Radiografía al severo Tricel que puso contra las cuerdas a los independientes

El fallo que dejó sin reelección a Claudio Castro en Renca encendió todas las alertas en el mundo político sobre el rol que ha comenzado a jugar el otrora predecible Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en las contiendas electorales. La última instancia de la justicia electoral, la que aprueba o rechaza candidaturas sin posibilidad de apelación, no sólo puso en jaque las aspiraciones de una de las figuras con más proyección de la centroizquierda, sino que barrió con varias candidaturas que quedaron en el camino. 

Y todos los casos mostraban un patrón: la severidad con que actuó el que hasta hace no mucho, era una instancia prácticamente ausente del debate público. Pero el actual tenor de las resoluciones del Tricel, ya se vislumbraba en un par de casos que remecieron el naipe de candidatos y que mostraron que al tribunal no le temblaría la mano. Fue lo ocurrido con las postulaciones de la influyente abogada Verónica Undurraga y de la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda. En ambos casos, el Tricel se cuadró con el Servel y se negó a reconocer que ambas profesionales cumplieran con los requisitos como independientes. A pesar de los esfuerzos de ambas por demostrar que no militaban, todo fue en vano. 

El portazo a dos figuras emblemáticas en su intento por llegar a la constituyente, comenzó a armar un escenario que, hasta hace sólo meses, era prácticamente inédito y que hoy tiene a muchos buceando en las razones detrás de este “endurecimiento” del Tricel. 

DOS ALMAS

Conocedores del organismo apuntan a dos factores como claves: la influencia de su presidenta, Rosa Egnem, y el desorden en la desafiliación a los partidos políticos. 

Sobre el primer punto y fuera de micrófono, dirigentes partidarios recalcan el rol de la jurista por contar con una matriz ideológica más conservadora y de apego al derecho. Esto, por cierto, no fue impedimento para su nombramiento en la Corte Suprema, a propuesta de Michelle Bachelet en su primer gobierno, cuando competían los ministros Julio Torres, Alfredo Pfeiffer, Víctor Montiglio y Carlos Aránguiz. En la ocasión, el criterio de género fue fundamental: el 2009 era la quinta mujer en integrar el máximo tribunal en toda su historia. 

Durante la dictadura, en tanto, la cosa fue distinta. Tuvo una compleja vinculación con el caso “Masacre de Laja”, al ocultar un parte policial que daba cuenta de inhumaciones ilegales, luego de la ejecución de 19 personas el 18 de Septiembre de 1973, cuando era Secretaria del Juzgado de Letras de Yumbel. 

Fuentes del primer gobierno de Bachelet, sin embargo, señalan que este antecedente no hizo mella en lo que recuerdan una nominación “tranquila”, donde la ratificación del Senado fue unánime. En las actas de la Cámara Alta, quedó registrado que pesó el hecho de ser una funcionaria de carrera “apuntando siempre a su modernización (del Poder Judicial), relacionados con el funcionamiento de los tribunales de familia, la mediación”, sostuvo el entonces senador Alberto Espina al relatar la entrevista que tuvieron con Egnem en la Comisión de Constitución, previo a su nominación.

Una carrera que al interior del Tricel tiene como contrapunto al histórico socialista Jaime Gazmuri, a quien se le reconoce una mayor inclinación a favorecer la vida partidaria, dada su larga trayectoria en ese mundo.  Ex senador, transversalmente respetado por su visión “institucional” de la política, su trayectoria política fue desde la DC en los años sesenta, hasta el PS renovado, pasando por el MAPU durante la Unidad Popular. Luego de ser parte del directorio de TVN, salió electo en el concurso de conformación de la actual mesa del Tricel. 

Egnem y Gazmuri representarían así las dos almas del Tricel. Dualidad que quedó en evidencia tanto en el caso de Castro como en el de Undurraga. 

En el primero, fuentes consultadas acusan un fallo demasiado apegado al tenor literal de la ley, obviando “principios” democráticos como la participación ciudadana. 

De hecho, la decisión da cuenta que esta interpretación hizo aflorar la tensión. A la mayoría encabezada por Egnem que echaba por tierra la candidatura de Castro por no ajustarse a los tiempos de la ley, se sumó también el ministro Ricardo Blanco -quien además fue partidario de rechazar las candidaturas de Alejandra Sepúlveda y Verónica Undurraga-, jurista que cultiva el bajo perfil y que fuera nombrado en la Corte Suprema en el primer gobierno de Sebastián Piñera, imponiéndose a la candidatura del juez Juan Manuel Muñoz, fuertemente resistido por las organizaciones de DD.HH. por sobreseer a Augusto Pinochet cuando en 1984 fue querellado por negociación incompatible al adquirir un bien raíz en El Melocotón mientras era Juez del Crimen de Santiago. 

Sin embargo, hubo dos votos disidentes: el ex senador Gazmuri y  el ministro Juan Eduardo Fuentes. Oriundo de San Carlos, de carácter conciliador y de familia ligada al Poder Judicial, en el mundo de los abogados le adjudican a Fuentes una sensibilidad DC. Tuvo participación en el Caso Víctor Jara: inculpó como autor de homicidio al coronel (R) Mario Manríquez en el 2008.

Tanto Gazmuri como Fuentes empujaron “los principios constitucionales electorales de la pro participación electoral de los ciudadanos con derecho a elegir y ser elegido a que se refiere el artículo 13 de la Constitución Política de la República”. Diferencias que también se vieron reflejados en la sentencia contra la candidatura de Undurraga, donde el voto minoritario de Gazmuri, nuevamente, destacó elementos como el “principio de pro participación ciudadana, como una extensión de la soberanía”.

Sin embargo, otras fuentes matizan la hipótesis de la hegemonía de un sector y, más bien, apuntan al resguardo que tendría ahora el Tricel ante la proliferación de certificados de desafiliación a los partidos, emitidos con cierta ligereza por la totalidad del sistema de partidos, para hacer frente a la “Ley Antidíscolos”. 

Así lo sostiene el abogado y académico de la Universidad de Chile, Jorge Barrera. “Esta práctica, habitual en todos los partidos de izquierda y de derecha, se detuvo cuando el Servel comenzó a aplicar fuertes multas a los mismos partidos por no mantener actualizados de sus registros de afiliados (…) Así, sin esos certificados, los candidatos este año se quedaron sin poder rendir “prueba” y terminaron rechazados”. Consciente de esta situación, el Tricel se alineó con la doctrina del Servel y no ha dudado en mostrarse estricto con todo candidato que no logre acreditarse como independiente en los plazos irrefutables de la ley. 

“LA NORMA ES UNA SOLA”

Claro lo deja a The Clinic Jorge Dahm – recordado ministro de la Suprema por casos emblemáticos como el de Tucapel Jiménez-  y hoy vocero del Tricel. “Esto no se trata de la Ley Antidíscolos, es norma constitucional. Dicho vulgarmente, el 25  de octubre no puede acostarse hombre y el 26 despertar siendo mujer. El 26 es o no es, no más. Y no puedo estar haciendo excepciones a dedo. La norma es una sola y se aplica pareja para todos”, dice. 

“Los tribunales electorales están obligados a actuar conforme a la normativa, yo no puedo inventar. Puedo tener flexibilidad para apreciar la prueba, tal vez me presentaron un papel más o menos no más y me deja algún grado de flexibilidad, pero para resolver debo aplicar la ley, y ahí no hay vuelta que darle”, agrega.

Criterio implacable que ya se había expresado a inicios de febrero por el Tricel, cuando el pacto Apruebo Dignidad -FA, PC y FRSV- fue a reclamar al tribunal la aplicación del concepto “cebra” del Servel para asegurar la Paridad de Género en la Convención Constitucional. Los dirigentes de ese pacto y el movimiento feminista aún lo recuerdan y lamentan: rechazado por unanimidad por presentar el escrito fuera de plazo.