Columna de Isabel Plant | Casos de abuso: ¿Podemos informar sin revictimizar?

Dos casos de abuso sexual se han tomado los titulares en nuestro país, debido a lo mediático de sus involucrados. Por un lado está Eduardo Macaya, padre de un senador y dirigente político, quien ha sido condenado por dos delitos de abuso sexual contra menores. Y por otro, el famoso actor Cristián Campos es el centro de una querella por abusos sexuales cometidos en contra de Raffaella di Girolamo, su exhijastra e hija de una de las más reconocidas actrices de nuestro país, cuando esta era menor de edad. 

Aunque las instancias legales y las circunstancias de cada caso son distintas, lo que se ha vuelto a poner en relevancia es el tema de la revictimización versus la necesidad de informar. Si la justicia significa reparación, cómo podemos evitar volver a dañar a las víctimas o denunciantes y al mismo tiempo cumplir con el derecho de informarnos. Para las víctimas, el terminar con el secreto y exponer la verdad es un acto de valentía y también implica enfrentarse a su dolor nuevamente. Pero el poder sacar a la luz hechos horrorosos eventualmente ayuda a terminar con la impunidad. 

En 2022 la Ley Antonia – en honor a Antonia Barra- trató justamente la protección a las víctimas, en distintos ámbitos. Por ejemplo, introduce el derecho de la víctima a “no ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida”. También asegura la protección de sus datos personales, “su intimidad, honra y seguridad”. Para prevenir la victimización secundaria, exige que “la denuncia debe ser recibida en condiciones que garanticen el respeto por su seguridad, privacidad y dignidad”. 

La Ley Antonia modifica también la ley de libertad de opinión e información, asegurando que la víctima sea identificada solo con iniciales (cosa muy difícil de cumplir cuando son personajes públicos adultos) y añade: “Se debe evitar el uso de todo recurso editorial que dé cuenta de estereotipos o prejuicios respecto a su condición de víctima, eventual responsabilidad en los hechos, conductas anteriores o posteriores al delito o cualquier otro elemento que normalice, justifique o relativice la violencia sufrida”.

Lo que hemos visto en las últimas semanas con respecto a los casos ya mencionados justamente va en contra de este espíritu, cuando la sed de información natural se mezcla con el apuro mediático y el manoseo de las redes sociales. 

En el caso Macaya, el Tribunal Oral de San Fernando decretó no solo la prohibición de difusión de identidades de las víctimas cuando comenzó el juicio, lo que es lógico, sino también de los detalles del caso.

Se puede debatir si esto último no solo es excesivo, sino imposible en un caso de tanta atención y en el siglo XXI. Los detalles salieron publicados igual una vez conocida la sentencia y el Tribunal pidió “despublicar” a los medios que habían sido los originarios de la información, y también a todos los que replicaron su contenido.

Lo que nuevamente hace chocar a realidad versus la intención de la ley: ¿si mantenemos en secreto lo que hizo el señor Macaya, aunque sea de forma general, no estamos protegiendo también al abusador?  Si Macaya hubiera sido absuelto, ¿podríamos entonces sí conocer las pruebas que hipotéticamente lo dejaban libre? En este caso no es filtración de carpeta de investigación lo publicado, sino que extractos del fallo, lo que de alguna manera también sirve para explicarle a la sociedad porqué alguien es culpable y cómo se sanciona un abuso tan grave.

En los manuales informativos publicados en los últimos años por distintas organizaciones para cubrir casos de abuso, parte importante del trato que se debe dar a esta información es evitar las descripciones gráficas o sexualizadas; prohibir informar es muy difícil, el desafío es hacerlo con la mayor responsabilidad posible.   

Casi al mismo tiempo fue filtrado parte del testimonio de Rafaella di Girolamo, lo que no solo vulnera su derecho a la privacidad de su denuncia, sino que generó una marejada de opiniones en redes sociales. La misma Di Girolamo publicó luego un mensaje sobre cómo ella aceptó la revictimización al denunciar como adulta lo que habría sufrido de adolescente, pero criticó como “morbo” la exposición de los detalles. 

La madeja se enreda un poco más. No por ella ser una adulta debe perder la protección que la ley le asegura como denunciante. Tanto su abogado como el del acusado han lamentado la filtración porque entorpecería el proceso de la justicia. Pero en este caso particular la publicidad o la mediatización de la querella tuvo inicio en la vereda del equipo legal de la denunciante. 

Parte del trabajo de la Fundación para la Confianza, que es querellante, incluye perseguir casos como el de Campos que estarían prescritos; se entra a él sabiendo que, de ser culpable, no terminará en la cárcel, sino que lo que recibiría la víctima es la reparación de que la justicia sí considera su testimonio como verdadero, ayudando a su camino de sanación.

Pero cuando la Fundación anunció la querella lo hizo en X – o el antiguo Twitter-. Así, comenzó una mediatización y manoseo público inmediato del caso, inyectándolo directo en las redes sociales. Lo que buscan, se infiere, es que de ser culpable Campos reciba también la condena de la opinión pública. ¿Pueden esperar después de eso que el involucrado no se defienda al mismo nivel público con información que afectará a la posible víctima? ¿Pueden exigir que los medios se queden ajenos? 

Las filtraciones de carpetas de acusaciones de abuso generan un impacto que puede llevar a un juicio público paralelo al legal. Además, y como bien dice Di Girolamo, los comentarios de redes pueden hacer que otras víctimas no quieran denunciar para no someterse a ese escarnio. Pero aquí los mismos abogados querellantes, en la forma que escogieron de comunicar, ayudaron a convertir el caso en espectáculo. 

Son decisiones difíciles las legales y las informativas en cuanto a abuso. Contrapesar secretos feroces con la dolorosa luz, contrapesar lo que como sociedad le debemos a las víctimas con el derecho a la información. Contrapesar juicios justos para todos los involucrados, con el hambre voraz de opiniones antojadizas en redes sociales. Cómo ayudar a que las víctimas puedan rearmarse, sin volver a derribarlas con nuestra torpeza.