Si bien la Contraloría resolvió que el documento no viola la ley de compras públicas ni la ley de lobby, no hizo mención sobre el rol que cumplió Quiñenco en las tratativas que hubo en torno a un informe que, en su momento, le permitió a la administración de Piñera deducir que había injerencia de otros países en el estallido social.
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