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Piñera respalda polémico control de identidad: “Todas las personas tienen que permitir que se practique y no resistirse”

No obstante, el Mandatario recordó que Carabineros debe cumplir con "protocolos que regulan el uso de la fuerza". Por esta razón, planteó que el Gobierno pidió a institución policial que "entregue toda la información disponible a Fiscalía", para verificar "si se respetaron los derechos de las personas".

El Presidente Sebastián Piñera se refirió por primera vez al asesinato de Francisco Martínez, el malabarista de 27 años que falleció en Panguipulli tras recibir disparos de un funcionario de Carabineros. El Mandatario respaldó a la institución policial y defendió el control preventivo de identidad.

No obstante, comenzó a entregando sus condolencias a la familia de Francisco Martínez. “Siempre la muerte es dolorosa”, dijo, además de “solidarizar con su familia, que está hoy día en una ceremonia de entierro”.

Con respecto al control preventivo de identidad, el Mandatario comentó que “es un instrumento legal, es útil y necesario para proteger el orden público, para proteger la seguridad ciudadana, y en consecuencia todas las personas tienen que permitir que se practique y no resistirse”.

Luego expresó su “respaldo” y “apoyo a Carabineros de Chile, que es una institución fundamental y es la primera línea en el orden público, la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la democracia”.

Asimismo agregó: “todos tenemos que actuar dentro del marco de la ley y le corresponde a la Fiscalía investigar y a los tribunales juzgar cuando alguien se sale de ese marco”.

Eso sí, el Mandatario enfatizó que “Carabineros debe cumplir con los protocolos, hay protocolos sobre como se debería hacer el control preventivo de identidad, hay protocolos que regulan el uso de la fuerza, hay protocolos en el uso de armas de fuego, que está permitido solo en casos extremos”.

Por esta razón, señaló que “como Gobierno le hemos pedido a Carabineros que entregue toda la información disponible a Fiscalía para que investigue y a los tribunales de justicia para que juzguen si se cumplieron los protocolos, si se respetaron los derechos de las personas”.

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