La barrera del PC al proyecto que busca elevar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales y que cuenta con apoyos desde el Frente Amplio a RN

El martes, cuando el exministro Nicolás Grau (Frente Amplio) hizo un punto de prensa tras el rechazo del Senado a la acusación constitucional en su contra, una de las personas que estuvo a su lado fue el senador Daniel Núñez, uno de los tres representantes del Partido Comunista (PC) en la Cámara Alta.

Su presencia fue en señal de respaldo al economista de la Universidad de Chile. En la oposición consideraban que la ofensiva contra Grau había sido “injusta”, pues los acusadores apelaron a antecedentes que fueron desacreditados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), a la vez que se insistió en que el juicio político que realiza el Congreso es una herramienta de última instancia, a diferencia de lo que había ocurrido con el extitular de Hacienda.

Ese último punto fue el que llevó a que parlamentarios desde el Frente Amplio hasta RN apoyaran una iniciativa que aumentara los requisitos para realizar una acusación. Actualmente sólo se requieren 10 firmas para iniciar un libelo acusatorio, lo que contrasta con instancias que son vista como “previas”: para una interpelación parlamentaria se necesita la aprobación de 1/3 de la Cámara (52 diputados), mientras que una comisión especial investigadora necesita el visto bueno de 2/5 de los integrantes de la corporación (62 diputados).

La diputada Gael Yeomans (Frente Amplio), dijo en un punto de prensa conjunto de parlamentarios opositores y oficialistas —a mediados de junio— que era “necesario actualizar nuestras herramientas de fiscalización”.

“Consideramos que la herramienta de acusación constitucional se ha desnaturalizado enormemente”, planteó el timonel de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke.

Aunque la idea concitó un amplio respaldo e incluso dio origen a una propuesta legislativa similar en el Senado, el PC se ha desmarcado de ella.

“Cerrojos institucionales”

Dentro de la colectividad que dirige Lautaro Carmona consideran que no se deben aumentar las condiciones para iniciar juicios políticos, pues consideran que se podría afectar el trabajo propio de los diputados, que, además de legislar, es fiscalizar la labor del Ejecutivo.

“Es un error restringir y debilitar la herramienta de la acusación constitucional por una consideración de la coyuntura”, planteó ayer el diputado Luis Cuello (PC), a propósito de la arremetida que libertarios —que constan de 8 diputados— iniciaron contra Grau, con apoyo de los republicanos.

“La acusación contra él que presentó la extrema derecha fue sin duda vergonzosa política y jurídicamente, pero esa no es una buena razón para aumentar el poder del Ejecutivo”, planteó.

Una postura similar tiene la diputada Nathalie Castillo, su compañera de bancada. “Estamos en contra de cualquier intento de volver a instalar cerrojos institucionales“, planteó la representante de la Región de Coquimbo a The Clinic.

Para Castillo, que se suban quórums o que se añadan “trabas” a las acusaciones constitucionales “no fortalece las instituciones”, sino que “más bien parece un intento de blindar a autoridades frente al control democrático“.

“Con todo lo que ha sucedido en temas de faltas a la probidad, necesitamos más fiscalización y más rendición de cuentas. Una democracia fuerte no le teme al control ni al escrutinio público”, sostuvo.

La diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del PC en la cámara, tiene una apreciación similar. Si bien la parlamentaria del distrito 12 menciona que se ha hecho un “abuso” de la herramienta legislativa en los últimos años, sostiene que “el problema no son los requisitos, sino el fondo“.

“El debate no debiera ser debilitar la herramienta de la acusación, sino todo lo contrario: llamar a la conciencia de que los parlamentarios tienen que tener muy claro que, cuando se levanta una acusación, debe haber mérito para aquello”, señaló.

“Esa es la postura que hemos tomado como comité“, selló Serrano.

¿Acusar a Steinert?

La discusión ocurre cuando, en paralelo, se observa la posibilidad de acusar constitucionalmente a la exministra Trinidad Steinert, quien estuvo a cargo de la cartera de Seguridad los primeros 69 días del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El nombre de la abogada volvió a aparecer en la discusión política luego del dictamen que emitió la Contraloría a partir de un informe reservado que Steinert solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI), al segundo día de haber llegado a la cartera, y que pedía información sobre una causa que era conocida por ella desde sus años de fiscal regional en Tarapacá.

El ente administrativo determinó que la entonces ministra excedió sus atribuciones y que, incluso, podría verse envuelta en un posible conflicto de interés. Esa situación ha hecho que parlamentarios opositores hayan hecho llamados a conformar una comisión especial investigadora e, incluso, evaluar una acusación constitucional. De todos modos, esta última opción se ha mirado con distancia, a partir del episodio ocurrido con Grau.

De todas formas, el diputado Cuello manifestó que “acá perfectamente se configura una causal de acusación constitucional“.