Tras la inclusión de dieciséis derechos sociales al texto constitucional, las inquietudes de la academia se centraron en si la Convención está diseñando un Estado que sea capaz de garantizarlos. Al respecto, Lovera apunta a que se han hecho esfuerzos al interior del ex Congreso para “aceitar la sala de máquinas”, a modo de soporte institucional y económico de esas garantías.“El desarrollo de los derechos sociales debiese estar en el poder político, en aprobar leyes que concreten las prestaciones sociales que se van a implementar con la nueva Constitución”, argumenta el académico de la UDP.