Es hora de ampliar la mirada: Cinco constituyentes adelantan discusión sobre patrimonio cultural

En el Día del Patrimonio, con un proyecto de ley en tramitación y ad portas de que comience el trabajo de la Convención Constitucional, el tema está en la agenda. Aquí, distintos constituyentes cuentan qué aspectos son imprescindibles de incluir en el debate. La identidad y autonomía de los pueblos originarios, la protección del medio ambiente y la descentralización son algunos de los tópicos que más se repiten.

Se construyó hace 148 años, es Monumento Histórico hace 40 y demoró cuatro en restaurarse. La dirección es Huérfanos 1515 y su nombre el Palacio Pereira. El edificio patrimonial ha sido una mansión familiar, sede del Arzobispado de Santiago y un liceo de niñas. Pasó por su máximo deterioro y desde julio, ya en perfectas condiciones, será uno de los lugares de trabajo de la Convención integrada por los 155 constituyentes.

Pero el edificio que hoy brilla es la excepción y no la regla. Tanto expertos académicos como territoriales califican como “crítico” y “desastroso” el estado actual del patrimonio cultural en Chile.

Umberto Bonomo, director del Centro del Patrimonio Cultural UC, considera que la legislación y la institucionalidad son herederas de una visión monumentalista que no refleja la diversidad y riqueza del patrimonio expresado en prácticas, tradiciones, gastronomía, pueblos originarios, identidades, idiomas, entre otras dimensiones. A esto se suma la exposición a desastres naturales y la escasa educación patrimonial que considera hay en el país.

“Es absolutamente fundamental que este sea un eje de la discusión constitucional. El patrimonio debe constituirse como un nuevo pacto social y cultural para Chile, para fundar las bases de la nueva Constitución chilena”, afirma.

La imagen muestra las obras al interior del Palacio Pereira durante los últimos años.
El Palacio Pereira durante su restauración. Crédito: Agencia Uno

Alejandro Correa es dirigente social del barrio San Eugenio y en los últimos ocho años ha trabajado por la protección de ciertos edificios del lugar, como la fábrica Yarur, el teatro Septiembre o la población Arauco.

Como experto territorial, considera que desde el Estado faltan subvenciones que permitan cuidar no sólo el patrimonio arquitectónico, sino que también el que refiere a la historia de las personas, sus oficios y tradiciones. “Sin memoria no hay historia. Tenemos que conservar el origen de nuestras poblaciones”, dice.

“Es absolutamente fundamental que este sea un eje de la discusión constitucional. El patrimonio debe constituirse como un nuevo pacto social y cultural para Chile, para fundar las bases de la nueva Constitución chilena”, afirma Umberto Bonomo.

Para él, la legislación carece de una participación vinculante de la ciudadanía, con una mirada técnica que no posee un conocimiento real de los territorios.

Desde 1925

La preocupación por el patrimonio cultural es compartida, pero en el cómo resguardarlo existen desencuentros.

En junio de 2019 el gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto de ley de Patrimonio cultural, que busca modificar la actual Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales que data de 1970 y que consolida una normativa de 1925. Es decir, no han habido cambios relevantes en casi 100 años.

La normativa vigente considera la identificación y protección del patrimonio histórico, arqueológico y monumental, junto con el patrimonio urbano. Sin embargo, funciona de manera centralizada, no entrega recursos para la protección ni cuenta con procedimientos y plazos, de acuerdo con expertos.

El patrimonio urbano ha sido destacado, particularmente, en las celebraciones del Día del Patrimonio Cultural, el 29 de mayo de cada año. En la foto, la Plaza Sotomayor en Valparaíso. Crédito: Agencia Uno.

Entre las principales apuestas del nuevo proyecto de ley están la consideración del patrimonio material e inmaterial, se incorporan nuevas categorías de protección, se añaden recursos para la gestión y salvaguardia del patrimonio, se incluyen herramientas para fortalecer su protección y se actualiza la composición del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y los Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“La normativa vigente considera la identificación y protección del patrimonio histórico, arqueológico y monumental, junto con el patrimonio urbano. Sin embargo, funciona de manera centralizada, no entrega recursos para la protección ni cuenta con procedimientos y plazos, de acuerdo con expertos”.

Tras casi dos años en la comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el 24 de marzo pasado el gobierno formuló una indicación sustitutiva al proyecto de ley y le puso suma urgencia a su tramitación, lo que generó la reacción y encendió las alarmas de diferentes organizaciones ligadas al tema.

Y las críticas al proyecto son varias: se cuestiona la no realización de consulta indígena, las competencias del futuro Consejo Nacional del Patrimonio Cultural en términos ambientales, la no inclusión de las universidades regionales en este organismo, entre otros aspectos que fueron recogidos en una declaración firmada por distintos gremios, ONG, asociaciones de funcionarios, fundaciones y académicos.  

En la carta, publicada luego del anuncio, denuncian que este proceso se lleve a cabo en medio de una pandemia y que busque “anticiparse al proceso constituyente, y así dejar amarres para asegurar los intereses de la elite económica”. Se afirma también que “el proyecto se ha realizado bajo montajes de participación ciudadana y sin consulta indígena, lo que hace de esta una iniciativa profundamente antidemocrática y discriminatoria”.

Manifestaciones en contra de la Ley de Patrimonio propuesta por el gobierno. Crédito: Frente del Patrimonio.

A esta preocupación se sumó la de 26 constituyentes que, desde el Frente del Patrimonio, el 19 de mayo pasado redactaron una carta que llama a los parlamentarios a rechazar este proyecto de ley. Lo consideran “ilegítimo e inconsulto”, argumentando que “atenta contra la soberanía del proceso constituyente y contra el patrimonio cultural de Chile”.

Pueblos originarios

En menos de dos meses comenzará el diálogo más importante del país, en que 155 representantes deberán acordar qué derechos quedarán estipulados en la Nueva Constitución. ¿Qué temas se tocarán en la Convención Constituyente en relación al patrimonio cultural? The Clinic conversó con cinco constituyentes, de distintas listas, ocupaciones y distritos, que están convencidos de que este debiese ser un derecho plasmado en la nueva Carta Fundamental.

“El patrimonio de Chile es en su mayoría de los pueblos originarios”, dice Elisa Loncon, profesora y mapuche.

Sobre la ley, afirma que debiera detenerse su tramitación, ya que no fue sometida a Consulta Indígena, y garantizar los derechos del patrimonio en la Constituyente: “Una comisión técnica jamás va a saber vivir de este vínculo espiritual que tienen los mapuche. No se puede tramitar una ley que desconoce a quienes dan sentido a ese patrimonio”.

Para los constituyentes, es necesaria una discusión descentralizada sobre el patrimonio chileno, incluyendo el patrimonio inmaterial. Crédito: Agencia Uno.

Pone de ejemplo el caso de los talladores: “Ellos cortan un árbol y hacen oraciones a ese árbol, hay texto, filosofía y pensamientos detrás del trabajo patrimonial”. Así se podrían sumar la producción de artefactos, tejidos, platería, rituales, las lenguas.

Loncon agrega que en la Constitución el patrimonio debiese garantizarse “como el derecho de los pueblos a vivir en sus respectivos territorios y darles el uso a las riquezas que allí existen para resolver sus necesidades cotidianas, espirituales, y contribuir desde sus saberes ancestrales”.

“Una comisión técnica jamás va a saber vivir de este vínculo espiritual que tienen los mapuche. No se puede tramitar una ley que desconoce a quienes dan sentido a ese patrimonio”, plantea la constituyente Elisa Loncon.

El escaño correspondiente al pueblo quechua lo ocupa el gestor cultural Wilfredo Bacián. En su visión, el patrimonio tiene que ver con el legado ancestral que les han dejado sus antepasados y que hoy las comunidades son sus guardianes de protección y cuidado.

Para el constituyente este tema en la Constitución tiene que ver con el derecho a la autodeterminación y la territorialidad sobre los recursos naturales y el patrimonio: la arqueología, los asentamientos antiguos, los cementerios indígenas, la historia misma de su pueblo.

“Hoy nosotros aspiramos a que seamos los pueblos los que tengamos la potestad y que no sea el Estado a través del Consejo de Monumentos que diga lo que se hace y lo que no se hace”, indica.

Naturaleza y descentralización

La abogada Manuela Royo es una de las representantes del distrito 23. Considera que este tema debe abordarse sí o sí en la Constituyente, pero abandonar concepciones más liberales de lo que se entiende por el patrimonio.

“Históricamente se ha asociado el patrimonio a la existencia de una cantidad de bienes, pero hoy es muy relevante comprender el patrimonio como algo mucho más amplio”, señala.

Royo se refiere a proteger las distintas manifestaciones artísticas y culturales, a concebir que la naturaleza también tiene una dimensión patrimonial y a proteger la cultura de los pueblos indígenas, “evitando así las utilizaciones de sus conocimientos como lo que pasa con la apropiación cultural”, menciona. Esto se traduce en un derecho a la identidad, a la cultura, y a la protección y resguardo de la naturaleza.

Jennifer Mella, abogada electa en el distrito 5 de la región de Coquimbo, representa comunas que están más aisladas de la capital regional, como Combarbalá, Río Hurtado o Monte Patria.

Wilfredo Bacián plantea que, entre otras cosas, la Constitución debe proteger la arqueología. En la foto, la devolución a la Comunidad Mau Henua de Isla de Pascua, vestigios arqueologicos, que fueron sacados de Rapa Nui hace siglos. Crédito: Agencia Uno.

“Yo vengo de zonas bastante descentralizadas donde hay un gran patrimonio inmaterial del que muy poco se habla y que quiero relevar, como lo es la agricultura y el campesinado”.

Coincide en que la definición de patrimonio es amplia y que se debe plantear la protección del medio ambiente y del agua. “El patrimonio cultural también implica cuáles son las formas de relacionarse que tienen las personas en un territorio determinado y qué es lo que la ciudadanía quiere proteger”, apunta. En este sentido, critica que el proyecto de ley actual no deja posibilidades suficientes de reaccionar u oponerse a megaproyectos de inversión.

“Históricamente se ha asociado el patrimonio a la existencia de una cantidad de bienes, pero hoy es muy relevante comprender el patrimonio como algo mucho más amplio”, señala la abogada y constituyente Manuela Royo.

Una de las constituyentes electa por el distrito 6, Carolina Vilches, es geógrafa y según su visión, la Carta Magna debe reflejar las distintas identidades del país, que son muy diversas por su geografía.

“Nuestra riqueza cultural es infinita y está muy conectada con los territorios, por lo tanto ser un país extractivista atenta profundamente a nuestras manifestaciones culturales”, afirma. 

También es clave, cuenta, tomar en consideración los oficios locales de las zonas rurales y barrios urbanos, lo que también aportaría a la producción local a baja escala. Además se debe aumentar el cuidado y protección de elementos patrimoniales como petroglifos y cree muy necesario un mayor reconocimiento hacia los sitios de memoria: “Un país sin memoria destruye su identidad y cultura”, dice.

Comentarios
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