Embajador Brandon Judd y arremetida de Estados Unidos: “Vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional, lo que no debería sorprender a nadie”

En la Embajada de Estados Unidos en Chile, su domicilio en el país, fue el lugar que eligió Brandon Judd, el representante del gobierno estadounidense en suelo nacional, para abordar la decisión de la administración de la que es parte de revocar las visas de tres funcionarios del gobierno de Chile, entre ellas, la del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, a partir de un proyecto de un cable submarino chino que pretende unir a Hong Kong con Valparaíso.

El embajador agradeció la concurrencia de los medios de comunicación a su punto de prensa, que agendó para las 14 horas. Con un rústico español y leyendo un teleprónter, partió diciendo que “quiero comenzar expresando lo profundamente decepcionado que estoy de estar aquí hablando de temas de visas, en lugar de enfocarme en formas en las que podamos crear trabajos, hacer crecer la economía y limitar el crimen”, comenzó diciendo. “Ese es el trabajo que el presidente Trump me envió aquí a hacer y lo que el pueblo chileno espera de nuestra sociedad de 200 años”, continuó.

Luego defendió la determinación que tomó el gobierno de Estados Unidos la semana pasada. “Es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa. Como hemos demostrado en otras partes y ahora aquí, vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional, lo que no debería ser sorpresa para nadie“.

Asimismo, comentó que “algunas semanas atrás compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno de distintas agencias sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros”.

Tal ofensiva, afirmó, “estuvo dirigida a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”.

También denunció que “este actor malignó hackeó una prominente empresa chilena de la construcción, una empresa local que compite directamente con compañías extranjeras por proyectos en Chile”.

“Tómense un momento para interiorizar esto: actores malignos extranjeros hackearon una compañía privada chilena para robar datos de propiedad exclusiva que este actor maligno pudiera usar para ganarle a la compañía chilena en licitaciones para futuros contratos en Chile. Es algo sin escrúpulos, ilegal y absolutamente peligroso para la economía chilena y para los chilenos”, sostuvo Judd, quien comentó que le notificó de aquello al Gobierno de Chile, “pero hasta la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta de alguna acción tomada para remediar la situación”.

“Como no hemos recibido ninguna información, debemos asumir que esto ha continuado su curso, dejando a los chilenos, a los estadounidenses y a todo el mundo vulnerable”, selló. También sumó que desde hacía años que Estados Unidos había pedido “encarecidamente al gobierno chileno que adopte mecanismos de evaluación de inversiones”, asunto que dijo que “economías avanzadas” cuentan con uno, mientras que en Chile no era el caso.

“Cuando un país no protege su infraestructura crítica, arriesga a perder su soberanía”, señaló, a la vez que ejemplificó que un proyecto que protege soberanía y la fortalece era, precisamente, el proyecto Google Humboldt, cable transpacífico entre Australia y Chile.

También se mostró descontento por las declaraciones “que vi en los diarios que algunas personas en el gobierno aleguen estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio. Durante los últimos dos meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino de la región entera”.

“Esta situación ha generado una gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales. Esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos que Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Espero que no llegue a este punto”, señaló Judd.

Asimismo, aludió al presidente electo, José Antonio Kast, y dijo que “creo que en un nuevo gobierno que toma la seguridad de la información en forma seria y de los datos personales de sus ciudadanos y de información de seguridad de su país, será capaz de abordar estas situaciones, a mantener nuestra estrecha relación de intercambio en el futuro”.

“En diciembre, el pueblo chileno votó masivamente por un cambio. Ellos votaron por seguridad y prosperidad. Esperamos con ansias trabajar con el nuevo gobierno para proveer lo que exigió el pueblo chileno. Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región —nuestro vecindario
compartido— sea segura y próspera para todos”, fue como cerró el mensaje que tenía preparado con antelación, antes de responder las preguntas de la prensa.

Judd: “Chile tiene el derecho de hacer los acuerdos que estime convenientes, lo que no tiene derecho es escoger las repercusiones”

El embajador en el intercambio con los periodistas sostuvo que una de las condiciones de la mantención del programa de Visa Waiver —el ingreso expedito a Estados Unidos sin mayor documentación, a diferencia del resto de la región— debía ser capaz de garantizar lo que él mencionaba.

“Si Chile quiere participar en el programa de Visa Waiver, tiene que ser capaz de proteger su infraestructura crítica. Eso no es una amenaza, es parte de un acuerdo”, sostuvo.

Además, señaló, respecto a las sanciones a las autoridades afectadas, que “Chile no puede hacer nada para revertir las decisiones. Si ellos quieren cambiar su estado de visa, deberían acercarse”.

También manifestó sobre el futuro gobernante que “sabemos que Kast va a hacer lo mejor de Chile, pero los proyectos que se hacen en Chile deberían proteger a los chilenos y a los otros países de la región con quienes no fueron consultados.

Y puntualizó: “Chile tiene el derecho de hacer los acuerdos que estime conveniente, lo que no tiene derecho es escoger las repercusiones”.