Columna de Carmen Soza/ Desempleo: el autogol de las últimas reformas

Llevamos 39 meses consecutivos con una tasa de desempleo por sobre el 8%. Las últimas cifras del INE nos muestran un desempleo total de 9,1% y, para las mujeres, una cifra aún más alta de 10,5%. Esto no es simplemente una mala racha, sino un patrón y una señal de algo estructural que está fallando. 

Esto no puede sorprender a nadie ya que los factores que nos han llevado a ello son conocidos. Lo que sí llama la atención es que, sabiéndolo hace mucho tiempo (casi cuatro años desde el último informe en que la tasa de desempleo era menor a 8%), se haya seguido legislando como si el mercado laboral no existiera o fuera infinitamente elástico. 

¿Cómo llegamos hasta aquí? Con buenas intenciones y malos incentivos introducidos en varias de las últimas reformas. En lugar de tender puentes entre el mundo del trabajo, se dedicaron las energías a enfrentarlos. En muchas oportunidades se miraron los problemas desde un solo ángulo -el del trabajador- y no en cómo esas mismas medidas afectaban o (des)incentivaban la creación de empleos. Y como el tiempo lo ha demostrado a base de leyes, sobre regulación, fiscalizaciones y burocracia, solo se logró una cosa: destruirlos.

En los últimos años han sido aprobadas diversas iniciativas sin tener en cuenta umbrales, gatillos ni mínimos necesarios para la implementación exitosa de dichas reformas. La reducción de la jornada a 40 horas fue aprobada sin ningún tipo de condiciones. No importó si el nivel de desempleo era alto o bajo. Esa reforma fue aprobada en un país con casi un 9% de desocupación, como si la realidad económica fuera un detalle menor. Quizá lo más razonable habría sido decir: bajemos la jornada cuando el desempleo baje de un porcentaje mínimo o establezcamos otro tipo de condiciones. Así de simple. Pero para eso habría que ser un país desarrollado, donde las políticas se diseñan mirando la realidad y no la tribuna.

La Ley Karin aportó aún más incertidumbre jurídica. No porque proteger a los trabajadores del acoso sea malo -al contrario, es completamente necesario- sino porque su diseño ha terminado generando un incentivo perverso a sobre denunciar, y las empresas lo saben. El resultado, como siempre, predecible: aumento de las dudas al contratar y mayor automatización para reducir exposición, sobre todo considerando la revolución tecnológica que estamos viviendo. La pregunta ya no es “¿contratamos?” sino “¿podemos hacer lo mismo con menos personas?“.

A todo lo anterior tenemos que sumar el aumento en las cotizaciones previsionales: era necesario aumentar el ahorro individual, desde luego, pero se optó por hacerlo con un diseño e implementación sin considerar el dinamismo del mercado laboral. Subir el costo del empleo formal cuando hay 900 mil desocupados no financia mejores pensiones: empuja más gente a la informalidad. Y esta última ya alcanza a más de 1 de cada 4. Y aún más dramática es la situación de las mujeres, dónde llega al 29%. 

La gravedad de esta situación radica en que todas esas personas se encuentran fuera de los sistemas formales de cotización, protección social y fiscalización generando una segmentación profunda entre trabajadores “protegidos” y “desprotegidos”. Esta situación encarece adicionalmente el empleo formal, ya que las empresas que cumplen la normativa compiten con esquemas informales que operan con menores costos regulatorios y tributarios. Todas estas reformas (a las que hay que sumar interpretaciones administrativas y dictámenes de los últimos años) fueron implementadas sin evaluaciones completas de su impacto en el mercado laboral, ni individualmente ni en su conjunto especialmente en lasmicro, pequeñas y medianas empresas.

Cambiar esta realidad requiere conjugar principalmente dos ingredientes: crecimiento económico y devolver el dinamismo al mercado laboral quitándole barreras y dotándolo de flexibilidad. Eso requiere mirar al trabajo como un todo, considerando al individuo y a las empresas y empleadores, sean del tamaño que sean, mirando la regulación en forma completa y no sesgada y enfrentando las barreras y los desafíos tecnológicos con verdadera capacitación que permita la necesaria reconversión laboral. Debemos tomarnos en serio esta última ya que el mercado laboral cambia más rápido que la capacidad que tiene el sistema educativo de adaptarse. 

Adicionalmente, es necesario avanzar con el proyecto de sala cuna universal, para quitar esa barrera de entrada a las mujeres. Asimismo, discutir seriamente la generación de un sistema alternativo y voluntario de indemnización a todo evento puede ser una herramienta que permita que un empleador se atreva a dar trabajo sin el yugo que implica actualmente arriesgarse a hacerlo.

Por último, lo sabemos, sin crecimiento económico no hay empleo formal, y no hay recaudación que permita financiar sala cuna, subsidios y el alza de cotizaciones sin terminar ahogando la contratación. Chile lleva más de una década de estancamiento. Eso pasa la cuenta. La respuesta está en recuperar la confianza, bajar la incertidumbre regulatoria y tener una fuerte agenda de crecimiento. Todo esto no para que crezca la economía simplemente como un fin en sí mismo, sino porque con más y mejores trabajos necesariamente terminará mejorando la calidad de vida de las personas.