No se trata de muertes ni de tragedias, sino de interrupciones que paralizan la red subterránea y obligan a detener trenes, evacuar estaciones y activar protocolos de emergencia. En una decena de causas judicializadas se detalla cómo Metro de Santiago ha llevado a tribunales a quienes descienden a las vías, buscando reparar los perjuicios económicos y operativos que dejan estos episodios. Más allá del morbo, los registros judiciales revelan no solo el costo real —en tiempo, dinero y gestión— de detener el sistema de transporte emblema de Santiago, sino también el reflejo de una ciudad marcada por el deterioro social y los problemas de salud mental.