Las víctimas inocentes de Aula Segura

El cinco de junio el estudiante de tercero medio del Instituto Nacional, Camilo, estaba abrumado. Eran las cinco de la tarde y para él el sol de Santiago ya se había puesto, o eso le parecía desde los barrotes del calabozo de la 48° comisaría de Santiago.

Había pasado seis horas desde la manifestación afuera de su liceo y aún estaba esperando a su apoderado para que lo fuera a retirar. Lo recordaba todo clarito: la escaramuza había comenzado en la calle Arturo Prat, en el frontis del Instituto, en donde estudiantes se encontraban protestando. No faltó mucho para que Fuerzas Especiales y encapuchados se enfrentaran.

En ese contexto, tres agentes de Carabineros lo apresaron. Él, sin embargo, no había sido parte ni de un grupo ni del otro, más bien observaba a sus compañeros desde la vereda del frente.

Ya eran las seis de la tarde cuando su papá lo fue a buscar a la comisaría. A su salida, le pasaron un documento en el cual se detallaba que lo habían detenido por lanzar “objetos contundentes”.

Casi un mes después, el primero de julio, Camilo fue expulsado bajo la aplicación de la ley Aula Segura. 

—Es una acusación injustificada, es una gran mentira y todo debido al primer parte policial, ¡si todo nace de eso! Yo creo que muchas causas que están ahí la gran mayoría no corresponde a la realidad— dice a The Clinic Adolfo Jara, padre de Camilo.

Camilo tuvo que escuchar dos versiones distintas de aquello que le imputaban. La primera fue al interior de la 48° comisaría cuando le entregaron un documento que afirmaba que él había lanzado piedras a carabineros.

La segunda fue el 17 de junio, cuando lo citaron para notificarle que quedaría suspendido a causa de un parte policial que lo identificaba lanzando objetos contundentes y manipulando armas incendiarias.

“Si hubiese sido así, en primera instancia, él debería haber ido al tiro a fiscalía, si lo hubiesen pillado tirando molotovs”, dice Jara con voz acelerada. “La acusación fue a diestra y siniestra, o sea, lo detiene Fuerzas Especiales, lee un parte falso que no correspondía porque hay pruebas y antecedentes de que lo detuvieron en otro sector donde ellos decían”, agrega el apoderado.

Ese mismo día se le aplicó el proceso de Aula Segura y con ello se inició la cuenta regresiva para demostrar su inocencia.

 

EL “DEBIDO PROCESO”

Desde que la Ley 21.128 entró en vigencia el 27 de diciembre de 2018, en los establecimientos educacionales de todo Chile las reglas del juego han cambiado. Este año la denominada ley Aula Segura comenzó a ser implementada en las entidades educativas fortaleciendo las facultades de los directores para expulsar o cancelar la matrícula de aquellos estudiantes que hayan cometido hechos de violencia grave en contra de miembros de la comunidad escolar.

“Aquí hay unos pocos enemigos de la educación de calidad y que quieren imponer un régimen de terror. Son pocos, pero por dios que son poderosos. Yo les digo desde aquí no van a prevalecer, no nos van a quebrar la mano, no queremos a los violentistas en nuestras aulas ni en ningún rincón de nuestro país”, señalaba el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el 19 de diciembre de 2018 durante la promulgación de la normativa.

En junio, a tres meses de la implementación del nuevo reglamento, la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) realizó un catastro de 70 estudiantes afectados. Hoy dicen que ya perdieron la cuenta.

Uno de los cambios que introduce Aula Segura en las normativas internas de los liceos y colegios es la aplicación de un “proceso expedito” de expulsión o cancelación de la matrícula. Según indica en su artículo uno, este inicia con la suspensión del estudiante, la cual debe ser notificada al alumno implicado y a su apoderado.

Luego, el proceso establece un periodo de 10 días para que cada parte muestre sus pruebas. Finalmente, si el estudiante es expulsado, la normativa entrega un periodo de otros cinco días para apelar a la reconsideración. La decisión final recae en el director.

“En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros”, dicta la ley.

Una verdad a medias, según Ramón Sepúlveda, abogado que ha representado a estudiantes afectados por esta normativa. Pese a que la ley señala una serie de instrucciones como los plazos y normas, Sepúlveda dice que existen vicios de fondo. “La gran falencia que tiene el procedimiento administrativo es que el derecho a defensa no es un derecho que se ejerza de manera real. Acá el que investiga es la institución a través del rector y el que resuelve también es el rector”, asegura.

Desde la perspectiva de Axel Gottschalk, también abogado y representante legal de la “Coordinadora 4 de Agosto”, organización que presta asistencia legal a estudiantes afectados por Aula Segura, en la práctica la ley no entrega ninguna garantía a los jóvenes y sus familias.

“Una cuestión clave es la posibilidad de suspender al estudiante desde el inicio de la investigación -contra el principio de inocencia-, lo que además limita fuertemente sus posibilidades de defensa pues pierde contacto con su establecimiento educacional, principal espacio para obtener pruebas a su favor, especialmente testimonios”, indica Gottschalk.

 

SOSPECHAS Y SUSPENDIDOS

A Aurora le entregaron la carta de notificación del “debido proceso” el 26 de junio en la mañana. Ese día debería haber asistido a clases de historia en el Liceo Darío Salas, pero, en lugar de ello, la joven se tuvo que dirigir junto a su madre a la sala de inspectoría.

Era presidenta de su curso y apoyaba activamente las movilizaciones, por eso no encontró tan extraño que la directora le entregara el documento en el cual se le informaba que se le aplicaría Aula Segura, tal como había ocurrido anteriormente con sus amigos, ninguno de los cuales sigue estudiando en el establecimiento. “Ya echaron a todos los que tienen un pensamiento crítico o contra ellos”, cuenta la afectada.

Aunque la causal de la medida fue una riña, para Aurora la situación carecía de sentido: pese a que la pelea sí había ocurrido, esta se había producido dos semanas atrás. 

En cambio, su sospecha era otra: hace dos días había participado de una asamblea de estudiantes en la cual esperaban acordar acciones, luego de que, según cuenta, un inspector golpeara a la presidenta del centro de estudiantes, la mejor amiga de Aurora. Para los jóvenes, la idea de tomarse el establecimiento parecía la respuesta más accesible.

“Justo después de esa asamblea me llegó un correo diciendo que mi apoderado estaba citado por convocar a actividades no autorizadas. Igual yo les dije que mi mamá no podía ir porque tenía que cuidar a mi hermano y que arreglaran el papel, porque yo no convoqué a nada”, asegura la joven.

Ese miércoles 26, Aurora debió abandonar inmediatamente el establecimiento. “Me dijeron que me fuera al tiro a la casa porque desde ahí estaba suspendida”, cuenta. Le tomaría 16 días volver a ingresar.

Por su parte, Camilo estaba seguro de lo que recordaba. Ese día había llegado tarde al instituto y, dado el clima de tensión, los inspectores no estaban dejando ingresar al establecimiento. Eso sí, habían hecho correr una lista de asistencia para que cada uno firmara. 

“La inspectora dice que entregó la lista blanca lo cual, según yo, debió bastar para demostrar mi inocencia debido a que el lugar en donde me detienen está lejos del parte policial. Aquí dice que me detuvieron dentro del instituto, cuando yo nunca entré al instituto”, cuenta el joven que en los días sucesivos a su detención debió recolectar testimonios de docentes con la dificultad de no poder ingresar al edificio.

Para Aurora, en tanto, a esta dificultad se le sumaban las trabas que -afirma- tuvo para acceder a la carpeta investigativa del establecimiento que, según le prometieron desde inspectoría, tenía pruebas, fotografías y testimonios de personas adultas que habían visto su participación en la pelea, “pero nunca se mostraron”, cuenta la joven.

Fue por estos motivos que la familia de Camilo pidió la ayuda de Esteban Spencer, estudiante de derecho y miembro de la “Coordinadora 4 de agosto” junto al cual se acercaron al establecimiento para solicitar los antecedentes de la investigación interna. Pensaban que iban a encontrarse con fotos o testimonio, pero no fue así. “Lo único que tienen para comprobar es el parte policial, el primer parte cuando se lo llevaron. Ese parte que no concuerda con el motivo por el que yo lo retiré”, agrega el apoderado.

Una situación que, según Viviana Vega, representante del Centro de Padres A-0 del Instituto Nacional, no es excepcional en el recinto. “El problema es que el establecimiento educacional se basa en la detención del estudiante para hacer la acusación. O sea, tampoco ellos tienen una prueba de que el estudiante está haciendo lo que se está diciendo”, sostiene la apoderada, que también discute respecto a la supuesta infalibilidad que se le asigna a la institución uniformada. “Carabineros es el ministro de fe. El problema es que yo creo que se va a tener que cuestionar su ministerio porque normalmente ellos hacen y colocan lo que ellos quieren”, opina.

Para Gottschalk, la evidencia de este tipo de prácticas, junto con la inaccesibilidad a los expedientes sancionatorios contravienen reiteradamente al ideal del “debido proceso”. Irregularidades que, según Sepúlveda, son promovidas por el rol jurisdiccional que es entregado a funcionarios cuyas competencias están lejos de ser las legales. “Las personas que están encargadas de realizar estos procedimientos están absolutamente poco preparadas. Estamos hablando de un inspector, un profesor que no tiene conocimientos técnicos para poder hacer una investigación”, afirma.

The Clinic se puso en contacto con el Ministerio de Educación y con la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago para conocer más respecto a estas denuncias de irregularidades en la aplicación de la normativa, sin embargo, ambos organismos se negaron a participar.

 

DESGASTE PSICOLÓGICO

La mamá de Agustín, Paulina Araneda, estaba indignada por lo que estaba pasando. Su hijo había sido reintegrado recientemente a la comunidad del Instituto Nacional tras haber pasado por Aula Segura, luego de que el 15 de mayo Fuerzas Especiales lo detuviera al interior del establecimiento.

El joven de quince años recuerda que aquel día, miembros de Carabineros cerraron todas las entradas del edificio tras una movilización por parte de un grupo de estudiantes. “No sabíamos qué hacer. En eso, intento salir y carabineros me rodea, por así decirlo, y me llevan detenido con forcejeo entremedio, con golpes, uno directamente en mi cara que resultó en una desviación del tabique”, cuenta con voz tímida sobre el día de su detención.

Días después, lo acusaron de haber confeccionado material explosivo, un argumento que, al igual que en el caso de Camilo, no se condecía con el motivo por el que lo había retirado su apoderado en comisaría, esta vez por desórdenes graves.

El 3 de junio el instituto levantó los cargos en contra del joven, lo cual, sin embargo, no dejó conforme a su madre, quien aún recuerda la angustia que sintieron como familia durante el proceso. 

“Si no hubiéramos podido conseguir las cartas de los profesores, ¿cómo íbamos a salir de este proceso? Si era la palabra de los poderosos contra de nosotros, que éramos nadie ante ellos. Una acusación que se hizo sin pruebas donde ya mi hijo era un delincuente, donde ya fabricaba bombas y donde ya había una acusación previa”, cuenta la apoderada.

Un estado de desgaste emocional que también han sentido las familias de Camilo y Aurora, que tuvieron que adecuar sus horarios laborales y compromisos para poder acompañar a sus hijos. “En el fondo, el tiempo que te ocupa es todos los días. No sólo los trámites, sino que pensar qué hacer, cómo comunicarse”, afirma Jara.

“Para mí sí es un desgaste psicológico, desde el hecho de ver a mi hija que está acá, siendo que ella es buena alumna, y tenerla aquí en la casa toda preocupada porque no quiere perder el año”, cuenta con voz quebradiza Marcela Garrido, la mamá de la  joven. “A mí no me gustaría que les pasara a otros chicos lo mismo que le están haciendo a ella y a otros apoderados. Entonces siento rabia y lata porque ellos no ven el daño que hacen, ¿cachai? Porque uno es fuerte, pero a mí sí me daña lo que le están haciendo a la Aurora”, continúa Garrido.

Según Vanessa Hermosilla, directora ejecutiva de la ONG Emprender con Alas, el impacto en los jóvenes es real. En base a un catastro realizado en las comunidades educativas que se han visto afectadas por Aula Segura, las profesionales dicen que han observado la existencia de rasgos comunes en los jóvenes. “Se sienten apartados, maltratados, abandonados. Tienden a apartarse y quedarse en sus casas, a no hacer nada, piensan en dejar de estudiar”, señala.

Un punto crítico que se agrava, según la experta, por la falta de protocolos que ayuden en el reingreso de esos estudiantes a la comunidad. “Cuando ellos vuelven a estudiar no hay ningún procedimiento que los acompañe para poder colaborarles psicológicamente o psicopedagógicamente en la reintegración a su establecimiento educacional. Es más, se encuentran con una carga de aprendizaje de materia y rendición de pruebas que también los estresa muchísimo”, subraya Hermosilla. Una sensación de injusticia y falta de reparación que han experimentado las tres familias.

“Nadie le pidió disculpas a mi hijo. Nadie le dijo: ‘oye, pucha nos equivocamos, lo hicimos mal, estamos aplicando algo en lo que no estábamos capacitados, discúlpanos’. Yo hablé con el encargado de convivencia, le pedí que tenía que haber una reparación, o sea, que ellos tenían que verlo porque yo sé que psicológicamente fue un daño”, dice la madre de Agustín.

 

AULA SEGURA EN PRIMERA PERSONA

Mientras que Aurora fue reintegrada el 10 de julio al Liceo Darío Salas, Camilo tuvo que apelar a la reconsideración de la expulsión para poder volver a su sala de clases, lo cual tomó otros cinco días en los cuales aprovechó para ponerse en contacto con profesores y reunir nuevas pruebas. 

Fue por esto que el 25 de julio, cuando abandonó junto a su familia el despacho de Fernando Soto, rector del Instituto Nacional, Camilo estaba aliviado. Luego de más de un mes de incertidumbre por fin se le había notificado la reincorporación y quedaba exonerado de todos los cargos. Afuera de la oficina, seis de sus amigos lo estaban esperando para hacerle barra.

Para la joven del Darío Salas, por otra parte, el levantamiento de los cargos no fue tan reconfortante como esperaba. “La Aurora iba a quedar condicional, pero por el término de semestre. Después que pasaran unos meses, depende de cómo se comportara, le podían bajar la condicionalidad”, cuenta su mamá.

Para la adolescente eso era como atarla de manos. “Yo no podía estar involucrada en nada dentro del liceo. O sea, si yo cometía la más mínima falta ellos iban a poder expulsarme”, agrega la joven con tono suave.

La madre de Camilo, Klaudia Hernández, también manifestó su preocupación al rector por la posible estigmatización de su hijo. “Dijo que no iba a suceder eso, pero que sí conversáramos con él, que lo enrieláramos un poco para que terminara bien sus estudios. Aquí uno se da cuenta de que todo este tipo de medidas son para reprimirlos, para buscar también medidas que los asuste, que los contenga, que haga que los muchachos no se organicen”, dice la apoderada.

El “fin formativo” es un elemento por el que Aula Segura no se preocupa, según María Paz Domínguez, directora de Compás Pedagógico, organización que busca fomentar la participación a través de la educación. “El debido proceso me parece súper importante, pero me parece que hay un error previo que es haber implementado una ley que convierte a profesores y directores en tribunales de justicia porque son educadores, no son abogados”, argumenta la experta en educación. 

“Parte del tema es que estas cosas fracturan a las comunidades educativas, entonces hay que buscar cómo manejamos el conflicto de otra manera. Por supuesto si hay una medida que se tomó de forma equivocada debiera haber una disculpa pública, debiera haber una restitución de dignidad”, continúa Domínguez.

En la misma línea, el padre de Camilo considera que Aula Segura coarta los derechos de los estudiantes a manifestarse críticamente. “En los estamentos internos del instituto, dicen que quieren gente pensante, que quieren gente que luche, que manifieste su pensar sanamente y eso es lo que hace Camilo, pero se contradicen. Eso no está funcionando y no está funcionando por esta ley maldita, una ley que es irregular, que, en vez de apaciguar los ánimos, los encendieron más y cae justo por pecador”, manifiesta el apoderado.

Luego de haber vivido Aula Segura en carne propia, Camilo dice sentirse enrabiado con el establecimiento. También asegura que, no obstante el proceso que tuvo que pasar, quiere seguir participando de las asambleas y movilizaciones para abordar las problemáticas de su instituto. 

“La dirección es doble cara. Dice que ayudan, pero no hacen nada. Ese mismo día que me fui detenido, varias inspectoras estaban aplaudiendo el actuar de Carabineros. ¿Cómo vas a aplaudir eso, si están tomando a cabros que no estaban haciendo nada? La institución se preocupa más de la insignia que de las propias personas”, sostiene el estudiante.

Para Hermosilla, esto hay que pararlo ya. Además del daño psicológico, según la directora de la ONG Emprender con Alas, se está provocando que los jóvenes tomen caminos violentos. “El artículo 2 y 9 de la Ley General de Educación dice que los niños deben ser formados en una cultura de paz y, en el periodo crítico de 13 a 17 años donde yo me formo socialmente, estoy yendo al colegio y tengo el ramo de violencia, de abuso, de corrupción y falta de ética, y lo estoy teniendo de los adultos. El impacto de que me tomen preso es que me ‘ensucien los papeles’. Los chicos se están yendo de los colegios antes de que les hagan eso”, explica.

 

SIN RESPUESTAS

Actualmente Aurora se encuentra estudiando en un nuevo colegio. Pese a conseguir que se levantara su suspensión en el Darío Salas, la joven fue diagnosticada con depresión y considera que el daño que recibió por parte del establecimiento fue mucho más profundo y de larga data. Dice que desde inicio de semestre han expulsado a sus amigos de forma progresiva, todo “a raíz de puras mentiras”. “Uno le toma cariño al liceo, a las personas, pero ya de mi círculo cercano no queda nadie más”, dice la adolescente.

“Es fome ver que tantos alumnos están pasando por lo mismo, con depresión o súper mal emocionalmente, o que están teniendo problemas con sus familias por la situación. Es chocante”, cuenta Aurora.

Pese a que The Clinic intentó ponerse en contacto con las autoridades del Liceo Darío Salas para conocer su respuesta ante la situación narrada por la estudiante, desde el establecimiento respondieron que no están realizando declaraciones sin autorización del sostenedor, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri.

Misma respuesta que entregó el Instituto Nacional, aunque desde rectoría afirmaron que, de todos los sumarios a estudiantes por la aplicación de Aula Segura, la gran mayoría no había resultado en la expulsión.

 

*Para la realización de este reportaje, la identidad de los menores de edad fue modificada. A su vez, a solicitud de los entrevistados, se cambiaron los nombres de dos apoderados.