Imagen: Alejandra Fuenzalida y Felipe PoGa

Este año la discusión en torno a la gratuidad ha estado marcada por la cifra de 27 mil estudiantes que quedaron fuera del beneficio por exceder los años de duración formal de las carreras universitarias. Un debate que vuelve a poner esta política en la agenda y que ha generado que, desde diferentes sectores, se llame a extender el beneficio y a considerar las realidades del sistema. Desde el gobierno, sin embargo, se ha cerrado la puerta a extender la gratuidad, asegurando que los fondos serán destinados a la educación inicial.

En ese marco fue que los ex titulares de Educación Adriana Delpiano, Harald Beyer y Mariana Aylwin junto a los parlamentarios Juan Ignacio Latorre, diputados Camila Rojas y Jaime Bellolio, se reunieron para debatir y enfrentar posturas respecto a qué hacer en la inmediatez y en el largo plazo en torno a la gratuidad en el sistema de educación superior.

La ex ministra y una de las responsables de la ley de educación superior del gobierno de la ex presidenta Bachelet, Adriana Delpiano, planteó que “la reforma aún está en marcha”, por lo que es necesario presionar para que ésta se termine, porque “todavía no cuaja en muchos aspectos que estaban previstos, para empujarla en lo bueno y en lo deficiente”.

“Estaba previsto que se ampliara el PACE a más establecimientos escolares, pero se congeló. Se eliminó el fondo para nivelación de estudios, que estaba, pero el gobierno lo sacó, que justamente estaba para compensar mientras mejoramos la educación básica y media. Hoy estamos haciendo un debate y hubiera esperado que al menos el jefe de la división del Mineduc estuviera aquí para recoger parte de la inquietud, para saber cómo se continúa”, puntualizó Delpiano.

“Todos saben que yo no he sido partidario de la gratuidad y sigo sin ser partidario de la gratuidad”, advirtió el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y ex ministro de Educación, Harald Beyer, para quien la gratuidad, no ha logrado superar dos desafíos que cree son necesarios para la educación superior: “re equilibrar el financiamiento que era firmemente privado, y al mismo tiempo agregar más recursos”. Por lo que, en el contexto actual de déficit presupuestario para las instituciones, dijo, “tenemos que buscar una solución con los instrumentos que tenemos porque la gratuidad llegó para instalarse”, y que, a pesar de la importancia de esta discusión, “me parece que el mundo político mira esto con una distancia bastante impresionante”, evidenció Beyer.

Para Mariana Aylwin el tema de fondo es que, a pesar que existe una mayor inversión pública en la educación superior, las instituciones tienen menos ingresos con la gratuidad, “por lo que acumulan déficits anuales, lo que irá incrementándose cada año que pase incluyendo universidades que han mejorado y crecido”. Ante esta situación, la ex secretaria de Estado propuso la posibilidad de explorar posibilidades de recursos no necesariamente públicos, como el copago, y agregando le parece importante “que el Crédito con Aval del Estado se perfeccione, deje de ser financiado por la banca, y pase a ser un fondo solidario”, en sintonía con la propuesta del Ejecutivo del Sistema de financiamiento Solidario que se encuentra en el Congreso.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), responsabiliza al gobierno por la pérdida del beneficio para más de 20 mil estudiantes, ya que cuando se intentó legislar que las universidades pudieran usar los excedentes del Fondo Solidario para entregar becas a los estudiantes con gratuidad que extendieran la duración formal de sus carreras, Chile Vamos apeló ante Tribunal Constitucional y que dicho organismo determinó que correspondía a “una prerrogativa exclusiva del Presidente de la República, por lo tanto, hoy la responsabilidad de seguir resolviendo ese problema es del Ejecutivo”, explicó.

El senador además expuso que el problema de fondo, más allá de la gratuidad, es el modelo de financiamiento de la educación superior. “Hay un diseño que va a generar déficits permanentes. Ahora son estos 20 mil estudiantes de la gratuidad, pero esto va a seguir ocurriendo siempre, porque hay un diseño que es deficitario. Como decía el Rector Vivaldi, el caso chileno es una anomalía en el mundo por cómo financia su educación superior a través del voucher, a través del financiamiento a la demanda”.

En esa misma línea, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y ex presidenta de la Fech, Camila Rojas (Partido Comunes) llamó a “saltarnos las recriminaciones que todos tenemos respecto de por qué este sistema ha quedado así, porque es necesario efectivamente buscar soluciones”, y planteó que si bien urge dar una solución a la crisis de financiamiento –lo cual, explicó, “puede ocurrir mediante el uso del remanente del Fondo Solidario”-, eso “no va a solucionar el problema de fondo”.

Rojas, además, destacó la importancia de “disminuir la relevancia arancelaria, aumentando los aportes basales de las instituciones públicas, ya que eso es fundamental para el funcionamiento de estas instituciones”.

Por su parte, el diputado Jaime Bellolio (UDI) expuso que, a su parecer, “la política de gratuidad es buena para los estudiantes más vulnerables en términos de que les amplía la expectativa de poder ingresar a instituciones de educación superior y antes como no tenían certezas sobre su financiamiento no postulaban, se autosegregaban del sistema”. Sin embargo, planteó que los problemas que ha develado la gratuidad comienzan mucho antes que los estudiantes ingresen a las universidades, y que es necesario regular qué sucede en otros niveles educacionales, asegurando que “es injusto que la prioridad sea la educación superior (…) ¿Quiénes son ellos?, ¿los más vulnerables? No, no lo son”.

En su intervención el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, llamó a ver el problema del financiamiento de la educación superior desde una lógica diferente: “hay una sociedad, somos parte de un grupo humano. Dentro de él hay distintos talentos y distintas posibilidades, y nosotros queremos reivindicar el derecho que cada persona tiene a desarrollar sus talentos y el deber que el país tiene de darle los mecanismos para que lo haga, si somos capaces entre todos de generar un mecanismo que vaya a permitírselo”, y que, sin embargo, actualmente lo que ocurre es que “a personas habitualmente de menos recursos, se les obliga a ir a universidades que no son las que ellos quieren, se los obliga a endeudarse para eso, y lo más probable es que de esas universidades no se van a recibir, y si se reciben, no van a poder ejercer la carrera. Es uno de los negocios más cuestionables que yo conozco o que pudiera imaginarme”, manifestó.

“Que el Estado a sus universidades le entregue fondos por la vía del voucher es un absurdo total”, continuó el también presidente del CUECh, “tiene que haber entre el Estado y sus universidades un proyecto compartido en función del país y de cada región. Y esa debería ser, por lo menos, la fuente de financiamiento del sistema público. Y sin lugar a dudas, tienen que haber otras formas de financiamiento para el sistema privado”.