Los años en Argentina de Galvarino Apablaza: su vida en Moreno, el relato de su esposa y la trama detrás del hombre por el que el gobierno de Milei ofrece $13 millones

Cuando fue detenido en 2004 en Argentina, Galvarino Apablaza no apareció en la prensa trasandina como un hombre cualquiera. Su nombre —como el de otros integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez— ya orbitaba entre el mito: para algunos, ligado a la lucha armada; para otros, a la violencia política en democracia.

Según informaron distintos medios chilenos, la detención fue el resultado de una operación de inteligencia iniciada en Chile y ejecutada en coordinación con autoridades argentinas, tras un seguimiento que permitió ubicarlo en la localidad de Moreno donde vivía con su esposa, la chilena Paula Chahin, quien trabaja como periodista desde 2007 en la Casa Rosada y que ha permanecido allí en distintos gobiernos, incluido el actual de Javier Milei.

El operativo de 2004 se enmarcó en un pedido de extradición del Estado chileno, que lo requería por su presunta participación intelectual en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y en el secuestro de Cristián Edwards.

En Argentina llevaba años viviendo bajo una identidad falsa. Se hacía llamar Héctor Daniel Mondaca: según explicaban los medios de la época trabajaba en una imprenta y residía en una propiedad que, de acuerdo a los informes policiales que publicaban los medios, estaban rodeadas de medidas de seguridad: cercos, alambrados reforzados y perros guardianes.

La reconstrucción de esos años delineaba un perfil de resguardo. Según esas indagatorias, Apablaza mantenía rutinas propias de alguien en situación de riesgo, con manejo de técnicas de seguridad y prevención de ataques.

También se investigó el origen de los recursos que le permitieron acceder a bienes que según se informó superaban sus ingresos. Su identidad falsa derivó en un proceso judicial en Argentina por uso de documento adulterado.

Ese frente, sin embargo, se cerró más tarde. Según consignó Página/12 en 2008, el Tribunal Oral Federal N°2 sobreseyó a Apablaza en la causa por uso de documento público falso. La defensa, encabezada por el abogado Rodolfo Yanzón, sostuvo que actuó bajo un “estado de necesidad justificante”, argumento que fue acogido por los jueces.

A partir de ahí, su historia tomó otro camino. No el de la clandestinidad —como el de otros frentistas—, sino uno más visible: el de defender su libertad dentro de la institucionalidad argentina.

Expedientes, tribunales, solicitudes de asilo, resoluciones administrativas. Una especie de “atrápame si puedes”, pero a la vista, sostenido en decisiones judiciales y políticas del Estado argentino que, una y otra vez, tensionaron la relación con Chile y mantuvieron su caso en una disputa de años.

Pero eso empezó a romperse a inicios de 2026. La revocación de su condición de refugiado –que según cercanos a Apablaza no está zanjada totalmente– reactivó el proceso de extradición y lo dejó, por primera vez en décadas, sin su principal escudo jurídico. 

La decisión, impulsada por el gobierno de Javier Milei y seguida de cerca por la administración de José Antonio Kast, desplazó su historia desde los tribunales hacia un terreno más incierto.

Pero cuando la maquinaria para capturarlo finalmente se activó, ya era tarde. El operativo para detenerlo en su casa en Moreno fracasó: Apablaza no estaba. A sus 75 años, había desaparecido antes de ser capturado, frustrando una detención que Chile esperaba concretar en una fecha cargada de simbolismo: el aniversario del asesinato de Jaime Guzmán. Desde entonces, volvió a una condición que parecía haber dejado atrás: la de prófugo.

Perros bobos y buenos asados: la versión de su vida según sus cercanos en Argentina

Los oficiales argentinos fueron a buscar a Galvarino Apablaza al mismo lugar donde ya lo habían detenido en 2004. Pero esta vez no estaba. ¿Había vuelto el guerrillero a sus 75 años? ¿Se había ido alguna vez? Su abogado, Rodolfo Yanzón —quien lo representa desde comienzos de los 2000 y lo ha visto periódicamente—, desarma esa imagen: asegura que las supuestas medidas de seguridad de su casa no se diferenciaban —ni hoy ni en 2004— de las de cualquier vecino de Moreno, una zona marcada por altos niveles de delincuencia, robos violentos y homicidios.

—Yo tengo tantos perros como él y no tengo ninguna custodia. Y mis perros, además, son menos tontos que los que él tiene. Cuando entró la policía, los perros les hacían fiesta. La supuesta custodia de Apablaza es puro relato— dice.

Para Yanzón, la figura de Apablaza hoy está lejos de la que se le atribuye. Lo describe más como un jubilado que como un exfrentista en actividad, un chileno que hace “muy buenos asados” y que prefiere asar “costillar y el vacío”.

—Es un tipo de 75 años. Un padre de familia, que vive con su mujer y que tiene tres perros tontos, porque, insisto, apenas ladran.

El abogado va más allá y apunta a lo que considera una construcción mediática en torno a su representado. Dice haber visto notas de televisión en las que se afirmaba que Apablaza circulaba armado por el barrio.

—Son cosas muy tontas. ¿Para qué va a ir armado? Es una estupidez descomunal pensar que puede andar armado acá en Argentina. No tiene ningún sentido. Pero bueno, es parte de la construcción del monstruo —dice.

Desde el entorno familiar de Apablaza también trazan un retrato distinto. Padre de tres hijos —todos nacidos en Argentina—, los mayores son mellizos nacidos en 1994 y hoy profesionales. En ese círculo íntimo no lo llaman Galvarino: para ellos es Salvador, el mismo nombre que adoptó como “Comandante Salvador”, en sus años de líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Uno de sus hijos se llama así.

Las mismas fuentes revelan que Apablaza nunca trabajó en una imprenta, que ejerció trabajos como informático y productor de pequeños eventos, que en Argentina se convirtió en hincha de River Plate y que, pese a la naturaleza atea del marxismo, ha sabido acompañar a su mujer en encuentros cristianos escuchando –y respetando– la palabra.

Según Yanzón –en Argentina– Apablaza no tuvo una actividad política visible ni redes de apoyo amplias.

—No ha tenido una vida pública acá en Argentina. Más bien ha tenido una relación familiar, social, y una micromilitancia, podríamos decir, en sectores muy pequeños. Nada más. Y no clandestina porque estaba acá legal, reconocido como refugiado.

Pese a ese retrato, Apablaza hoy está prófugo. Su abogado también le baja el perfil a la supuesta huida.

—El día que lo mandaron a detener, no lo detuvieron de casualidad. Había salido media hora antes, se fue a hacer sus cosas por Moreno, y cuando supo que estaban entrando a su casa, no regresó.

Yanzón, en todo caso, insiste en mirar la historia completa, incluso la más lejana.

—Viene de una familia de trabajadores. Ha pasado la vida de un lado para otro, tratando de hacer la revolución.

—¿Y usted considera —o él le manifestó— que la revolución se seguía haciendo en Argentina?

—La revolución, como dice un escritor argentino, es un sueño eterno –responde–.

Contactada por este medio, la esposa de Apablaza, Paula Chahin, se limitó a señalar su experiencia familiar tras emitirse la orden de detención: “Ha sido de acompañamiento total a él, pero a la vez con mucho dolor porque nos ha hecho mucha falta. Él es un miembro esencial de nuestra familia y lo respaldamos totalmente”.

Hasta hoy se desconoce el paradero de Galvarino Apablaza y el Ministerio de Seguridad de Argentina ofreció una recompensa de $20 millones de pesos argentinos ($13.228.304 de pesos chilenos), para quienes entreguen información que permita ubicarlo y detenerlo.

La cronología de Apablaza en Argentina

El caso de Galvarino Apablaza en Argentina lleva más de dos décadas atravesando tribunales, gobiernos y decisiones políticas. Su punto de inflexión —tras su detención en 2004 y el rechazo inicial a su extradición en 2005— llegó en septiembre de 2010, cuando la Corte Suprema argentina aprobó su envío a Chile.

A diferencia del sistema chileno, sin embargo, en Argentina la extradición no depende solo del Poder Judicial: su ejecución también requiere la intervención del Poder Ejecutivo.

El juez federal que debía ejecutar la extradición consultó al gobierno argentino de entonces, encabezado por Cristina Fernández. En paralelo la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) le reconoció a Apablaza la condición de refugiado político, lo que en la práctica bloqueó su envío a Chile.

“Siento que la decisión de la Conare es un golpe y significa un retroceso en la causa de los derechos humanos en Chile”, dijo el expresidente Piñera en aquel momento.

Durante los años siguientes, el caso quedó prácticamente congelado. Apablaza se mantuvo en Argentina bajo estatus de refugiado, mientras la causa seguía abierta en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán.

En paralelo, la representación judicial del Estado chileno en Argentina quedó en manos del abogado Gustavo Gené, designado durante el gobierno de Ricardo Lagos y ratificado por las administraciones de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Gabriel Boric y José Antonio Kast, lo que ha permitido mantener una línea jurídica continua en el caso. Con el paso de los años, la eventual extradición de Galvarino Apablaza dejó de ser un asunto puntual y pasó a consolidarse como una política de Estado.

El escenario comenzó a moverse en 2017, cuando el entonces presidente argentino Mauricio Macri resolvió revocar el estatus de refugiado político de Apablaza, abriendo la puerta a su extradición. Sin embargo, la defensa impugnó la medida con el respaldo de la Defensoría General de la Nación, lo que volvió a entrabar el proceso.

La situación cambió nuevamente en las últimas semanas, cuando autoridades judiciales, policiales y gubernamentales en Chile fueron informadas de un fallo de segunda instancia en Argentina que volvió a retirar la condición de refugiado al exfrentista. Consultado por esta resolución, el abogado defensor en Chile, Alberto Espinoza, sostuvo —según consignó El Mercurio— que “cualquiera sea la resolución adoptada, el señor Apablaza mantiene vigente la condición de refugiado mientras el fallo no quede firme y ejecutoriado”, precisando que la decisión aún puede ser recurrida ante la Corte Suprema.

Esta vez, bajo la administración de Javier Milei, el gobierno argentino manifestó su disposición a avanzar en la extradición. En paralelo, el Estado chileno ratificó su interés en que el traslado se concrete. La jueza María Romilda Servini activó una orden de detención, pero cuando la policía acudió al domicilio de Apablaza en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, ya no se encontraba en el lugar.

En medio de ese escenario, la defensa recurrió a instancias internacionales. Apablaza acudió a la ONU para intentar frenar su detención con fines de extradición, argumentando que el proceso vulnera garantías y que su situación sigue amparada por el derecho internacional de los refugiados. “Él no es un prófugo, está haciendo valer sus derechos a través de sus abogados y está esperando que se defina la situación, primero respecto del refugio que sigue vigente y, segundo, con la orden de detención que libró una jueza que desconoce el caso y ha pedido expresamente el Ministerio de Seguridad argentino”, sostuvo Yanzón en una entrevista con TVN.

Gustavo Gené, el abogado que representó a Chile en el caso Apablaza durante 22 años

Mientras Galvarino Apablaza construía en Argentina una vida marcada por una condición de refugio que lo mantuvo libre durante años, del otro lado se sostenía otra estrategia: la del Estado chileno. Ahí aparece el nombre de Gustavo Gené, el abogado argentino que ha representado a Chile en el caso durante más de dos décadas.

Gené identifica como punto de partida de su relación laboral con el estado chileno, la conversación con el entonces embajador de Chile en Argentina, Luis Maira, con quien estableció el vínculo inicial para asumir la representación del Estado en el pedido de extradición.

El mandato era claro: representar a Chile en la solicitud de extradición por dos delitos específicos: el homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

En ese contexto, descarta cualquier contradicción política en el origen del caso, pese a tratarse de un gobierno de izquierda. Según relata, tanto el entonces procurador general argentino como el propio Maira coincidían en que los delitos imputados habían ocurrido en democracia, lo que —a su juicio— los volvía especialmente graves.

Esa lógica –sostiene– se mantuvo inalterable con el paso de los años. “Noté lo mismo a lo largo de estos 22 años: que para Chile esto era una cuestión de Estado”, afirma. Gené no solo trabajó con el gobierno de Ricardo Lagos, sino que fue ratificado por las administraciones de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Gabriel Boric y José Antonio Kast. “Nunca noté una diferencia en el trato de este tema”, insiste, reforzando la idea de continuidad política en torno al caso.

Su rol se activó en 2004, cuando Apablaza ya estaba detenido bajo arresto preventivo mientras se tramitaba la extradición. Desde ahí participó en el proceso central, que culminó en 2010 con la aprobación judicial de la entrega. Sin embargo, la ejecución se frenó cuando la defensa solicitó el estatus de refugiado, un trámite que, según explica, corrió por un carril distinto y cuya concesión suspendió el proceso. “Uno debe respetar las reglas del Estado de Derecho. A veces obtiene éxito, otras veces no”, plantea.

En lo personal, su relación con Apablaza –asegura– estuvo lejos de cualquier lógica de confrontación. Se vieron “tres o cuatro veces”, recuerda. “Tuve un trato correcto con él”, dice.

Consultado por las sospechas de una eventual protección política del kirchnerismo en Argentina, Gené es tajante: “No me consta para nada”. Y frente a la reciente fuga de Apablaza, también delimita su rol con claridad.

“Mi trabajo como abogado culminó con ganar la extradición, a partir de ahí, con una sentencia firme y ordenada por el juez que lo detengan Apablaza para ponerlo a disposición de la justicia chilena ese es un tema que le corresponde a la fuerza de seguridad”, indica.

“A mí me parece que con relación a esto, si yo fuera periodista, me comunicaría con la Fuerza de Seguridad o con el Ministro de Seguridad y le preguntaría qué pasó. Preguntármelo a mí no tiene mucho sentido. No tengo una opinión que técnicamente sea más valorable que la de la Fuerza de Seguridad”, añade.

En esa misma línea, también comenta la declaración de la ministra Mara Sedini, quien afirmó que Apablaza fue condenado.

 “Indudablemente cometió un error”, comenta.

Respecto a si ese error puede conllevar un peso jurídico, Gené añade: “Yo supongo que la defensa de Apablaza lo va a intentar utilizar en ese sentido. Entiendo primero que la vocera se retractó, pero obviamente a la defensa de Apablaza le serviría para decir, ‘si alguien dice que está condenado cuando ni siquiera fue juzgado uno puede decir, bueno, esto me hace pensar que no va a ser juzgado con imparcialidad’”.

Sin embargo, el abogado desdramatiza esa eventual estrategia: “Eso en realidad es un juego de palabras. En realidad para lo que se lo lleva a Chile –más allá de lo que diga la vocera–  es para ser juzgado y los que lo van a hacer son los jueces y no la vocera. Yo no le daría mucha importancia a eso, indudablemente es un error, pero bueno hay tantos errores de los seres humanos a lo largo de la vida”.