de lesa humanidad. En este sentido, la acción punible tipificada por el Estatuto de Roma en su art. 8, número 2, literal (e) III es la de «Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados». Luego, debe existir un contexto de conflicto armado y prolongado con grupos insurgentes y organizados al interior del país, no de guerra internacional; no de mera violencia. Esto puede darse en los grados de tentativa, delito consumado y de delito frustrado, con distintos niveles de participación criminal entre los que actúan. Y, sin duda, el incendio de aquel camión apostado en el puente fronterizo, cuya autoría da para todo tipo teorías conspirativas, no es el caso.

II) Maduro comete el crimen de exterminio, por acción y por omisión. Por acción, por medio de grupos irregulares que dispararon en San Antonio y otros poblados, donde masacraron a indígenas y por omisión al no abastecer con la ayuda humanitaria los hospitales en crisis.

El crimen de exterminio es de lesa humanidad, conforme al art. 7, numeral 1, letra b) del Estatuto de Roma, y «comprende la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población». Ello requiere que el ataque sea sobre una población definida, de carácter sistemático y generalizado, conforme a una política de Estado ejecutada por agentes del mismo o por una organización creada para ese fin. Luego la denominada masacre contra indígenas de ese 23 de febrero no se ajusta al tipo penal, por mucho que actuaran grupos, ni menos como resultado de una política de Estado. En este sentido, si la Guardia Nacional Bolivariana atacó a esa comunidad o lo hicieron guerrilleros chavistas, el problema es ver si se trata de una matanza, que es una forma de cometer el genocidio, o se trata de homicidios del derecho penal común.

III) Maduro y las Fuerzas Armadas cometen genocidio toda vez que se rechaza el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria, disparando a la masa que se manifestaba contra el Chavismo en las fronteras, y que los militares eran partícipes de esa represión y ejecuciones ilegítimas.

El crimen de genocidio es una categoría aparte de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión que competen a la labor de la Corte Penal Internacional. El art. 6 del Estatuto de Roma señala que la intención criminal debe ser destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, a través de cinco figuras, de las cuales basta que concurra una sola al tipo penal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; y, e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Ninguna de estas acciones ha estado presente en el devenir del conflicto más inmediato que se ha iniciado el pasado 10 de enero, cuando asume su mandato Nicolás Maduro y la OEA lo declara ilegítimo. Fecha que es necesario tener en cuenta, porque la oposición y sus aliados internacionales intensificaron la campaña de denuncia, incorporando crímenes distintos a los que ya investiga la Corte Penal Internacional. En efecto, dicho tribunal ha presentado, a través de su fiscalía, el informe preliminar de admisibilidad de las denuncias de parte de venezolanos, como de Estados integrantes de la OEA, lo que fue publicado el 5 de diciembre del año pasado.

LA SEGUNDA DERROTA Y EL GRUPO DE LIMA ACTUANDO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

La vía insurreccional y de intervención militarizada en que insistía Guaidó, los días 24 y 25 de febrero, ha sido descartada por el Grupo de Lima en su segunda gran conferencia de ministros plenipotenciarios para la crisis humanitaria y el apoyo a la transición democrática y de reconstrucción de Venezuela. Designaciones que parecen rimbombantes e inadecuadas si asumimos que no hay un casus bellis ni una crisis resultante del entramado criminal, como el que suelen afirmar, y que podría evocarnos los horrores de los Balcanes y Ruanda, o las miserias que dejó Libia, tras la mala apropiación de la R2P por parte de Washington.

En su respectiva declaración de cierre en Bogotá se insiste en el gobierno criminal de Maduro en el numeral 5 expresan que «Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad, en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018, y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania». Y, en el numeral siguiente: «Deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la profunda preocupación por “las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria” en ese país, expresada en la Resolución A/HRC/RES/39/1 “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” del 26 de septiembre de 2018; y reiteran su llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos».

De la lectura se deduce que no solo se desentienden de la OEA, develando un quiebre con Luis Almagro, sino que presentan a los medios su acción ante la justicia penal internacional como algo pionero respecto a la denominada ayuda humanitaria (sui géneris) que sostienen. Sin embargo, ya está en curso el primer proceso de investigación y juicio, gracias al informe de la fiscal de la CPI de fines del año pasado, quien es clara en explicitar el incesante ejercicio político de la oposición contra las dos últimas elecciones. De tal forma que, se ha centrado en crímenes presuntamente cometidos desde abril de 2017 en adelante, y en particular, respecto a la acción violenta de las fuerzas de seguridad para dispersar y reprimir manifestaciones, así como respecto al hecho de haber detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención. Asimismo, accede a la denuncia de países de la OEA para investigar antecedentes generales sobre crímenes cometidos en las protestas del año 2014. Y, sin dilación, esa misma semana, el 10 de diciembre, la Corte ha nombrado a los jueces que integrarán, de entre sus magistrados, la Primera Sala de Cuestiones Preliminares para investigar: el francés Marc Perrin de Brinchambaut, la belga Rene Adélaïde Sophie y el húngaro Péter Kovács.

La suerte de este caso es significativo para América Latina y el Caribe pues es la primera vez que un mandatario del continente es sometido a proceso por este tipo de crímenes ante la Corte Penal Internacional, tomándose distancia de la justicia transicional de países, por ejemplo, como Guatemala, Chile y Argentina que se usan de ejemplo por la oposición. Por eso, la insistencia de los norteamericanos en precisar que lo llevarán a un proceso de justicia universal, aunque Washington no se rija por el Estatuto de Roma, no deja de ser propaganda insidiosa. Antes Noriega ha sido el único de los mandatarios y dictadores del continente enjuiciado por el sistema de EE.UU, y es su caso el que más destacan —equivocadamente— para ejemplificar la vía judicial.

EE.UU. Y UN EVENTUAL CASO DE CRIMEN DE AGRESIÓN

Esta figura delictiva es distinta al genocidio, a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y fue incorporada en el 2010 al Estatuto de Roma en el art. 8 bis, el cual señala que “una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.” Luego explicita que se entiende por agresión «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de Naciones Unidas». Ello ha de manifestarse en siete distintas figuras u operaciones: a) la invasión; b) el ataque a civiles y a militares; c) la ocupación militar; d) el bombardeo; e) el bloqueo de puertos; f) la utilización de las fuerzas armadas de otro Estado; g) la disposición de un territorio propio de un Estado para que otro Estado pueda agredir a un tercero; y, h) el envío por parte de un Estado de grupos irregulares para atacar a otro Estado.

Vale tener presente que, si bien se aprobó este tipo penal cerrado para incorporarlo al Estatuto, hubieron de pasar 8 años para que se activara la jurisdicción de la Corte en esta materia, hecho que se considera un triunfo de la diplomacia humanitaria el 2018 y que pondría fin a la impunidad de varios actos de agresión cometidos en la última década.

Dicho esto, ¿podría pensarse que la campaña de EE.UU y el Grupo de Lima, se corresponde con un principio de ejecución de alguna de estas figuras del crimen de agresión? A primera vista, los juristas que no son del área penal internacional y los políticos, podrían decir que la presión que se despliega en la propaganda no pasa de ser una mala práctica diplomática que carece de tipificación. Sin embargo, esa sería una opinión muy superficial, pues lo que ha habido hasta ahora es una presión militar cierta, ilegítima y permanente encabezada por Donald Trump y secundada por los mandatarios de los países de derecha de la OEA. En este sentido, tres circunstancias son cruciales para el tipo penal —en un contexto de conflicto que no es armado— y que afectan la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la República Bolivariana de Venezuela. Uno, el que Washington desplegara sus flotas en Las Antillas, incluso antes del 23 de enero, cuando se instaura la Presidencia interina. Dos, que se haya enviado un comisionado especial, como Elliot Abrams, a la frontera colombiana-venezolana, mandatado por decreto administrativo para disponer de efectivos militares norteamericanos que apoyaren la entrega, traslado y distribución de las supuestas ayudas humanitarias, lo que incluía el cruce de las fronteras hasta las ciudades cercanas. Todo esto ejecutado desde Colombia donde están emplazadas 8 bases militares estadounidenses y que se rigen por un estatuto de inmunidad bilateral para materia de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

A la par, la estética política del mal que encarna el socialismo chavista, frente a la virtuosa esperanza de Guaidó —apoyado por La Casa Blanca y la derecha nacional populista del continente—, debe ser entendida como propaganda, como falsa lucha ideológica por los derechos humanos y como un síntoma del erosionado poder latinoamericanista. Desde finales de los 80, cuando el continente comenzó con las transiciones políticas, pocos esfuerzos se hicieron para concientizar sobre la memoria de la criminalidad y el intervencionismo norteamericano que no fueran caricaturas. Y el resultado está a la vista. La ignorancia sobre ese pasado y sobre los límites de la responsabilidad penal internacional de todas las partes en este conflicto, son una clara amenaza para la paz en la región.

Hoy, el affaire Guaidó nos expone continentalmente a una encrucijada que, ya no nos evoca la década de los 80 ni nos traslada a las puestas en escena de la guerra tras la Primavera Árabe, sino que nos implanta en una crisis de la ética política similar a la del ascenso de los totalitarismos de los años 30. Todos los agentes jóvenes de cambio están inmovilizados —entre la falta de teoría y la realpolitik—, por el triunfo de la voluntad contra el derecho internacional de derechos humanos. Walter Benjamin, Stefan Zweig y Thomas Mann vienen a mi mente y ofrendan su mirada sobre el lacerante ataque a la dignidad y a la belleza del lenguaje que provoca la violencia del fascismo eterno y el nacionalpopulismo con su propaganda. Sobre todo, cuando observo los extravíos de la izquierda millenial chilena capaz de creer que solo basta con condenar a Maduro para salvarse de la responsabilidad por su escaso compromiso con el deber de la memoria y con la acción de la ONU, como única garante de la seguridad, la paz mundial y la justicia penal internacional.