Carta a la directora: La Araucanía y Biobío: Avanzamos juntos o nos hundimos separados

El gobierno del expresidente Gabriel Boric asumió cuando las regiones de Biobío y La Araucanía enfrentaban su mayor crisis desde que se tiene registro: más de mil hechos de violencia ocurrieron en 2021. Sin embargo, al término de su gestión entregó el poder con la cifra más baja desde 2015, cuando ni siquiera regía el estado de excepción constitucional. 

Atribuir esa mejora exclusivamente al estado de excepción sería un error. El ex Presidente Piñera también lo utilizó y durante su gobierno las cifras siguieron en aumento. Pero también sería un error atribuirlo sólo al gobierno del ex Presidente Boric. Ningún gobierno por sí solo ha sido capaz de construir una solución para la complejidad del conflicto que se vive en el sur de nuestro país.

Los logros alcanzados en esta materia sólo fueron posibles porque un enorme arco de actores e instituciones decidió trabajar unidos por atender una crisis compleja y multifactorial. Comunidades mapuche, agricultores, empresarios, vecinos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, alcaldes, gobernadores, policías, fuerzas armadas, fiscales, embajadas, organismos internacionales, partidos políticos, diputados y senadores oficialistas y de oposición, y el gobierno trabajaron en conjunto para abordar un problema donde la pobreza y el rezago se combinan con demandas históricas que hoy no cuentan con una canalización institucional adecuada, dando espacio a la criminalidad, que se aprovecha de estas tensiones para cometer delitos y dañar a las personas. 

Como Frente Amplio sabemos que la unidad es el único camino para avanzar a una solución de fondo, para la cual todavía queda mucho camino por recorrer. Con este espíritu nos reunimos en el mes de abril con el ministro del Interior Claudio Alvarado y le presentamos una carta, manifestando nuestra disposición a colaborar con el gobierno del Presidente José Antonio Kast en esta agenda, en la medida que se mantuviera la estrategia de inversión territorial y diálogo político que ha permitido estos avances.

Si bien el ministro Alvarado manifestó compartir esta mirada, lo cierto es que a la fecha vemos con preocupación que se ha desarticulado el instrumento de diálogo e inversión territorial que se construyó durante el gobierno anterior: de los 23 funcionarios que componían el Plan Buen Vivir, solo quedan 4, sin señales de que se vaya a conformar un nuevo equipo ni dar continuidad a esta política. Tampoco hemos recibido ninguna señal de querer avanzar con los proyectos de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas ni de reparación a todas las víctimas de la violencia en el sur de Chile, que actualmente están a la espera de continuar su tramitación en el Senado. Paralelamente se recortó y se propuso eliminar el financiamiento del Fondo de Tierra y Aguas de CONADI, la única política en materia de reparación de tierras que ofrece canalización institucional al conflicto. Esto se suma al cierre de la Unidad de Pueblos Indígenas en el Ministerio de Bienes Nacionales, y a los despidos de cerca de 15 personas en el programa de Programación e Información de los Derechos Indígenas (PIDI) en La Araucanía. 

Se necesitó de mucho diálogo y apertura de todos los actores involucrados para construir los avances que entregó el gobierno pasado en esta materia. Las recomendaciones de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento son un hito histórico en la búsqueda de una verdadera solución a los problemas de fondo que aquejan a las regiones de La Araucanía y Biobío. Pero sin voluntad política para asumir este desafío como una política de Estado y avanzar en unidad, lo único esperable es retroceder. Y ningún habitante de Chile quiere eso.

Firman:

Senadora Beatriz Sánchez

Senador Diego Ibáñez

Diputada Coca Ñanco

Diputada Tatiana Urrutia

Diputado Jaime Bassa

Diputado Jorge Brito

Diputada Carolina Tello