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Columna de Gonzalo Muñoz: Políticas educativas para el ciclo post revuelta y pandemia: tareas ineludibles

La educación no ha sido un ámbito prioritario en el relato de las candidaturas, el tema prácticamente no ha existido en los debates y franjas y, por lo tanto, ha sido difícil armarse una idea clara respecto a las políticas educacionales que se propone sean prioritarias en los próximos años.

El problema: la educación como actor secundario en el debate sobre el futuro

A pesar de que durante el ciclo 2018-2021 no hubo cambios positivos relevantes para el sistema educacional, de que evidentemente el estallido social está muy conectado con las deficiencias e injusticias de nuestro modelo educativo y de que con la pandemia ha irrumpido una crisis socioeducativa que tiene consecuencias devastadoras para niños, niñas y jóvenes, la prioridad que ha tenido la agenda educacional en el debate público en el marco de la carrera presidencial ha sido preocupantemente pobre. La educación no ha sido un ámbito prioritario en el relato de las candidaturas, el tema prácticamente no ha existido en los debates y franjas y, por lo tanto, ha sido difícil armarse una idea clara respecto a las políticas educacionales que se propone sean prioritarias en los próximos años en esta agenda crucial para el nuevo ciclo que se está abriendo en nuestro país gracias a la movilización social.

Estamos a tiempo de revertir este problema y un ejercicio que puede ayudar es discutir sobre los principales retos que enfrentará la próxima administración en el sector educación. En mi opinión, hay que partir distinguiendo tres desafíos que ineludiblemente requerirán respuestas y acciones concretas en el próximo gobierno: i) responder a la crisis socioeducativa provocada por el Covid-19, cuyos efectos se irán haciendo cada vez más evidentes y perdurables en la medida que no sean abordados con la urgencia y prioridad necesaria; ii) recomponer el vínculo entre el Estado (y por tanto las políticas) y las comunidades educativas, severamente dañado en el período presidencial que ya termina, y iii) traducir eficazmente en un nuevo marco legal e institucional las definiciones que haga la Nueva Constitución, cuyo contenido el próximo gobierno no conocerá hasta ya avanzado su mandato. Tres desafíos de muy distinto orden, que son el “desde” para la política educacional del 2022 en adelante.

Tres desafíos prioritarios para la agenda educacional

Respecto a lo primero, y aprovechando el aprendizaje que está dejando la experiencia internacional, el país requerirá un plan contundente que permita contener las consecuencias sociales y educativas de la pandemia, una dura amenaza para el futuro de los niños y jóvenes, como han tratado de resaltar UNICEF y otros organismos en el último tiempo. Este plan debiera partir por establecer metas concretas y conocidas por todos en tres áreas clave: el aprendizaje de los estudiantes, el bienestar socioemocional y la salud mental de niños, jóvenes y adultos, y la protección de las trayectorias educativas. El Estado chileno deberá invertir recursos cuantiosos en mejorar las condiciones en las que operarán las escuelas en el período post-covid (por ejemplo, en materia de conectividad tecnológica y disponibilidad de equipos especializados para atender la salud mental de niños y adultos) y tomar medidas drásticas que descompriman la labor del sistema educacional (como suspender las evaluaciones estandarizadas). Sin duda habrá que priorizar la restitución de aprendizajes clave (lo que implica hacer algunas definiciones nacionales), confiando en la capacidad de las comunidades de organizarse para este fin y flexibilizando la normativa todo lo que sea necesario. La educación pública debiera ser el espacio institucional que ejerza el liderazgo en la ejecución de este plan, en un marco de colaboración con la provisión privada y de trabajo mancomunado con todo el sistema de protección social.

Recomponer la relación entre el Ministerio de Educación (junto a las otras instituciones que conducen las políticas) y las comunidades educativas será una segunda tarea ineludible en los próximos años. La distancia y conflicto entre la base del sistema educativo y la autoridad educacional se acrecentaron fuertemente durante el mandato del trío Varela-Cubillos-Figueroa, gracias a un tipo de relación (antes y durante la pandemia) basada principalmente en la confrontación, en la presión e incluso en el maltrato de quienes debieran ser aliados y contraparte de las decisiones de política educacional (sostenedores, directivos, profesores y asistentes de la educación). Para recuperar la confianza será clave construir canales de diálogo institucionales permanentes con los actores de la educación a nivel nacional y local, fortalecer con medidas concretas la autonomía pedagógica de los profesionales de la educación y cambiar el tono de la relación entre las autoridades del sistema y las comunidades, priorizando el apoyo a las mismas. Visibilizar y enfrentar decididamente este problema de confianza – que no se resolverá automáticamente con el cambio de autoridades – es condición base para asegurar el regular funcionamiento de nuestro sistema educativo y para viabilizar cualquier impulso de transformación a gran escala.

El Estado chileno deberá invertir recursos cuantiosos en mejorar las condiciones en las que operarán las escuelas en el período post-covid (por ejemplo, en materia de conectividad tecnológica y disponibilidad de equipos especializados para atender la salud mental de niños y adultos) y tomar medidas drásticas que descompriman la labor del sistema educacional (como suspender las evaluaciones estandarizadas).

En tercer término, construir un nuevo marco legal e institucional para el sistema educacional en base a la Nueva Constitución y poner en práctica sus definiciones será una de las tareas más complejas del próximo gobierno en el área. Por cierto, esto tiene una temporalidad distinta al caso de las dos prioridades ya descritas (donde lo esperable sería desplegar una estrategia de acción contundente desde el día uno), pues los procesos de propuesta y debate legislativo razonablemente debieran iniciarse una vez conocido y aprobado el nuevo texto constitucional, favoreciendo así la coherencia del nuevo marco normativo. La concepción del derecho a la educación, las responsabilidades del Estado, el financiamiento de la provisión educacional o el rol de la educación privada, son todas cuestiones cuya redefinición en la carta fundamental deberán traducirse en modificaciones en los principales cuerpos normativos del sector (partiendo por la Ley General de Educación). Todo parece indicar que los cambios serán varios y que éstos permitirán resolver gradualmente problemas endémicos del sistema educativo chileno. Será una tarea ardua, que requerirá mucha preparación, diálogo y eficacia legislativa en un período corto de tiempo.

La importancia de una visión sistémica del cambio en educación

Por cierto, el gobierno que encabece el siguiente ciclo tendrá varias otras tareas y necesidades urgentes que atender. Una de esas tareas tendrá que ser el rediseño del sistema de financiamiento de la educación inicial y escolar, pilar de la lógica de mercado y deuda principal de las reformas recientes. Otra importante, de amplio consenso en el mundo educacional, debe ser la producción de un giro en la lógica del sistema de evaluación o de “aseguramiento de la calidad”, para que éste sea un soporte al proceso de aprendizaje y no una fuente de presión y sanción para las comunidades. Complementariamente, habrá que mejorar significativamente la implementación de la Nueva Educación Pública, por medio de cambios legales, nuevos recursos y participación de los actores clave. Por último, deberá revisarse críticamente la carrera docente, llevando más lejos algunos de sus avances (sobre todo en el plano de las condiciones de trabajo), pero corrigiendo también sus problemas y consecuencias negativas, entre las que se cuenta un complejo déficit proyectado de nuevos profesores y profesoras.

Es importante tener claro que todas estas prioridades o reformas debieran sostenerse sobre la base de una visión respecto a la enseñanza y el aprendizaje que se espera predomine en la experiencia formativa de las nuevas generaciones. Abandonar la fe en el mercado como rector y los tests estandarizados como fin de la educación es fundamental, pero solo el comienzo de un cambio profundo. Paralelamente, hay que avanzar con decisión hacia una concepción educacional comprehensiva e integral, que deberá expresarse concreta y gradualmente en los distintos instrumentos curriculares que el país posee, con amplia participación de los actores de la educación. Sería un gran avance que el gobierno que venga anime esa discusión y al menos formule una propuesta que sintonice mejor tanto con las “habilidades del siglo XXI” como con la necesidad de darle mucha mayor pertinencia territorial y cultural al proceso educativo en nuestro país.

El gobierno que encabece el siguiente ciclo tendrá varias otras tareas y necesidades urgentes que atender. Una de esas tareas tendrá que ser el rediseño del sistema de financiamiento de la educación inicial y escolar, pilar de la lógica de mercado y deuda principal de las reformas recientes.

Abordar parcial o totalmente con éxito una nutrida agenda como la descrita hasta acá solo será posible en la medida que el próximo gobierno logre construir y comunicar un horizonte de cambio a mediano plazo, pero en base a un plan concreto de acciones que sea sensible al contexto educacional actual y sus necesidades prioritarias. El propósito mayor de ese horizonte debería ser proveer una experiencia educativa integral a todos los estudiantes, en base a una educación pública robusta, a una institucionalidad que pone el énfasis en el apoyo y la colaboración, y a una profesión docente que cuente con las mejores condiciones posibles para enseñar. La primera estación de ese trayecto será crítica, debido a que el gobierno entrante deberá responder eficazmente a los inéditos y urgentes desafíos actuales del sistema educativo, poniendo al mismo tiempo en marcha un set coherente de transformaciones mayores que estén basadas en la evidencia, que hagan sentido a la mayor parte del sistema educacional y que tengan la suficiente fuerza para perdurar en el tiempo.

*Gonzalo Muñoz Stuardo es sociólogo, Investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Ex jefe de la División de Educación General del MINEDUC y ex Consejero de la Agencia de Calidad de la Educación.

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