Ciudad
24 de Abril de 2026“No cumplen con las exigencias”: Los cuestionamientos de Contraloría a Santiago por entregar giftcards a funcionarios para comprar ropa
El organismo determinó que no se ha podido constatar un control idóneo sobre las prendas adquiridas con las giftcards, y que por ende no reúnen las condiciones suficientes para ser consideradas uniforme institucional. En esa línea, ordenó al municipio ajustar la normativa y los controles internos.
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El año pasado el concejal por Santiago Vicente Martínez, del Partido Republicano, presentó en Contraloría un requerimiento respecto de la entrega que hizo el municipio de Mario Desbordes de giftcards destinadas a la compra de ropa para los funcionarios, donde también cuestionó que se debería descontar la remuneración a los funcionarios que paralizaron sus funciones a modo de protesta el año pasado.
En su respuesta, Contraloría le dio la razón al concejal, mencionando que “los municipios pueden proporcionar vestuario que tenga el carácter de uniforme, es decir, de naturaleza y diseño similar y de uso obligatorio durante la jornada de trabajo, en la medida que cuenten con recursos presupuestarios especialmente previstos para tales efectos, y sea necesaria su entrega para proyectar una imagen de orden y buena presentación, en interés del servicio y no del funcionario”.
Sin embargo, agregan que “esa jurisprudencia puntualiza que las aludidas prendas, atendida su finalidad específica, no ingresan al patrimonio de los funcionarios que las usan, sino que permanecen en el dominio del municipio adquirente, pues su otorgamiento no puede constituir un beneficio patrimonial que implique indirectamente un incremento de remuneraciones”.
Cuáles fueron las conclusiones de Contraloría
En sus reflexiones, la Contraloría mencionó que “es posible advertir que el vestuario y el calzado individualizado tanto en el reglamento como en las bases ya citadas, no cumplen con las exigencias previstas en la jurisprudencia citada para ser considerado como uniforme institucional. En efecto, dichas prendas han sido descritas en términos genéricos, sin añadir especificaciones suficientes, lo que contradice el carácter semejante y diferenciador del uniforme”.
“De la documentación tenida a la vista en esta oportunidad, no se ha podido constatar que ese municipio haya efectuado un control idóneo para verificar que los bienes adquiridos por los funcionarios beneficiarios pertenecieran a los rubros permitidos“, agregaron.
En esa línea, el organismo dijo que “las prendas aludidas (…) no reúnen las condiciones suficientes para que se configuren como una vestimenta común, ordenada y distintiva, y que, en virtud de ello, puedan ser consideradas como uniforme, en los términos a que se refiere la jurisprudencia administrativa antes reseñada, por lo que no resultó procedente que la Municipalidad de Santiago haya adquirido y entregado las tarjetas de que se trata, para la apuntada finalidad y bajo las condiciones descritas“.
Así, la Contraloría plantea que el municipio deberá adoptar en lo sucesivo medidas tendientes a evitar que se reiteren dichas irregularidades, adecuar su reglamento e informar a la Contraloría en un plazo de 30 días hábiles sobre los cambios.
Mientras que en lo que concierne a la paralización de funciones de los funcionarios el 28 de mayo del año pasado, el organismo dijo que “la comprobación de la ausencia de funcionarios en horario laboral, por adherir voluntariamente a una paralización ilegal de actividades, conlleva necesariamente el descuento en sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura ninguna causal que justifique su inasistencia, ni hace excepción al principio retributivo que permite que un funcionario reciba emolumentos por la prestación de sus servicios”.
El concejal Martínez, por su parte, celebró la decisión. “Este dictamen de Contraloría confirma algo de sentido común: los recursos municipales no están para financiar paros y sistemas de beneficios sin sentido como las gift card de vestuario. Son recursos de todos los vecinos y deben usarse con responsabilidad. En Santiago vamos a corregir estas prácticas, ordenar la casa y generar un ahorro cercano a los $600 millones al año. Esto significa que cada funcionario que paralizó sus funciones deberá devolver el dinero que se le pagó en ese día no trabajado. En simple: el que no trabaja, no cobra”.



