La trama del cheque por $45 millones que la Fiscalía apunta como “pago” a la exministra Ángela Vivanco por favorecer al consorcio bielorruso

La Fiscalía Regional de Puerto Montt y el OS.7 de Carabineros tienen totalmente acorralada a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Los allanamientos de anoche y las detenciones de su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, sólo fueron el comienzo de esta arremetida judicial que sumó hace pocas horas el ingreso de la querella de capítulos para formalizar a la ex vocera del Máximo Tribunal.

En el escrito de 147 páginas, al que tuvo acceso The Clinic, se fundamentó detalladamente la solicitud de los detenciones mencionadas, destacando un particular relato de los investigadores en el que sostiene como un cheque de $45 millones habría llegado a las cuentas de Ángela Vivanco en el marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

En ese contexto, el documento señala que el cheque número 5041799, girado por el imputado Carlos Lagos Herrera por casi $50 millones habría terminado en poder de la pareja de la ex Suprema.

“Al menos $44.471.979, habrían sido destinados a la cuenta corriente del Banco de Crédito e Inversiones, del investigado Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, el cual fue introducido a su patrimonio personal“, asegura el oficio secreto.

Esa acusación no es al azar. La policía uniformada y la Fiscalía llegaron a esta convicción tras meses de seguimientos, escuchas telefónicas y auditorías forenses sobre el patrimonio de los imputados, cuyas diligencias en terreno arrojaron más sospechas al encontrar sobres con efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares, en las oficinas de Mario Vargas y Eduardo Lagos.

La ruta del cohecho

De acuerdo al Ministerio Público, el cheque fue cobrado el 17 de junio de 2024 a las 09.42 en la sucursal del Banco Itaú de calle Bandera, por Miguel Ángel Obieta, quien fue enviado por Harold Pizarro Iturriera, otro de los investigados en este caso.

Una vez cobrado en caja, el dinero en efectivo fue trasladado a la casa de cambios Inversiones Suiza. La policía sospecha que esos movimientos fueron realizados por Pía Peñaloza, la secretaria del abogado Eduardo Lagos.

Una vez en poder de Harold Pizarro, el “botín” fue entregado a la pareja de la ex ministra Vivanco previa coordinación.

“Existen antecedentes fundados que una vez que el investigado Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, recibió el dinero ($45.000.000), se trasladó a la comuna de Puente Alto, posiblemente al Conservador de Bienes Raíces de esa comuna, lugar en donde habría entregado el dinero al investigado Sergio Rodrigo Yaber Lozano“, señala el escrito judicial.

El Conservador de Puente Alto lo depositó en su cuenta corriente mediante dos ingresos. Uno por $14 millones y otro por $11 millones. Con ese capital, Yaber realizó diversas transferencias al Conservador de Chillán Yamil Najle Alee por $24.750.000 desde el Banco BCI. Y para alcanzar los $25 millones, ejecutó un depósito virtual por $250 mil desde otra entidad bancaria.

A partir de eso, el 0S.7 de Carabineros revisó las boletas de honorarios presentadas por Gonzalo Miguelez por sus “servicios” en el Conservador de Chillán y sólo obtuvo un documento por un monto líquido de $5.452.586 por concepto de asesoría en proyectos de medios de comunicación.

“Por lo que a juicio del personal investigador, los $25.000.000 transferidos por el investigado Yamil Najle Alee, a través de la cuenta de su empresa periodística El Heraldo, no corresponderían al pago de
algún servicio prestado por Migueles Oteiza”, concluye la pericia forense.

El “Pitufeo”: El esquema de lavado de activos usados por Gonzalo Migueles y los Conservadores de Chillán y Puente Alto

En esa misma línea, los policías descubrieron que entre el 18 y 28 de junio de 2024, es decir durante 10 días, la pareja de la ex ministra Vivanco recibió en su cuenta corriente transferencias por $22.471.979 por parte del conservador de Puente Alto, Sergio Yaber Lozano.

“De los cuales $3.000.000 podrían corresponder al pago de boletas de honorarios, en tanto los $19.471.979 restantes, no tendrían una justificación económica aparente“, sostiene el documento que zanjó su orden de detención y que acreditó el presunto delito de cohecho.

“Existen antecedentes de la posible comisión del delito de Cohecho. De igual manera, se detectaron maniobras concordantes con conductas y tipologías de delito de Lavado de Activos, toda vez que, al momento de efectuar el cobro del cheque por la suma de $45.000.000, parte de este dinero fue inyectado al sistema financiero formal a través de depósitos en efectivo fraccionados constituyendo con esto la primera etapa”, se lee en el oficio reservado.

Así, la segunda etapa denominada “Estratificación”, que apunta a fraccionar el dinero, y que se detectó en diversas operaciones bancarias en las cuentas corrientes del imputado Migueles, quien a la vez terminó por ejecutar la tercera fase del lavado de dinero pagando la línea de sobregiro y las deudas asociadas a sus tarjetas de crédito.

“Se logró advertir la tipología de lavado de dinero conocida como fraccionamiento o “pitufeo”, consistente en fraccionar o dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas, con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos mayores de dinero”, dice el informe del OS.7 de Carabineros.

Es decir, ese “pitufeo” de enjuague de dinero tras llegar a Yamil Najle, conservador de Chillán, desde su colega de Puente Alto, se lo transfirió a la cuenta comercial que tiene registrada a su nombre bajo el dominio de la empresa periodística llamada El Heraldo.

“Se observó que en ese mismo periodo desde la cuenta bancaria de la Empresa Periodística El Heraldo E.I.R.L., se transfirió la suma total de $25.000.000 al investigado Víctor Gonzalo Migueles Oteiza“, revela la investigación liderada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Así, la trazabilidad indagada por el 0S.7 de Carabineros, sostiene que “existente antecedentes fundados” que ese millonaria suma correspondería “al pago realizada a la ex ministra Ángela Francisco Vivanco Martínez, por las gestiones realizadas en el ejercicio de sus funciones en la excelentísima Corte Suprema, para dejar sin efecto la resolución de 4 enero de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó que rechazó el recurso de protección presentado por los abogados Eduardo Lagos Herrera, Gabriel Silber Romo y Mario Vargas Cociña y que posteriormente se ordenara a través de la misma Corte de Apelaciones de Copiapó, el pago de la suma de $1.022.844.348 por parte de CODELCO al Consorcio Belaz Movitec SpA“.

Por todos estos antecedentes, esta tarde, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra los imputados mencionados, quienes serán formalizados este viernes por los delitos de corrupción.