Las veces en que la izquierda impulsó eliminar el TC, mismo que hoy surge como un medio de apoyo ante el gobierno de Kast

“Una vez más el TC evidencia que sus siglas no corresponden a un ‘Tribunal Constitucional’, sino a una ‘Tercera Cámara’“.

De esa forma se refería a finales de 2018 el entonces diputado Giorgio Jackson al TC, órgano creado en la Constitución Política de 1980 y reformado fuertemente en 2005, año desde el que funciona de la manera en que se le conoce hoy: integrado por 10 ministros y encargado de realizar control “preventivo y posterior” de los proyectos de ley provenientes del Congreso, de las reformas constitucionales, los tratados internacionales, además sobre decretos y resoluciones.

Sin embargo, en la izquierda la existencia de un órgano como el TC estaba lejos de resultar cómodo. De eso daba muestra Jackson, cuyo comentario era una queja por la votación que tuvo el tribunal cuando parlamentarios de Chile Vamos acudieron a él para presentar un requerimiento en contra del reglamento de objeción de conciencia para el aborto en tres causales.

Lo que generaba resquemor en la izquierda era que el TC no actuaba con criterios de un tribunal, sino que adquiría un rol político, según relataban en esos años.

Esa postura la fundamentaban en la conformación del tribunal, debido a que tres de sus integrantes son nominados por el Presidente de la República, cuatro por el Congreso (dos desde la Cámara de Diputados y dos desde el Senado), y otros tres por la Corte Suprema.

Tal distribución, consideraban, hacía que el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes, resoluciones o reglamentos que proviniesen de la arena política perdiera legitimidad.

Sin embargo, con el reciente pronunciamiento del tribunal sobre el proyecto de ley de Escuelas Protegidas emanado del gobierno de José Antonio Kast, particularmente del Ministerio de Educación, y que declaró inconstitucional cuatro artículos de la propuesta legislativa, desde ese sector han comenzado a mirar con mayor afinidad al órgano.

Tanto así que hay parlamentarios que han insistido en acudir a él —como el diputado Jaime Mulet (FRVS)— a propósito de la discusión del proyecto de reconstrucción, el que ayer fue aprobado en general por 26 votos en el Senado, los votos justos y necesarios para su avance.

Acudir al TC es visto como una forma de impugnar la megarreforma, en la que apuestan a que los ministros del tribunal objeten la invariabilidad tributaria de 25 años que se propone en una de las tantas normas que tiene el proyecto.

Además, la acción es vista como un buen mecanismo de respuesta ante la resistencia que consideran que ha tenido el Gobierno a incluir sus propuestas en el proyecto misceláneo, en donde han apuntado principalmente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de no dar su brazo a torcer en el debate legislativo.

Las veces que se cuestionó al TC

No obstante, la situación ha provocado discusión interna en el oficialismo por la contradicción que significaría que ahora personeros de izquierda vean al TC como un aliado a considerar, pese a las advertencias que hizo Luis Cordero, exministro de Justicia de la administración de Gabriel Boric, quien hizo un llamado a que la oposición no viera al tribunal como tal.

Lo anterior ha llevado a que se refloten dichos no solo de Jackson contra el TC, sino también del propio Boric, así como de la exministra y exdiputada Camila Vallejo (PC).

En el caso del exmandatario, fue un participante activo de la discusión de realizar cambios al Tribunal Constitucional mientras era diputado. De aquello dejaba evidencia en sus redes sociales, donde por ejemplo, en mayo de 2019 dijo que el principal problema del TC era “el excesivo ‘grosor constitucional’ del sistema jurídico chileno“.

Dos meses después, en tanto, afirmó que en la comisión de Constitución —que integraba— seguían debatiendo la “necesaria reforma al Tribunal Constitucional“. Pese a mostrarse contrario al funcionamiento del órgano, sostuvo en esa misma publicación que “el TC debe seguir existiendo, pero sus facultades deben ser limitadas al control estricto del texto de la Constitución y no de leyes de quórum“.

En agosto de 2019, no obstante, consideró cuestionable que “la nueva presidenta del Tribunal Constitucional haya sido la jefa del Segundo Piso del primer gobierno de Piñera. ¿Cómo pretenden que alguien en la imparcialidad de sus decisiones? Otro elemento más a sumar la deslegitimación del TC”. Se refería a María Luisa Brahm.

Por su parte, Vallejo cuestionó al TC en diciembre de 2020, año en el que se debatieron fórmulas legislativas para que los retiros del 10% de los fondos de pensiones se materializaran. Una de esas jugadas fue cuestionada por el TC, a lo que la entonces diputada comentó: “Curioso que el TC hable de respetar las atribuciones cuando su fallo pretende entregar al Presidente ‘la llave de la Constitución’ y el mismo TC se atribuyó facultades legislativas en aborto en tres causales”.

Y sumó: “La Convención Constitucional tendrá que evaluar su rol e incluso su existencia“. Antes ya había cuestionado definiciones que había tomado el órgano en materia educacional.

La propuesta constitucional

El llamado de Vallejo fue atendido en la posterior Convención Constitucional.

En esa instancia, de mayoría de izquierda, se presentó una norma en diciembre de 2021 que unió transversalmente a los convencionales de ese sector (Lista del Apruebo, Independientes No Neutrales, Apruebo Dignidad, Lista del Pueblo, entre otras): eliminar el TC.

La norma buscaba, en palabras de quienes la respaldaron —como el exconvencional Mauricio Daza— “establecer un nuevo sistema de justicia constitucional”.

“Hay una mayoría determinante en el TC (en referencia a sus integrantes), que han sido designados por el poder político y lamentablemente quienes han estado a cargo de esas designaciones, el Presidente de la República y el Congreso, no han tenido el cuidado debido para tener a personas que estén a la altura del desafío”, argumentó Daza.

Chirstian Viera, uno de los convencionales de la Lista del Apruebo (grupo asociado al Socialismo Democrático), dijo en una entrevista con The Clinic días después de ser electo que “como conocemos hoy al TC, necesita una reforma muy profunda, partiendo por quienes lo integran (…). Yo estoy abierto a la conversación si debe desaparecer o transformarse porque alguien tiene que realizar la función de controlar la ley. Hay modelos en el mundo donde el control, por ejemplo, lo hace la Corte Suprema. Yo me inclino por un órgano especial, pero le cambiaría hasta el nombre, Corte Constitucional”.

Viera fue uno de los que estuvo de acuerdo con dejar expresado en la propuesta el fin del TC. En ese grupo también estaban los actuales diputados del Frente Amplio, por ese entonces convencionales, Constanza Schonhaut, Jaime Bassa e Ignacio Achurra. La norma avanzó y quedó expresada en la propuesta constitucional.

“El Tribunal Constitucional cesará en sus funciones y se disolverá de pleno derecho. En ese momento se traspasarán a la Corte Constitucional, sin solución de continuidad, los bienes, los derechos y las obligaciones del Tribunal Constitucional”, señala una de las tantas disposiciones transitorias que contenía el escrito final, rechazado en las urnas el 4 de septiembre de 2022.