Entre Santiago y Farellones, como si se tratará del camino de Oz, Dorothy se jacta que tiene el derecho a viajar sin cinturón de seguridad porque en caso de accidente se debe lanzar antes de ver al mago mientras cae dramáticamente por un barranco.

Parece que la bruja del oriente no le habló del amplio testeo internacional que muestra estadísticamente que el cinturón de seguridad salva vidas y no una, sino unas cuantas. Sin embargo, no me voy a detener ahí, ni tampoco en los esfuerzos multimillonarios que ha hecho la industria automotora por elevar sus estándares en relación a esta materia.

Tampoco abordaré la legislación comparada que habla que las multas por esta falta bajo algunas circunstancias en Estados Unidos o Reino Unido se disparan por sobre los miles de dólares.

Vaya cualquiera de nosotros a resistirse a reconocer el error frente a un efectivo policial norteamericano, británico o francés. Esta es la hora que a Dorothy la sacan del camino amarillo violentamente y le aplican una estrategia paralizadora.

Donde yo me quiero detener es en las acusaciones de “abuso poder” que saltaron por redes sociales y que han sido objeto de los memes más ocurrentes y variados que incluyen -aparte de la protagonista- desde los Simpson hasta el presidente Piñera.

Porque el excesivo uso de la fuerza, la movilización del contingente, los apremios, los gritos, los golpes, las humillaciones denunciadas por la actriz y su familia por parte de carabineros en el contexto de un supuesto “abuso de poder” ocurrió la misma semana en que el tribunal constitucional, a razón de artilugios bien dudosos, ordenó detener una investigación por malversación de fondos públicos por más de 4.500 millones en contra del ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo.

Sobre la opinión pública cae el manto de una constitucionalidad mal entendida, casi una legalidad impune y grosera para quienes como ciudadanos de a pie pasan cada año con modestos y manejables montos por el filtro del Servicio de Impuestos Internos.

El general Oviedo concentró y aún concentra una cuota de poder que le permite tocar la puerta del TC no en busca de la constitucionalidad, sino de la impunidad. Porque pensar en lo primero es pretender que Chile tiene un Estado de Derecho descompuesto, donde ministras como la señora Rutherford son funcionarias ineptas que desconocen la Carta Magna. O aún peor, que el Poder Judicial es un brazo político de persecución al estilo Sergio Moro en Brasil. Estoy más que seguro que el señor Oviedo y su defensa jamás han creído aquello.

Lo que hay detrás de todo esto es para muchos la idea que el poder se puede usar una y otra vez con fines determinados o indeterminados, rindiendo cuentas o sin ellas. Pensando que es una cualidad inherente e inalienable incluso cuando se acusa a alguien de mal utilizar platas públicas. Eso es abuso de poder: el real, el palpable, el que le hace daño a la democracia y a la justicia. Lo de la señorita de Farellones parece al lado de esto más bien un chiste de mal gusto que ni siquiera bien contado podría sacar una carcajada abusadora.