Ordenan indemnizar con $70 millones a trabajador y sus hijas por trauma ocular causado por Carabineros durante el estallido social

Durante esta jornada la justicia condenó al fisco a pagar un total de $70 millones a un hombre que fue impactado por una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de Carabineros durante una manifestación que se determinó fue pacífica, el 15 de noviembre de 2019, en el contexto del llamado estallido social. El trabajador perdió totalmente la vista en su ojo derecho y sufrió fracturas en el rostro de las que aún tiene secuelas.

La sentencia del Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago estableció una indemnización de $50 millones por daño moral para la víctima y de $10 millones para cada una de sus dos hijas menores de edad, al considerar acreditada la responsabilidad del Estado por el uso desproporcionado de la fuerza y el perjuicio en la calidad de vida del trabajador al perder la visión completa de uno de sus ojos.

En el fallo, se determinó que el demandante recibió el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de Carabineros a aproximadamente ocho metros de distancia, lo que le provocó una fractura de la órbita ocular, fractura nasal desplazada, subluxación del tabique y la pérdida total de la visión en su ojo derecho, con graves consecuencias en su vida.

El suceso ocurrió cuando Carabineros dispersaba una manifestación pacífica en las inmediaciones de Plaza Italia, según las pruebas rendidas ante el tribunal.

Fuera de amenaza y pérdida de la visión

La jueza concluyó que no existían antecedentes que justificaran el uso de armas no letales, ya que el demandante no representaba una amenaza para los funcionarios policiales.

“Es posible concluir que Carabineros de Chile hizo un uso desproporcionado de la fuerza al emplear armas no letales en contra del actor (…), el uso de las mismas correspondía a una medida innecesaria y desmedida conforme se desprende de sus propios protocolos”, señala la sentencia.

De acuerdo al documento de la demanda, el afectado regresaba de su trabajo en una tienda de retail cuando decidió pasar por el sector de Plaza Italia, donde observó una manifestación y comenzó a tomar fotografías.

Mientras se encontraba cerca del río Mapocho, un funcionario policial le habría apuntado directamente con una escopeta antidisturbios y disparado una bomba lacrimógena desde una distancia aproximada de ocho metros.

Tras ser atendido de urgencia en la Clínica Santa María y posteriormente en el Hospital del Salvador y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas. Finalmente, el diagnóstico confirmó la pérdida del 100% de la visión y la necesidad de que en un futuro debería utilizar una prótesis ocular.

Secuelas físicas, psicológicas y laborales 

Durante el juicio se expuso que las consecuencias de la lesión afectaron profundamente la vida del demandante. El trabajador relató que vive con miedo permanente de perder la visión del ojo izquierdo, sufre crisis de ansiedad, depresión y dificultades para establecer relaciones personales. Por estos motivos, declara que aún continúa bajo tratamiento psiquiátrico. 

Además, indicó que su vida personal se vio afectada al dejar de practicar deportes, pasar menos tiempo con sus hijas al ser pequeñas y por temor a que le hicieran más daño en su rostro, así como por sus estados de ánimo, y problemas para desplazarse y trabajar debido a la pérdida de profundidad visual,

En cuanto a lo laboral, el demandante explicó que antes del incidente ejercía como supervisor en una tienda de pinturas, pero tras reincorporarse fue rebajado a vendedor, con una disminución importante de su remuneración. Posteriormente debió de cambiar de empleo en varias oportunidades, incluyendo una ocasión en que fue cuestionado por el ataque que sufrió, lo que lo revictimizó, además de afirmar que nunca logró recuperar el cargo ni el salario que tenía antes de la agresión.

Indemnización millonaria por daños morales a la víctima y sus hijas

Además, la sentencia consideró el impacto que los hechos tuvieron sobre sus dos hijas, que tenían cuatro años de edad durante el estallido social, y quienes debieron enfrentar las consecuencias físicas y emocionales sufridas por su padre. Una de ellas pasó por momentos de temor y llantos al encontrarse alrededor de Carabineros y su padre asegura que vive con constante miedo de que a él le suceda algo similar nuevamente.

De la misma manera, aseguran en la demanda que pese a la corta edad de las niñas, han debido procesar los cambios de humor, depresión e incluso un intento de suicidio de parte de su padre, tanto al tener que dejar de verlo por un tiempo luego de que fue internado en un hospital psiquiátrico como dándole apoyo moral cuando se reanudaron las visitas.

El tribunal precisó que, al fijar el monto de la indemnización, no descontó la pensión de gracia otorgada previamente al demandante por ser víctima de apremios ilegítimos en el estallido social, ni acogió la alegación del fisco respecto de una supuesta exposición imprudente al daño.

La jueza señaló que el monto fue determinado considerando “la violencia de los hechos ocurridos, la edad del actor, la circunstancia de tener que vivir el resto de su vida con una incapacidad y las graves consecuencias en su ámbito afectivo”, además del impacto emocional sufrido por sus hijas al presenciar las consecuencias de la lesión de su padre.

Por esta razón, el fallo ordenó al Estado pagar $50 millones a la víctima y $10 millones a cada una de sus dos hijas, por concepto de daño moral.