Carta a la directora: mis 9 sesiones en el COSOC–SERMIG, base para una crítica a la administración de Luis Eduardo Thayer y Álvaro Elizalde

Un análisis desde la praxis migrante y la voz de la sociedad civil

Durante catorce meses de gestión como Presidenta del COSOC, he sido testigo privilegiada de una contradicción que atraviesa toda la cúpula del poder migratorio en Chile. Por un lado, un discurso institucional que se proclama “pro migrante”, “feminista” y “defensor de derechos humanos”, encabezado por el director del SERMIG, Luis Eduardo Thayer, y respaldado por el Ministerio del Interior bajo la conducción de Álvaro Elizalde. Por otro lado, una práctica administrativa que sistemáticamente ha reproducido las lógicas de exclusión, burocratización y desposesión epistémica que tanto denunciamos quienes trabajamos en el territorio.

He aprendido que no basta con declarar. Hay que hacer. Hay que transformar las estructuras que oprimen. Hay que devolver a las personas migrantes la palabra que les ha sido robada. Y en eso, lamento decirlo, esta administración —desde la cúpula del Ministerio hasta la última oficina del SERMIG— ha quedado profundamente endeudada.

El ministro Elizalde tiene una responsabilidad que no puede eludir: la Ley de Migración le otorga la facultad exclusiva de regularizar. Esa facultad nunca fue utilizada. El director Thayer tiene otra responsabilidad: ejecutar las políticas con criterio humano y eficiencia administrativa. Tampoco ocurrió.

A continuación, presento nueve resoluciones críticas —una por cada sesión ordinaria y extraordinaria del COSOC durante mi mandato— que sintetizan las demandas no resueltas, las promesas incumplidas y las grietas estructurales que esta dupla deja como herencia. No es un ajuste de cuentas personal. Es un ejercicio de análisis político desde la trinchera de la sociedad civil organizada.

SESIONES ORDINARIAS

Resolución N° 1 (Primera Sesión Ordinaria – 31 de marzo de 2025): El empadronamiento como promesa vacía

La primera sesión del COSOC estuvo marcada por un hecho que resume la relación de esta administración con la verdad: el empadronamiento biométrico de personas en situación irregular fue presentado como el “camino hacia una posible regularización”. Las organizaciones sociales —incluyendo la mía— creímos en esa palabra. Salimos al territorio. Empadronamos a miles de personas. Les dijimos: “confíen en el Estado chileno”.

Hoy, catorce meses después, no hay regularización. El director Thayer se ha escudado en que “nunca se prometió” y que la decisión es facultad exclusiva del Subsecretario del Interior. Pero el Subsecretario depende del ministro Elizalde. Y el ministro Elizalde tenía la facultad. No la ejerció.

Quien siembra expectativas con discursos ambiguos también cosecha responsabilidad política. El empadronamiento no fue un censo inocente. Fue un acto de fe de una comunidad que creyó en la palabra de una autoridad. Esa fe ha sido traicionada desde dos niveles: el director que administró la expectativa y el ministro que tenía el poder para concretarla y no lo hizo.

El Estado no puede utilizar a la sociedad civil como correa de transmisión de políticas que luego no concreta. Gobernar no es generar ilusiones. Gobernar es hacer posible lo que se anuncia. El ministro Elizalde tuvo la herramienta legal en sus manos. Prefirió guardarla.

Resolución N° 2 (Segunda Sesión Ordinaria – 9 de mayo de 2025): La interoperabilidad que no existe

En esta sesión, la consejera Eva Gómez planteó un problema recurrente: el Registro Civil exige a los residentes definitivos la resolución exenta en formato físico, cuando la ley establece interoperabilidad entre instituciones. El director Thayer respondió que “el flujo normalmente está funcionando”.

La realidad que vemos en el territorio es otra. Personas con residencia definitiva no pueden renovar su cédula de identidad porque un funcionario del Registro Civil, desde su escritorio, decide que “el documento no es válido”. Niños, niñas y adolescentes obtienen permisos de residencia y luego el Registro Civil se niega a entregarles su cédula porque “no tienen pasaporte”. ¿Dónde está la interoperabilidad?

El ministro Elizalde, desde Interior, tiene la atribución de coordinar los servicios públicos. Si el Registro Civil no cumple la ley, es su responsabilidad hacerlo cumplir. No ocurrió.

La digitalización no puede ser una coartada para la inacción. Cuando el sistema falla, la burocracia no puede cargar la responsabilidad al usuario. La ley es clara: el Estado debe obtener los documentos por interoperabilidad. Si no lo hace, no es un problema técnico. Es una decisión política. Y esa decisión, ministro Elizalde, es suya.

Resolución N° 3 (Tercera Sesión Ordinaria – 25 de julio de 2025): Los niños sin documentos y la judicialización de la vulnerabilidad

Uno de los temas más dolorosos que hemos abordado es la situación de niños, niñas y adolescentes venezolanos que emigraron antes de cumplir los 9 años —edad a partir de la cual Venezuela emite cédula de identidad— y hoy, en Chile, no pueden obtener ningún documento. El director Thayer respondió: “debe resolverlo un Tribunal de Familia”.

Con todo respeto, señor Thayer, y con todo respeto, señor Elizalde: derivar a un niño a un tribunal no es una política de protección. Es una renuncia a gobernar. Es trasladar la responsabilidad del Ejecutivo al Poder Judicial. Es hacer que una familia en situación de vulnerabilidad enfrente un proceso judicial del que no entiende el idioma, los plazos ni los procedimientos.

El ministro Elizalde, como cabeza del Interior, podría haber instruido una solución administrativa. Pudo haber coordinado con la Subsecretaría de la Niñez. No lo hizo.

Un niño no es un caso jurídico. Es una persona que crece sin identidad, sin acceso a salud, sin acceso a educación. Esta administración ha confundido el procedimiento con la protección. Y esa confusión tiene nombres, tiene rostros, tiene vidas. Tiene la firma de Thayer y la inacción de Elizalde.

Resolución N° 4 (Cuarta Sesión Ordinaria – 26 de septiembre de 2025): El silencio frente a la instrumentalización electoral

En esta sesión, como Presidenta del COSOC, realicé una declaración pública en el contexto electoral, señalando que “las posturas políticas no pueden usar a las personas migrantes como moneda de cambio”. Varios consejeros cuestionaron si esa declaración representaba al COSOC o era personal.

Acepto la crítica metodológica. Pero no acepto la apolítica como condición para participar. Quienes trabajamos con comunidades migrantes sabemos que la migración es política. La xenofobia es política. Los discursos de odio son políticos. Callarse frente a ellos también es una decisión política.

Ni el director Thayer ni el ministro Elizalde se pronunciaron institucionalmente sobre la instrumentalización electoral de las personas migrantes. Su silencio fue una posición. Y en ese silencio, el odio encontró un espacio para crecer.

La neutralidad de la autoridad frente al discurso de odio es complicidad. Esta administración prefirió no incomodar al poder político antes que defender a quienes no tienen voz en las campañas electorales. Thayer ejecutó el silencio. Elizalde lo legitimó desde Interior.

Resolución N° 5 (Quinta Sesión Ordinaria – 14 de noviembre de 2025): La carta al Subsecretario que nunca fue respondida

En esta sesión se aprobó por unanimidad una carta dirigida al Subsecretario del Interior solicitando un proceso de regularización para las personas empadronadas con arraigo. La carta fue redactada, revisada, votada. Se envió. La respuesta nunca llegó.

El ministro Elizalde tenía en su escritorio una solicitud formal del COSOC. Representaba a más de 180 mil personas empadronadas, muchas con años de arraigo, hijos chilenos, trabajo, imposiciones. El ministro no respondió. No porque no pudiera. Porque no quiso.

La burocracia mata la urgencia. Cuando una persona migrante vive en la incertidumbre, cada día es una eternidad. Esta administración ha manejado los tiempos institucionales con una lentitud que no se condice con la desesperación que vemos en las colas, en los campamentos, en las consultas de salud, en las escuelas. El silencio del ministro es una respuesta. Y esa respuesta es: “no nos importa”.

Resolución N° 6 (Sexta Sesión Ordinaria – 19 de diciembre de 2025): El caso del profesional con orden de expulsión

En esta sesión expuse el caso de un ciudadano haitiano con diez años de residencia en Chile, contrato indefinido, imposiciones al día, arraigo familiar. Su solicitud de Residencia Definitiva fue rechazada sistemáticamente. Se le otorgaron residencias temporales de corta vigencia. Impedido de salir del país. Impedido de ver a su familia. ¿El motivo? Un error en el registro de entrada y salida del país entre la PDI y el SERMIG.

El director Thayer admitió que “puede haber errores puntuales” y ofreció revisar los casos. Pero este no es un caso puntual. Es estructural. Miles de personas pueden estar en la misma situación. La falta de interoperabilidad entre la PDI y el SERMIG —ambos bajo la órbita del Ministerio del Interior— ha generado órdenes de expulsión injustificadas, procesos judiciales innecesarios, y una desconfianza profunda en el sistema.

El ministro Elizalde es responsable de coordinar ambas instituciones. Si la PDI y el SERMIG no conversan, el problema es suyo.

Cuando el Estado se equivoca, la carga no puede recaer en el ciudadano. Esa inversión de la responsabilidad es, en sí misma, una forma de injusticia. Un error administrativo no puede significar la expulsión de una persona con diez años de vida construida en este país. Thayer administró el error. Elizalde permitió que se repitiera.

SESIONES EXTRAORDINARIAS

Resolución N° 7 (Primera Sesión Extraordinaria – 23 de junio de 2025): La cuenta pública que celebró lo que no existe

En esta sesión extraordinaria, convocada para revisar el borrador de la Cuenta Pública del SERMIG, los consejeros y consejeras señalaron una y otra vez la desconexión entre lo que el Servicio celebraba y lo que las comunidades migrantes realmente vivían.

Se celebraba la digitalización. Pero las personas mayores seguían sin poder hacer trámites. Se celebraba la interoperabilidad. Pero el Registro Civil seguía exigiendo papeles físicos. Se celebraba el protocolo para NNA. Pero los niños seguían siendo derivados a tribunales. La cuenta pública era una vitrina. La realidad, otra.

El ministro Elizalde, como superior jerárquico del SERMIG, es responsable de que esa cuenta pública refleje la verdad. No lo hizo. Prefirió la ficción estadística.

Esta administración ha confundido la comunicación institucional con la gestión pública. No basta con publicar cifras. Hay que resolver vidas. Una cuenta pública que no es reconocida por las organizaciones que trabajan en el territorio es, simplemente, una operación de imagen. Thayer la redactó. Elizalde la aprobó. Ambos la celebraron. Las comunidades la padecieron.

Resolución N° 8 (Segunda Sesión Extraordinaria – 5 de diciembre de 2025): Las visas GENCHI y la negación de identidad a quienes están cumpliendo condena

En esta sesión se abordó el tema de las visas GENCHI —permisos de residencia para personas bajo custodia de Gendarmería—. El director Thayer fue contundente: “una persona que tiene una expulsión no tiene sentido que tenga un permiso de residencia”. La consejera Danilsa Granados contraargumentó: estas personas están cumpliendo condena en libertad vigilada, necesitan cédula para trabajar, para estudiar, para no volver a delinquir. Sin documentos, la reinserción es imposible.

El director Thayer no cedió. Su lógica era impecable desde el punto de vista legal. Pero ¿desde el punto de vista humano? ¿Desde la pedagogía de la esperanza? ¿Desde la convicción de que una persona puede transformarse si el Estado le da herramientas?

El ministro Elizalde, como responsable de la seguridad pública, debería entender que la reinserción es la mejor política de seguridad. Si una persona sale de la cárcel sin documentos, ¿qué opción le queda? Volver a delinquir.

Esta administración ha priorizado la sanción sobre la reinserción. Ha mirado el expediente penal y no la persona que, después de cumplir su condena, quiere reintegrarse a la sociedad. Un Estado que cierra puertas a quien ya pagó su deuda con la justicia es un Estado que no cree en la redención. Thayer aplicó la ley sin humanidad. Elizalde avaló desde Interior.

Resolución N° 9 (Tercera Sesión Extraordinaria – 9 de enero de 2026): Venezuela, Haití y el principio de no devolución

Esta fue, quizás, la sesión más difícil de todo mi mandato. En enero de 2026, Venezuela declaró un estado de conmoción exterior. Las comunicaciones telefónicas fueron prohibidas. Detenciones de periodistas y defensores de derechos humanos. Intervención militar. En Haití, la embajada chilena llevaba meses cerrada. La institucionalidad colapsada. Las personas no podían obtener documentos ni siquiera para solicitar su regularización.

El COSOC pidió: suspensión de expulsiones hacia Venezuela y Haití. Garantía del principio de no devolución. Reconocimiento de causas sobrevenidas de refugio. El director Thayer escuchó. No hubo respuestas concretas. El ministro Elizalde, desde Interior, no dictó instrucción alguna.

Una autoridad migratoria no puede esperar a que la crisis se confirme. Debe anticiparse. Debe proteger. Debe aplicar el principio precautorio cuando la vida de las personas está en riesgo. Eso no ocurrió. Ni Thayer ni Elizalde actuaron.

En el momento más álgido de la crisis política en la región, esta administración se mantuvo en la contemplación. No suspendió expulsiones. No dictó instrucciones claras. No actuó con la urgencia que la situación exigía. El principio de no devolución no es una aspiración. Es una obligación internacional. Y no se cumplió. Ni Thayer ni Elizalde tienen excusa.

Reflexión final: La palabra que faltó en dos niveles

He organizado estas nueve resoluciones no como un catálogo de quejas, sino como un ejercicio de análisis desde la praxis. Porque gobernar las migraciones no es administrar expedientes. Es reconocer en cada persona —con o sin papeles— a un sujeto de derechos. Es crear las condiciones para que quienes llegaron a este país puedan construir una vida digna. Es, sobre todo, escuchar.

El director Thayer escuchó, en apariencia. Convocó al COSOC. Asistió a sesiones. Respondió preguntas. Pero la escucha verdadera no es la que termina en una respuesta cortés. Es la que transforma. Es la que modifica políticas. Es la que, frente a la evidencia de un error, corrige el rumbo. Esa escucha transformadora no ocurrió.

El ministro Elizalde, por su parte, ni siquiera escuchó. Nunca asistió a una sesión del COSOC. Nunca respondió la carta que le enviamos. Nunca utilizó la facultad que la ley le otorgaba para regularizar. Su gestión desde Interior se caracterizó por una ausencia absoluta: ausencia de respuesta, ausencia de coordinación, ausencia de voluntad política.

Lamento decir que esta dupla —Thayer ejecutando, Elizalde mirando hacia otro lado— deja un saldo devastador.

Las personas migrantes no necesitan vitrinas. Necesitan regularización. El ministro Elizalde tenía la facultad. No la usó.

Los niños sin documentos no necesitan tribunales. Necesitan identidad. El director Thayer tenía la responsabilidad de coordinar una solución administrativa. Derivó el problema a los jueces.

Las mujeres embarazadas que ingresaron por pasos no habilitados no necesitan suspensiones temporales de trámites. Necesitan seguridad. El ministerio no instruyó ningún protocolo claro.

Las personas con diez años de arraigo no necesitan que les revisen el certificado de antecedentes penales de un país que no han pisado en una década. Necesitan que se les reconozca lo que ya son: parte de Chile. Ni Thayer ni Elizalde entendieron eso.

La educación popular que practico me enseñó que la transformación no viene de arriba hacia abajo. Viene de abajo hacia arriba. Viene del territorio, de la olla común, de la cola en el SERMIG, de la madre que traduce para su vecina, del niño que explica a su mamá cómo llenar un formulario. Esa sabiduría no fue escuchada por Thayer. Esa fuerza no fue potenciada por Elizalde. Esa palabra —la palabra de quien sufre en silencio— no encontró eco en esta administración.

Queda, sin embargo, un aprendizaje: el COSOC resistió. Las organizaciones resistieron. Las comunidades resistieron. Y ese tejido, ese vínculo, esa confianza reconstruida entre nosotras y nosotros, eso no lo destruye ninguna administración, por más sorda que sea.

El actual gobierno que asuma el SERMIG y el ministro que ocupe Interior tienen enfrente a una sociedad civil organizada, crítica, formada, dispuesta a no callarse. Y también, ojalá, tendrán la humildad de escuchar de verdad.

Porque migrar no es un delito. Es una condición humana. Y gobernar las migraciones no es administrar el miedo. Es administrar la esperanza.

Thayer y Elizalde administraron el miedo. Nosotras administramos la esperanza. Por eso, al final, la balanza se inclina.

Esa es la lección que me llevo. Y esa es la crítica que dejo.

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*Licenciada en Trabajo Social (UNAB) y Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) — Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) (2025-2026)