Bienes Nacionales ordena restitución del terreno del Club Pato Cornejo y amenaza su continuidad: recinto deberá desalojar a fines de junio

El Ministerio de Bienes Nacionales y el Club Pato Cornejo están en medio de una disputa legal, por el terreno del club de Lo Barnechea, de propiedad fiscal.

La Seremi de la cartera notificó formalmente el 5 de junio que el predio conocido como “Rancho Pato Cornejo” deberá ser restituido al Estado a más tardar el próximo 22 de junio, según consignó El Mercurio.

El conflicto se arrastra desde hace varios años. De acuerdo con los antecedentes, en enero de 2023 Bienes Nacionales ya había exigido la restitución del terreno fiscal en el que se ubica el recinto deportivo, que cuenta con 16.400 metros cuadrados. Esto, según advirtieron en el ministerio, debido al no pago del arriendo desde 2020, situación que habría generado una deuda superior a los $900 millones.

A pesar de esto, el recinto fundado por el extenista Patricio Cornejo continuó funcionando mientras se desarrollaban distintas gestiones administrativas relacionadas con su permanencia en el lugar.

La respuesta del club

Según consignó el medio citado, la administración del club cuestionó la decisión de la Seremi. Su representante legal, Roberto Garrido, envió una carta tanto a la seremi de Bienes Nacionales como a la ministra de la cartera, Catalina Parot, solicitando que reconsideren la medida.

En la carta, Garrido afirmó que durante reuniones sostenidas en abril y mayo con autoridades del ministerio se habría reconocido la relevancia del recinto para la comunidad y para eventuales continuadores del proyecto deportivo, entre ellos el extenista Nicolás Massú.

El abogado también afirmó que el club ha cumplido con los pagos asociados a permisos provisorios. Según detalló, uno de ellos correspondió a un permiso otorgado en 2024, por un monto cercano a los $170 millones, que se pagó en noviembre de 2025.

Asimismo, indicó que el 5 de junio se pagó un segundo permiso provisorio por $176 millones, recursos que provendrían de ahorros del club y aportes de terceros.

Garrido además planteó que el cierre del club podría generar consecuencias para la comunidad que utiliza regularmente las instalaciones. “Cerrar un club deportivo sin evaluar las consecuencias para la comunidad es impropio de un ministerio que justamente debe estar al servicio de ella”, señaló el representante.

Según agregó, la decisión afectaría no solo a los trabajadores vinculados al recinto, sino también a cerca de 10 mil usuarios que participan de sus actividades deportivas: “No pretendemos eludir responsabilidades, sino que hacer presente -respetuosamente- los riesgos políticos, administrativos y comunicacionales de su decisión”, afirmó.