A seis meses de aplicada de la ley que fortalece las facultades de los establecimientos educacionales para expulsar a aquellos estudiantes que cometieron hechos de violencia grave al interior de la comunidad, existen casos de alumnos que se han visto enfrentados a acusaciones “injustificadas” por parte de la autoridad, exponiéndolos a un proceso que creen arbitrario y que, incluso luego de haber conseguido su exculpación, no contempla ningún tipo de reparación. The Clinic recogió tres historias que evidencian graves desprolijidades en la aplicación de Aula Segura, marcadas por acusaciones infundadas y partes policiales posteriormente desmentidos.