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23 de Septiembre de 2025

Alcaldesa Ripamonti debió dar pie atrás y pagar sueldos de agosto completos a funcionarios de consultorios de Viña del Mar a quienes busca reducirles el salario

En agosto, la alcaldesa de Viña del Mar buscó igualar los sueldos de los trabajadores de la atención primaria de salud, de manera que quienes llegaban a ganar incluso 14 millones de pesos, tuvieran una rebaja en su sueldo de manera progresiva; mientras que quienes ganaban menos, un aumento. A raíz de aquello, los funcionarios afectados presentaron recursos de protección, en los que alegan que se vulneran sus derechos a integridad psíquica, igualdad ante la ley, a una justa retribución y de propiedad.

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En agosto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, buscó igualar los sueldos de los trabajadores de la atención primaria de salud, de manera que quienes llegaban a ganar incluso 14 millones de pesos, tuvieran una rebaja en su sueldo de manera progresiva; mientras que quienes ganaban menos, un aumento.

Dicha propuesta respecto de una nueva tabla de remuneraciones en APS fue aprobada en una sesión del concejo municipal en que la alcaldesa, en ese entonces, dijo: “Esto es profundamente económico, pero también político. La nueva tabla responde justamente a esa doble dimensión. No se trata sólo de un ajuste técnico o administrativo, estamos hablando de condiciones estructurales que afectan directamente la capacidad del sistema para funcionar con legalidad y sostenibilidad”.

De esta medida, cerca de 440 profesionales se sintieron menoscabados, interponiendo cuatro recursos de protección, alegando que se vulneran sus derechos a integridad psíquica, igualdad ante la ley, a una justa retribución y de propiedad.

Así, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a comienzos de septiembre congelar la medida impulsada por la alcaldesa y que comenzaba a regir desde el 7 de agosto.

Y ahora, la Corporación Municipal de Viña del Mar tuvo que comenzar a pagar los saldos de los sueldos de agosto íntegros y sin las modificaciones propuestas por Ripamonti.

Con todo, la municipalidad envió un informe a la Corte con sus argumentos de fondo por los cuales pide desestimar los recursos de protección de los 440 trabajadores afectados por las rebajas salariales.

Enfatizan que la situación contractual está regida por la Ley 19.378, que fija el estatuto de atención primaria de salud.

“La aplicación del estatuto a los recurrentes necesariamente lleva a la conclusión que debe excluirse de plano la aplicación del Código del Trabajo, y en general, de ciertas figuras que estos plantean aplicar a este caso, como lo es la regla de la conducta o la noción de ‘derechos adquiridos'”, alegaron, según el documento al que tuvo acceso El Mercurio.

Los funcionarios, por su parte, apuntan a que en una negociación entre los gremios de salud y la corporación municipal, acordaron aumentos lineales de reajustes de sueldos base para cinco períodos previos.

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