Caminantes en las vías del Metro: las querellas, millonarios costos y protocolos detrás de un fenómeno masivo que refleja la crisis de salud mental en Chile 

A las 15:53 del 5 de mayo de 2024, en la estación Camino Agrícola, un hombre saltó el torniquete, caminó hasta el borde del andén y traspasó el letrero rojo que advierte “No pasar”. Luego bajó a las vías. No corrió ni gritó. Solo se sentó en el borde del túnel, con los pies colgando sobre las vías. Metro debió activar el protocolo de emergencia, consistente en el corte inmediato de energía, deteniendo el servicio público de transporte para protegerlo del atropello de un tren o de una descarga eléctrica, ya que las vías se encuentran electrificadas con 750 voltios continuos.

Con ello vino la suspensión total del servicio y evacuación de pasajeros. Durante 43 minutos, la Línea 5 quedó detenida. Miles de personas esperaron en andenes oscuros mientras Carabineros y personal de seguridad intentaban sacar al hombre del túnel.

El episodio, que según los cálculos de Metro le costaron a la empresa $14.777.851, no es un caso aislado.

En el último tiempo, casos como este se han multiplicado. Personas en “blackout” bajan a las vías del Metro: algunos confundidos, otros en crisis, sencillamente desbordados. El resultado es siempre el mismo: trenes detenidos, cortes de energía, miles de pasajeros evacuados y pérdidas millonarias.

Frente a la reiteración de estos casos, Metro decidió llevar la mayoría de ellos a tribunales. En los expedientes revisados por The Clinic se repite una misma imagen: detrás de cada interrupción hay rastros de precariedad mental, deterioro urbano y un sistema que responde con querellas a un problema que, cada vez más, parece social antes que delictual.

Código DG Pax: Corte de corriente por persona en peligro

Los funcionarios de Metro utilizan distintos códigos internos para clasificar las emergencias que ocurren en sus instalaciones. A los eventos asociados a suicidios se les denomina “Sigma”, mientras que los casos en que una persona desciende a las vías reciben el código “DG Pax”. En particular, refiere a un “corte de corriente por persona en peligro”.

Un ex conductor de la empresa, quien pidió reserva de su nombre y que trabajó durante ocho años en el sistema subterráneo, conoce bien esa jerga operativa. Según relata, los DG Pax ocurrían prácticamente todos los días.

“Existen muchos casos de personas que bajan a las vías: pueden ser vendedores ambulantes que ocupan los túneles para hacer sus necesidades. Metro no tiene baño y ellos pasan todo el día vendiendo sus productos, entonces ocupan cualquier rincón del andén o del túnel para orinar o defecar”, señala.

El exchofer explica que otras incivilidades dentro del Metro también pueden terminar en un DG Pax. “Los lanzas, cuando son descubiertos robando, muchas veces arrancan por las vías y ahí obviamente hay que aplicar el procedimiento de cortar la corriente. Siempre, en la eventualidad de que haya un pasajero en las vías, lo primero es detener el tren y cortar la corriente”, añade.

En su experiencia, los procedimientos por personas en las vías eran más frecuentes que los eventos catalogados bajo el código Sigma. “Eran más. Bajaba mucha gente en situación de calle o con problemas mentales. Hay muchas personas en esa situación que viven cerca de una estación de Metro porque la corriente genera mucho calor y, pese a que no funcionen los trenes, se emana mucho calor y apenas la estación abre ingresan a dormir en los andenes o en cualquier rincón”, agrega.

Ariel López, ingeniero y experto en Metro, afirma que este tipo de situaciones no son comunes en otros países. “En ciudades donde existen puertas de andén y una cultura de Metro, las intrusiones a las vías son excepcionales y suelen relacionarse con emergencias”, remarca. En el continente, eso si, sí es común, pero no es un problema. Esto, ya que en la región es normal ver sistemas con catenaria aérea, que la electrificación va por cables que están por arriba del tren, no al alcance de las personas.

En esos casos, relata López, “permite que en caso de haber una intrusión a las vías, no sea necesario cortar la energía y basta con detener el tren. Mientras que en Santiago, la energía va en el tercer riel a nivel del piso, cualquier intrusión implica riesgo vital”.

Las querellas de Metro por caminantes en las vías

Las cientos de querellas presentadas por Metro —tramitadas en distintos juzgados de prácticamente todas las comunas de Santiago, según la estación donde ocurre el evento— dan cuenta de los diversos fenómenos descritos por el exconductor. En la mayoría de los casos, la Fiscalía investiga estos hechos bajo las figuras de desórdenes públicos o daños.

Fue precisamente este último delito el que se imputó a N.M.G., un hombre en situación de calle que, el 18 de junio de 2024, a las 7:59 de la mañana, descendió a las vías de la estación Santa Rosa y comenzó a caminar en dirección a La Granja. La acción, ocurrida en pleno horario punta, obligó a suspender el servicio de la Línea 4A durante 16 minutos y 20 segundos, generando una pérdida económica que la empresa estimó en $4.974.118.

N.M.G. ya era conocido por los funcionarios del sector sur de la red: un día antes también había bajado a los rieles. El juzgado que tramitó su causa ordenó una atención inmediata en un centro de salud mental, donde se diagnosticó estrés agudo y se consignó que el imputado presentaba “ideas de muerte, aunque sin intención suicida”.

En un informe clínico disponible en el proceso judicial se detalló que: “Usuario sin antecedentes de patologías psiquiátricas previas (…). Al indagar refiere no tiene deseo de morir, pero presenta culpa por “cosas que hizo” se labiliza mientras comenta esto. Refiere además insomnio en última semana, angustia y labilidad emocional”.

Para Ariel López “si bien genera costos a Metro, el mayor costo lo tienen los pasajeros. Esto ya que no es sólo el tiempo perdido, sino las implicancias que tienen estos retrasos en su vida: personas que no llegaron a un examen médico, quien llegó atrasado a una entrevista de trabajo, quien perdió un vuelo, o quien no pudo dar la prueba en la escuela o universidad. O cualquier otro impacto en las personas derivado por un retraso en Metro que no se resuelve con un justificativo”.

Los otros casos de personas en la vía en los que Metro se ha querellado

El descenso a las vías sin intenciones de quitarse la vida se repite en un número importante de casos. Estos suelen estar vinculado a problemas de salud mental. Así ocurrió también el 13 de enero de 2025, a las 14:17 horas, cuando J.V.R. traspasó el letrero de “No pasar” en la estación Trinidad y caminó por la vía en altura hasta Rojas Magallanes. En su trayecto fue divisado por el conductor del tren N°417 de la red, quien activó el protocolo de emergencia. La interrupción del servicio se extendió por 12 minutos y generó un perjuicio de $4.000.571 para la empresa.

Metro se querelló en su contra por el delito de desórdenes públicos y el tribunal también ordenó una evaluación psiquiátrica. J.V.R no era un desconocido para el sistema de salud. 

Desde los quince años había ingresado y salido de distintos hospitales psiquiátricos. Su primera hospitalización se extendió por seis meses y requirió terapia electroconvulsiva. Entonces, aún vivía con su padre, logró terminar cuarto medio. Con el tiempo, los diagnósticos se sucedieron: primero trastorno bipolar, luego esquizoafectivo. Entre un ingreso y otro, sobrevivía con trabajos esporádicos que duraban poco.

En los últimos meses, ya sin redes familiares ni un lugar estable donde dormir, comenzó a vivir en la calle. Las atenciones de urgencia se volvieron recurrentes: alucinaciones auditivas, episodios de paranoia, sospechas de que lo vigilaban o querían robarle sus cosas.

El proceso judicial por su caso sigue en curso, a la espera de que el Servicio Médico Legal determine si es imputable o no. La fecha para esa evaluación fue fijada para el 13 de enero de 2027. Dos años de espera para una pericia que definirá su responsabilidad penal en la paralización de Metro.

Las millonarias querellas de la empresa

Para este reportaje, The Clinic contactó a Metro, pero la empresa declinó referirse al tema. Sin embargo, la revisión de causas revela algo más que una serie de casos aislados: un patrón de denuncias que, en los hechos, opera como una política institucional de judicializar este tipo de episodios. Entre las decenas de expedientes abiertos tras las querellas presentadas por la empresa de transporte, se repiten decenas de historias con pequeñas variaciones, pero con una misma lógica de fondo.

Estaciones distintas, horarios distintos, pero el mismo desenlace. En mayo de 2025, a las 21:42 horas, A.W.R.G. traspasó el letrero de “No pasar” en la estación La Cisterna y bajó a las vías. Metro activó el protocolo de emergencia y suspendió el servicio en la Línea 2. La interrupción duró algunos minutos, pero le costó a la empresa $1.118.934. El caso se tramitó por desórdenes públicos.

Ese mismo año, en Los Héroes, N.A.P.C. corrió por el túnel hasta llegar a La Moneda. En Plaza de Armas, A.A.M.C. fue hallado sentado dentro del túnel, mientras un tren avanzaba hacia él. En Plaza de Maipú, M.T.V. caminó por la vía hasta la cola de maniobras. Cada episodio obligó a detener trenes, cortar la energía y evacuar estaciones. Los perjuicios económicos, según las querellas, oscilaron entre los dos y siete millones de pesos, dependiendo de los minutos que el servicio permaneció interrumpido.

Las razones detrás de esos descensos son diversas: personas con consumo problemático, crisis de salud mental, vendedores ambulantes o delincuentes que escapan de un control policial. En Lo Prado, M.D.C.T. caminó durante más de veinte minutos por el túnel rumbo a San Pablo, mientras los trenes eran frenados uno a uno. En Cerro Blanco, C.E.B.Z. ingresó al túnel en dirección a Cementerios, provocando pérdidas por más de $6 millones. 

No todos los descensos a las vías del Metro están vinculados a una crisis mental o a una situación límite. A veces, se trata simplemente de actos impulsivos o descuidados: personas que pierden la noción del peligro y bajan por reflejo, sin medir las consecuencias. El exconductor entrevistado recuerda que muchos de esos episodios comienzan con algo tan común como un objeto caído.

“A veces la persona baja, por ejemplo, porque se le cayó el celular. Y no asumen o desconocen, o simplemente de forma irresponsable bajan a las vías sabiendo que están constantemente energizadas. Pero aún así, por un simple celular, por una mamadera, por una botella de agua, bajan a las vías y vuelven a subir”, relata.

Las pérdidas para Metro por las demoras son variadas, pero también responden a compromisos de la empresa con el Ministerio de Transporte. Según explican desde la cartera, los contratos no contemplan explícitamente el cobro de multas, aunque sí establecen exigencias mínimas de operación basadas en los planes que informa la propia empresa. Metro, además, debe reportar de manera periódica sus indicadores de desempeño, lo que implica que cada interrupción —por mínima que sea— afecta directamente los estándares de servicio comprometidos ante la autoridad.

El problema de los ambulantes

Según la experiencia de distintos funcionarios de Metro, otro de los fenómenos que en muchos casos terminan con interrupciones del servicio son los vendedores ambulantes. En mayo, la imagen de comerciantes huyendo de un operativo conjunto entre Metro y Carabineros en la estación La Cisterna —corriendo sobre los trenes en movimiento— marcó un precedente.

Desde la empresa estatal explicaron en esa oportunidad a The Clinic que el operativo “se fue de las manos”. En esa instancia hubo personas que saltaron desde el puente de la estación a las vías, generando un corte que afectó a miles de personas.

Por esto Metro también presentó una querella contra los responsables, que hoy sigue vigente pero sin formalizados. En el escrito, la empresa relata que el 6 de mayo de 2025, cerca de las 17:46 horas, mientras personal policial realizaba una fiscalización al comercio ambulante irregular al interior de la estación La Cisterna, un grupo de sujetos no identificados se opuso al procedimiento lanzando carros metálicos, cajas con mercadería y bolsas de basura hacia los andenes y las vías.

Minutos después, tres de ellos se lanzaron desde el puente de combinación al techo de un tren en movimiento, lo que obligó a Metro a activar de inmediato el protocolo de emergencia: cortar la energía y detener el servicio público de transporte para evitar que fueran atropellados o electrocutados.

De acuerdo con la acción judicial, los individuos también gritaron desde el techo, lanzaron objetos y líquidos contra Carabineros, personal de seguridad y pasajeros, y provocaron daños en una pantalla de televisión y en un latón de vía, avaluados preliminarmente en $2 millones. 

En los distintos casos, las querellas siguen su curso en distintos tribunales de Santiago. La mayoría de ellas no ha tenido condenados, pero cada una deja registro de una política que busca contener, desde lo penal, un problema que desborda lo jurídico. En el fondo, los DGPAX del Metro no solo interrumpen un servicio: exponen el pulso de una ciudad.