Columna de Javier Velasco: Dos tareas urgentes para legitimar la futura Constitución

Los procesos fallidos de reforma constitucional de 2005 y 2016 ofrecen lecciones sobre aquello que debemos asegurar para darle a nuestra nueva Constitución, la legitimidad que la constitución pinochetista jamás tuvo. De la reforma de Lagos, que prometía poner término a la transición, debemos aprender que la participación ciudadana es indispensable para que este proceso jurídico tenga efectos políticos. Luego, de la reforma de Bachelet, que terminó siendo apenas un sofisticado saludo a la bandera, quedó además la enseñanza de que dicha participación debe ser continua y vinculante.

La recepción que tuvo el acuerdo constituyente en la ciudadanía movilizada nos indica además que cualquier avance que solo incluya actorías institucionales, arriesga ser considerado como ilegítimo, y que no es posible avanzar en acuerdos convocantes mientras en las calles las violaciones a derechos humanos siguen desatadas. No cabe duda que debemos llegar al plebiscito de abril con una compleja sumatoria de condiciones de legitimidad, que incluya paridad, participación de independientes y cupos reservados para pueblos originarios, pero además, dos factores que quiero relevar en esta columna: la participación ciudadana vinculante, y el total respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales actualmente vigentes.

Sobre esto último no hay mucha vuelta que darle: la ilegitimidad de la constitución de 1980, además de provenir de su esfuerzo explícito por condicionar el sistema político al interés del pinochetismo neoliberal, proviene del contexto de su promulgación: además de ser escrita entre cuatro paredes por un grupo de hombres de la élite cívico-militar, la Constitución del 80 fue redactada mientras en Chile no había democracia y se vulneraban sistemáticamente los derechos humanos. Si queremos un cambio de régimen legitimado desde su origen, no puede repetirse este escenario por ningún motivo; para esto, el plebiscito de abril no puede desarrollarse en medio de crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por este gobierno desde octubre a la fecha.

Así mismo, la legitimidad de la futura Constitución, y con ella, del proceso de transformación institucional y del desmontamiento progresivo de los enclaves neoliberales, dependerá necesariamente de la participación ciudadana a lo largo de toda la asamblea constituyente. Dicho de otra forma, si la crisis tiene como causal la deslegitimación de las actorías y los mecanismos político-institucionales de la “política de los acuerdos”, entonces no basta con armar un nuevo órgano similar al actual congreso, que se encierre lejos de las y los ciudadanos a redactar normas. La creación de una nueva constitución no es un asunto puramente legislativo, debe ser una experiencia ciudadana, y si la asamblea nos excluye, será percibida apenas como un nuevo congreso, creado por este mismo congreso, arriesgando de paso la percepción de la futura constitución y los avances eventuales que pueda viabilizar.

Asegurar la participación ciudadana entonces, es una garantía para la ciudadanía, que a lo largo de la transición aprendió que sólo su intervención directa asegura que sus intereses estén representados; pero también para quienes hoy, desde las actorías sociales e institucionales, apuestan su capital político en llevar a buen puerto este proceso. Para hacer realidad esa participación, debemos revisar el proceso de movilizaciones, para entender dónde está expresándose el poder popular, y cómo conducirlo a que se traduzca de manera soberana en el proceso institucional. 

El pueblo chileno, desde antes incluso de fuéramos una nación independiente, se reúne en asambleas autoconvocadas a decidir; hay una línea común entre esos cabildos que nos dieron la independencia y aquellos que se levantan a lo largo del país en estos días. Resulta razonable pensar que, más allá de intentar una reinvención de la rueda o ponerse bajo el paraguas de una federación de gremios, es en estas instancias que el propio pueblo se ha dado, donde podemos encontrar la clave de una autorepresentación soberana que influya efectivamente en la asamblea constituyente.

Debemos estudiar entonces, mecanismos que fortalezcan a los cabildos y asambleas autoconvocadas e inserten su poder deliberante en la labor de las y los asambleístas, por canales legitimados que además, puedan proyectarse más allá del escenario constituyente. Para esto se requiere al menos, un compromiso social de las y los candidatos a la constituyente que estén del lado de las transformaciones, con un organismo representativo de la voluntad de los cabildos, que obligue a los primeros, a tener como marco el trabajo desarrollado de los segundo. Los cabildos podrían ofrecer así una hoja de ruta para las y los asambleístas, que indique lineamientos y temáticas mínimas que deben discutirse en la convención. Dicho compromiso podría además obligar a quienes resulten electos a acudir periódicamente a los cabildos a discutir con la ciudadanía, marcando así una línea entre quienes tienen la voluntad de representar al Chile que despertó, y aquellos que nuevamente irán a cautelar el legado de Pinochet.

De nosotras y nosotros depende sacar adelante un proceso legítimo, que abra la puerta a un nuevo régimen político del que todas y todos tengamos la convicción de ser parte. No podemos descansar sino hasta asegurar estas condiciones, porque esto determinará el juicio que las generaciones futuras harán del resultado del estallido social y nuestro rol en el proceso, cuestión que, como nos muestra nuestra propia experiencia con la transición y la constitución del 80, será central en la estabilidad y proyección del pacto social que estamos construyendo.