La polémica licitación del balón del campeonato nacional que inquieta a los clubes: ANFP abre concurso por tres años pese a cambio de directiva

En un año de cambio de directiva -y mientras se disputa el Mundial-, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) abrió una licitación privada para adjudicar por tres temporadas (2027‑2029) los derechos exclusivos del balón oficial de los Campeonatos Nacionales, medida que despertó inquietud entre clubes y actores de la industria por su estructura económica.

Actualmente, los balones del campeonato nacional son marca Molten, como se ve en la fotografía principal.

Las bases del proceso fueron entregadas el 12 de junio de 2026 y la adjudicación está prevista para el 13 de julio. El documento exige balones “Official Match Ball” con certificado FIFA Quality Pro y obliga al adjudicatario a suministrar al menos 8.584 unidades por año: 7.154 para fútbol masculino profesional, 1.020 para femenino, 60 para fútbol joven, 150 para futsal, 50 para playa y 150 unidades para marketing. Las entregas serán semestrales y el despacho corre por cuenta del proveedor.

El modelo económico pedido por la ANFP comprende tres pilares obligatorios: un bono por firma (Signing Bonus), un Mínimo Garantizado Anual y un porcentaje de regalías sobre ventas netas, todos en Unidades de Fomento (UF). Según analistas de la industria, ese esquema garantiza ingresos directos y operativos a la ANFP —sin inmovilizar capital ni asumir inventarios— y, a la vez, transfiere la mayor parte de los riesgos financieros y comerciales al adjudicatario.

Uno de los aspectos que generó ruido entre los clubes es que el contrato de la licitación es más largo que en ocasiones anteriores, pese a que este año Pablo Milad finaliza su proceso y hay cambio de directiva. Entonces, plantean dirigentes del fútbol chileno, deja amarrada a la próxima directiva a contar con recursos financieros que son propios del periodo que viene y no de este, toda vez que los recursos de la ANFP se verán seriamente diezmado con la implementación de la nueva ley.

Los clubes, según dirigentes que son críticos al proceso que se inició, reciben dotación gratuita pero quedan expuestos a la política comercial del adjudicatario: las bases no fijan precio máximo para ventas de balones a clubes para entrenamientos, no establecen descuentos mínimos respecto del retail ni fórmulas de reajuste, ni garantizan condiciones preferentes para categorías juveniles o fútbol femenino. En la práctica, advierten fuentes dirigenciales, los equipos podrían terminar subvencionando indirectamente el negocio del proveedor al comprar reposiciones y material de entrenamiento a precios fijados por éste.

La rapidez del proceso, y su lanzamiento en medio del proceso de elecciones en la ANFP, también alimentaron cuestionamientos internos. Varios clubes ya piden mayores garantías de equidad en las condiciones comerciales y un análisis más detallado del impacto económico para las instituciones afiliadas.

Entre las alternativas planteadas por la industria y clubes están la imposición de un precio máximo obligatorio para clubes, descuentos mínimos respecto del precio retail, fórmulas de reajuste contractuales y precios preferentes para divisiones juveniles y fútbol femenino. Sus defensores sostienen que estas medidas equilibrarían la distribución de beneficios entre ANFP, proveedor y clubes, sin poner en riesgo la continuidad del suministro.