Informe de Contraloría concluye que la exministra Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI

Dos días después de asumir como ministra de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, Trinidad Steinert envió un oficio reservado a la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar un detallado informe sobre funcionarios de una brigada específica que participaban en una investigación penal en curso. Ciento trece días después, la Contraloría General de la República concluyó que la entonces secretaria de Estado excedió las atribuciones que la ley le confería.

El pronunciamiento, solicitado por los diputados Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Tatiana Urrutia (FA), surgió luego de que los parlamentarios pidieran revisar la legalidad de dicho oficio, la posterior desvinculación de la entonces prefecta general de la PDI, Consuelo Peña, y la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad.

El dictamen, si bien reconoce que el Ministerio de Seguridad tiene facultades para requerir información reservada a las policías, precisa que esas solicitudes deben estar vinculadas al ejercicio de sus funciones y que, en ningún caso, pueden utilizarse para requerir antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso.

Ese fue, precisamente, el punto en el que la Contraloría concluyó que Steinert excedió las atribuciones que le entregaba la ley.

Con todo, Steinert dejó su cargo el 19 de mayo y, si bien La Moneda era consiente de que este informe sería desfavorable, los problemas en la agenda de Seguridad y los cruces de la exministra con el Congreso allanaron el camino de su salida que, además, el Presidente buscó que fuese previo a la cuenta pública, para poder dar un nuevo envión a su gabinete y realzar al nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano).

El detalle del informe de Contraloría

Según el ente fiscalizador, Steinert solicitó un “informe detallado respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada y que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público”.

En el mismo oficio, además, requirió que la PDI “informe pormenorizadamente los fundamentos institucionales y necesidades de servicio que sustentaron la reasignación de una dotación de funcionarios que se encontraban ejerciendo labores investigativas”.

La Contraloría señala que esta última solicitud, en principio, podría haberse ajustado al marco normativo. Sin embargo, advierte que el oficio “no sólo se pide informar en general sobre estas materias sino que, además, la exautoridad requiere que se adjunte la nómina detallada (nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita), así como la denominación y la materia a que dicha causa se refiere”.

A ello se sumó la solicitud para que la PDI explicara los fundamentos de esos traslados, informara la región, la unidad de destino y el cargo que desempeñaba cada funcionario, además de remitir antecedentes disciplinarios o penales y copias de eventuales denuncias administrativas o sumarios internos.

Sobre este punto, la Contraloría sostiene que tal exigencia, “aunque se haya emitido en carácter reservado, se refirió a datos personales, antecedentes de desempeño, administrativos y eventualmente penales de funcionarios públicos específicos. Además, se señala que aquellos habrían intervenido en una investigación penal precisa —la que aún se encontraba en curso—, cuestión que permitiría su individualización y ubicación actual, entre otros elementos que, conforme a la ley, deben ser resguardados”.

“Ello excede la facultad general de requerir informes”, concluye el dictamen, agregando que no se advierte de qué manera esa información específica podía enmarcarse dentro de las funciones de planificación, diseño, monitoreo, coordinación o evaluación de políticas públicas que la ley asigna al Ministerio de Seguridad.

El organismo también recordó que Steinert, antes de asumir como ministra, había encabezado precisamente la investigación que motivó el requerimiento de información, circunstancia que, a juicio del ente contralor, hacía aplicable el deber de abstención previsto para quienes ejercen cargos públicos cuando existe un potencial conflicto de interés.

“En consecuencia, se concluye que la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, concluye el documento.