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Opinión

14 de Noviembre de 2019

[Columna de Antonia Rivas] Catrillanca: una lección no aprendida

"Esperamos que esta vez la magnitud de los hechos obliguen al Estado a investigar todas y cada una de estas denuncias, pero también nos impulsen a refundar Carabineros de Chile, en el marco del respeto de las obligaciones de derechos humanos que el país ha contraído, delos derechos laborales de los mismos Carabineros, transformándola en la institución policial que el Chile de hoy exige y requiere", escribe Antonia Rivas.

Antonia Rivas
Antonia Rivas
Por

Antonia Rivas Palma

Autora Capítulo Derechos de los pueblos indígenas.

Informe de Derechos Humanos Universidad Diego Portales.

Abogada, Universidad Diego Portales.

Doctora en Antropología, Universidad de California, Berkeley.

Hace 1 año murió, asesinado por miembros de las Fuerzas Especiales de Carabineros, el joven mapuche Camilo Catrillanca al interior de la comunidad Temucuicui. La historia es conocida por todos. Su muerte no fue casual o fortuita, sino el resultado de un patrón de malas prácticas institucionales y vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de Carabineros, que lamentablemente hacían presagiar un resultado así. Hoy vemos con pesar cómo esos patrones se repiten, e incluso empeoran, en el actuar de Carabineros en los 28 días seguidos de protestas en el país

Desde hace varios años que en el capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas en Chile del Informe de DD.HH. de la Universidad Diego Portales venimos denunciando las prácticas abusivas y contrarias a los derechos humanos por parte de Carabineros de Chile (incluso contrarias a sus propios protocolos) hacia miembros del pueblo mapuche. El Informe de este año no es la excepción. En diversas oportunidades se ha constatado el uso desproporcionado de la fuerza, la militarización de la respuesta policial, los violentos allanamientos a comunidades mapuche y las vulneraciones al derecho a la integridad física y psíquica de sus miembros, especialmente niños, niñas y adolescentes.

Como expresamos en el Informe, la excesiva militarización de la zona, la poca preparación de Carabineros en derechos humanos y el tratamiento de problemas interculturales, el uso de la Ley Antiterrorista en el enfrentamiento de la protesta social mapuche, la decisión política de enfrentar el problema como de seguridad pública y pobreza–y no desde la óptica de los derechos humanos de los pueblos indígenas– hacían presagiar una tragedia así́.  No hemos sido los únicos que han denunciado esta situación; múltiples son los documentos y acciones judiciales presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diversos otros organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que apuntan a lo mismo.

También nos hemos referido en el informe junto con muchos otros casos, a la Operación Huracán, donde se comprobó que Carabineros habían urdido un complejo montaje de falsas intervenciones telefónicas para acusar a 8 comuneros mapuche que fueron detenidos y luego absueltos. Ya entonces llamamos a una restructuración de la institucionalidad policial, poniendo fin a su lógica militarizada e impulsando la creación de una fuerza policial civil, con importantes funciones en inteligencia para detener eficazmente la violencia, pero capacitada verdaderamente en el respeto de los derechos humanos.

Hoy, lamentablemente, somos testigos nuevamente del actuar atentatorio de Carabineros contra los derechos humanos, esta vez no solo en contra de miembros del pueblo mapuche, sino de miles de chilenos que se han manifestado en las diversas jornadas de protesta a lo largo de todo el país, y han sido violentamente reprimidos por la fuerza policial. La actuación de Carabineros ha respondido a los mismos patrones de conducta que en la protesta mapuche, pero se ha visto exacerbada por los 28 días ininterrumpidos que lleva el conflicto, el desgaste y cansancio de la fuerza policial, la masividad de las manifestaciones y la falta de control político. Se han reportado innumerables casos de violaciones de Derechos Humanos que no responden a la obligación del uso proporcional de la fuerza, constatándose, como es de público conocimiento, muertes que serían consecuencia del actuar policial, graves lesiones oculares, golpizas, heridos, violencia sexual a personas ya detenidas, entre otras vulneraciones.

Esperamos que esta vez la magnitud de los hechos obliguen al Estado a investigar todas y cada una de estas denuncias, pero también nos impulsen a refundar Carabineros de Chile, en el marco del respeto de las obligaciones de derechos humanos que el país ha contraído, delos derechos laborales de los mismos Carabineros, transformándola en la institución policial que el Chile de hoy exige y requiere. Hoy recordamos a Camilo Catrillanca, pero también a Alex Lemun (2002), Juan Collihuin (2006), Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009), que murieron asesinados debido al actuar de distintos funcionarios de Carabineros, en medio de acciones de protesta social mapuche. Y recordamos especialmente, al joven Brandon Hernández Huentecol, a quien un carabinero le disparó a quemaropa más de 180 perdigones por la espalda en medio de un control policial. Brandon aún vive con muchos de esos perdigones en su espalda, esperando quizás, al igual que muchos de nosotros, que esta violencia innecesaria nunca vuelva a repetirse.

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