SABÍA USTED QUE... Para ex militares detenidos es una tortura no ser indultados. (Emilio Ciriza) Mándanos tu Sabía Usted Que...
THE CLINIC
En su último libro, María Olivia Mönckeberg cuenta cómo hicieron su fortuna y quiénes son los magnates dueños de los medios en Chile -Agustín Edwards, Álvaro Saieh, Ricardo Claro, Sebastián Piñera y algunos extranjeros-, describiendo en detalle el penoso panorama de la prensa en Chile.
La situación de la prensa chilena muestra hoy una paradoja, asegura Mönckeberg en su libro “Los magnates de la prensa”: “Nació crítica, libertaria y republicana… pero cuando Chile se apronta a conmemorar el Bicentenario, los diarios responden a los intereses de influyentes grupos económicos de derecha, más preocupados de consolidar sus ganancias y proyectar sus ideas que de informar”.
Así, dice la autora -Premio Nacional de Periodismo 2009-, el derecho a la información y la libertad de expresión en nuestro país son manipulados de acuerdo a los intereses de quienes controlan los medios, por medio de “velos y cortinas de silencio”. Esto dice haberlo comprobado en carne propia. Sus anteriores libros, potentes investigaciones periodísticas justamente sobre la concentración del poder económico en nuestro país -”El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno”; “El imperio del Opus Dei en Chile”; “La privatización de las universidades” y “El negocio de la universidades en Chile”-, en los que las conexiones con los medios aparecen una y otra vez, fueron ignorados por “la gran prensa”.
SALVAVIDAS
En el libro se plantea que lo que llevó a Chile a la actual situación de concentración en la prensa escrita fue el salvataje que le dio el Estado al final de la dictadura, por medio de personeros muy interesados en que el poder de la prensa quedara en manos amigas, a las dos cadenas que hoy copan el mercado: El Mercurio y Copesa.
Ambas, gracias a la censura impuesta por la dictadura, no tuvieron competidores por años, pero contrajeron importantes deudas modernizando sus instalaciones y sus procesos. Para la crisis del 82, las deudas de Edwards llegaban a cien millones de dólares. Y mientras cientos de empresas quebraban, el régimen salvaba a El Mercurio entregándole 53 millones de dólares en créditos a través del Banco del Estado. Muy importante en esta y en las transacas que vinieron -traspaso de acciones de El Mercurio S.A.P. al Banco del Estado, renegociación de la deuda a quince años con intereses excepcionalmente bajos, opción de rematar deudas, “permutas” de créditos e importantes inversiones del Estado en publicidad para el decano- fue el actual presidente del Senado, Jovino Novoa, quien al salir de la Subsecretaría General de Gobierno llegó como editor general de informaciones a El Mercurio y trabajó con Edwards para sanear las platas.
Copesa, por su parte, estaba en esos años en manos de Gonzalo y Germán Picó Domínguez y adeudaba 1.137.742 UF. Para salvarla, el Banco del Estado se quedó con el 70% de las acciones de Malán Inversiones S.A., principal accionista de Copesa. Y luego se las vendió a Álvaro Saieh, Carlos Abumohor y Alberto Kassis, todos amiguis del régimen, en sólo un tercio de la deuda original. Todos los movimientos para realizar este rescate, incluidas las polémicas “permutas” de créditos que vinieron después, significaron una pérdida de 273.503 UF para el Banco del Estado.
Terminada la dictadura, el duopolio se ha llevado gran parte de la publicidad, pagada en la mayoría de los casos por sus contactos en las cerradas redes del poder económico. Los medios nacidos en dictadura, como el diario La Época, han muerto, lo mismo que gran parte de los proyectos que han nacido en los años posteriores. Hoy, el duopolio se lleva el 82,7% de la venta de diarios.
Como una excepción, destaca el libro el caso de este pasquín, que ha logrado sobrevivir ya diez años. “Pero aún así, la escasa publicidad que capta no le asegura un desarrollo estable… The Clinic no logra traspasar los cercos ideológicos, ni los prejuicios de los avisadores que rechazan su línea transgresora”, asegura la autora.
“LA NUEVA OBSESIÓN DE PIÑERA”
En relación a la radio, la autora demuestra cómo la llegada de grandes consorcios extranjeros -Caracol, Prisa, Iberoamerican Holding- ha logrado concentrar un medio cuya principal característica era, justamente, el pluralismo y la diversidad. En el caso de la TV, Mönckeberg asegura que si bien la concentración no es tan extrema como en los medios escritos, “tampoco es satisfactoria en términos de diversidad”. Asegura que en Canal 13 han ganado influencia los sectores más conservadores de la iglesia, y habla específicamente de la periodista María Ester Robledo, supernumerarioa del Opus y ex directora de la revista “Hacer Familia”, para quien se creó el cargo de “editora general de contenidos”. Megavisión es también cercano a estos sectores conservadores. Ricardo Claro era un entusiasta colaborador del Opus Dei, aunque nunca admitió ser miembro de “la Obra”. Conocida fue su amistad con el cura Medina y el cura Hasbún, a quien se llevó a su canal después de que Canal 13 lo sacara por defender al aire a Manuel Contreras. Y aquí es donde aparece Piñera, el actual candidato de la derecha, que se ha negado a desprenderse de Chilevisión, canal que compró en 2005 y que, según la autora, hoy se conoce como su “nueva obsesión”. Tanto así que lo dejó fuera de su “fideicomiso privado” y ha dicho que cumplirá con los requerimientos de independencia, pero que no lo venderá. Consultada por The Clinic, la autora especula al respecto: “Él lo considera un medio importante para influir. Aunque se dice que es neutro, las cosas nunca lo son. Él entiende bien lo que significa la televisión en esta sociedad”.
Monckeberg afirma que este panorama, dominado por la concentración de los medios en unas pocas manos ligadas a la derecha económica y política, atenta directamente contra el establecimiento de una democracia profunda, y asegura: “Un Estado más fuerte -como en otros planos de la vida nacional-, que sea capaz de regular la concentración y abrir posibilidades a la expresión de la diversidad de voces que forman el país, es una necesidad urgente”.
Así es, tal como lo describe. Por ello se debería partir por el final. Una observación general, la globalización ha dejado en muy pocas manos los medios informativos, y se puede decir que en las peores manos, individuos inescrupulosos que tienen en sus manos una herramienta ideal para la manipulación de masas. Es decir, para gobernar sin ser gobierno, para lobotomizar al ciudadano común, para extraerle y corromper su conciencia. Para que todos duerman el sueño de la ignorancia.
De ese modo han logrado despolitizar a la población como nunca antes. La población chilena yendo tras los humos coloreados del tubo catódico al cual se conectan día a día, como a una droga aniquila su voluntad. Todo tiene que ser similar a la televisión, incluso esta elección presidencial; lejos la más estúpida de toda la historia de Chile. No es una contienda política, es una contienda semiológica, un choque de fantasías.
Así se entiende que piñera (con minscula) quiera tener en sus manos el canal. Sabe que para su superviviencia en el poder debe suministrar opio-televisivo permanentemente. Que es la propaganda natural del sistema, un show, un reality son política y propaganda que no parece politica. Con eso es suficiente. Asegurar que en cada casa se vea tele mientras él calcula su próximo paso financiero. Sebastián no es de los que pierden el tiempo.
Personalmente no me gusta esta publicación, pero a veces una luz mortecina la alumbra. Para nuestro Chile dormido es mucho.
Buenas noches, mis bendiciones.
La Prensa es el cuarto Poder del Estado y tan poderoso es, que en las encuestas se deja ver porque es un poder que está manejado por los magnates para que custodien sus intereses de sus patrimonios, para muestra ahí está el candidato Piñera que ya se cree dueño de Chile por la fortuna que tiene y que no lo va a destinar para la Protección Social.
en algo estan completamente equivocados… piñera si dara proteccion social… osea, proteccion a la gente de bien de los antisociales de la periferia… oj oj oj
Que lástima que esta Sra. no incluya el origen de las fortunas de millonarios anonimos tal Eduardo Frei, Edmundo Pérez Yoma, Andreonico Luksic, y tantos más con fortunas muy superiores a las que logró acumular don Augusto Pinochet, tan criticado por la fauna marxista.
También debería publicar una lista de los créditos otorgados por el Banco del Estado a sus correligionarios de la concertación para financiar operaciones similares a las de Copesa.
sea proactivo julio y entregelas uste… me interesaria leer esos datos
Este artículo nos debe hacer reflexionarde lo importante que
es mantener vigentes los medios de comunicación que no
responden a los poderes económicos y/o políticos y que con-
centran en sus manos este 87.2% de ventas.
Basta un acto: comprar y leer el porcentaje restante, para
que éste no sólo disminuya, sino que aumente.
esta claro, segun mi punto de vista, que al gobierno no le conviene que exista gran variedad de medios de comunicacion, ya que asi la info se entrega solo desde una mirada, sin derecho a replica, ya que no existen diarios o televisoras que muestren las cosas discrepando de los demas, no hay discrepancias, ese es el problema, entonces la info que entregan se impone como la verdad absoluta. al estado no le conviene porque la gente comensaria a cuestionar mas, a tener una mirada critica frente al acontecer, seria caotico para ellos que la gente comenzara a exigir lo que les corresponde.
esto mismo sucede con la literatuta, si eliminaran los impuestos a los libros la gente probablemente compraria mucho mas, se pondria mucho mas reflexiba, no seria tan facil “meterles el dedo en la boca” como siempre.
mientras exista mas ignorancia, mas control se puede ejercer sobre la poblacion; una poblacion ignorante se deja llevar, es sumisa, se conforma con muy poco. si la gente no fuera ignorante, como dije antes, si tuviera una mirada mas critica, los que tienen hoy el poder probablemente no estarian.
ERASMO Y LA CONCHADETUMADRE, ABORREZCO CADA UNA DE TUS PALABRAS WN AUNQUE A VECES CONCUERDO CON LAS MIERDAS QUE ESCRIBES IGUAL ME PATEAN Y NO SE, ESA WEA DE “A LA NOTA EXPUESTA UNA PARAFRASIS” QUE MIERDA DE FRASE Y ENCABEZAMIENTO QUE REPITES SIEMPRE HIJO DE PUTA REDUNDANTE Y PATETICO Y ESE AIRE DE INTELECTUAL QUE NI VOH TE LA CREIS LOSER Y LA CONCHETUMADRE DE SEGURO QUE FUISTE UNA VICTIMA RAZONABLE DEL BUYLLING WN PORQUE CON ESE NOMBRE CULIAO QUIEN NO SE REIRIA EN TU CARA HIJO DE LA GRAN PERRA !
es evidente que a los periodistas les da de comer el pregonar (aunque sea criticamente) el que los medios controlan a la gente. pero olo bastaria con que cada habitante explotado bajo cualquier medio se haga valer, se organice mediante sindicatos, juntas, centros de alumnos, etc.. para que dej de existir tal preponderancia. para bien o mal, el saber cuantos muertos hubo el 18 de septiembre no es aporte para ninguna causa critica particular.
yo no veo tele ni leo el merculo ni la nacion, me infirmo por blogs ( a veces de periodistas, a veces de politologos), medios de prensa independiente, y solo algunos medios mas formales escirtos, como el ciudadano o le monde.
prefiero leer pensadores que me ayuden a percibir la realidad con conceptos constructivistas y conducentes y propositivos, en vez de esa muerta realidad descrita por el periodista mediocre.
Amenazas a las garantías personales en Chile.
Síntomas preocupantes.
La polémica desatada en torno al caso de homicidios múltiples conocido como La Quintrala y su Sicario, en la que se han visto involucrados el Ministerio Público y los Jueces de Garantía, obligando al propio presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, a exigir prudencia y cordura de parte de los protagonistas. El providencialmente abortado – por el senado de la república – intento de los fiscales de intervenir los teléfonos que se les antojase sin la autorización previa de un juez. La intromisión a su amaño del Servicio de Impuestos Internos en las cuentas corrientes y también en detalles del consumo e intimidades de las personas por intermedio de sus tarjetas de crédito. La irrupción de fiscales que no son tales en operaciones policiales intrusivas. O el brutal hacinamiento imperante en muchas cárceles, denunciado por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado; son sólo algunos síntomas que indican que las garantías personales en Chile no son todo lo respetuosas y confiables, de lo que declaran las autoridades voceras del establishment.
Un caso emblemático.
El 28 de septiembre de 2009, la jueza del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, Soledad Orellana Pino, rechazó la solicitud de sobreseimiento solicitada por la defensa del funcionario del Ministerio Público de Rancagua, abogado Rodrigo Ponce Soto. Éste no compareció a la audiencia, siendo representado por su defensor privado, Claudio González Salgado.
Rodrigo Ponce Soto está acusado de usurpación de funciones y violación de morada en la causa RUC 0810024423-4.
La negativa de la jueza Orellana Pino, fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 19 de octubre de 2009, cuya novena sala con el voto unánime de los ministros Mario Carroza Espinosa y Emilio Elgueta Torres y del abogado integrante Paola Herrera Fuenzalida, dispuso perseverar en la investigación. Dado que la misma está relacionada con el respeto a las personas, las garantías que brinda el nuevo modelo de justicia a los imputados y la inviolabilidad del hogar, valores insertos en el renovado sistema procesal penal.
La BRIDEC incomprensiblemente marginada.
Los hechos que afectan al funcionario Ponce Soto, entre otros, (también está siendo investigado en Graneros, Los Andes, etc.), obedecen a una querella presentada en su contra por la egresada de derecho de la Universidad Finis Terrae, Yanet Rivera Salas, quien acusa al personero de irrumpir en su domicilio impropia y groseramente, acompañado por efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de Rancagua, portando como fiscal, una orden judicial de la intrincada causa financiera, del caso de los inversionistas españoles presuntamente estafados por sus socios chilenos, entre los años 2006 y 2008. Y en cuyas fojas aparece mencionada la querellante.
Yanet Rivera también hizo ante el Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, el 27 de julio de 2009, un extenso reclamo administrativo en contra de Roberto Díaz Quintanilla, fiscal regional de la sexta región, por diversas irregularidades acaecidas a su juicio, en la fiscalía de su región. Acusaciones que se encuentran en proceso investigativo y cuyas conclusiones hasta la fecha se desconocen.
La participación de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de Rancagua en un caso de altísima complejidad financiera internacional, sumada a la inexplicable ausencia de la BRIDEC (Brigada de Delitos Económicos) de la PDI en el mismo, es otra de las interrogantes que emporcan de turbias nebulosas la investigación en desarrollo.
El fiscal que no era fiscal.
Según la denunciante Yanet Rivera Salas, el abogado Ponce Soto actuó en su domicilio, el 1 de septiembre de 2008, al más puro estilo intimidatorio, como fiscal de teleserie policial, en labores netamente operativas. Acciones intrusivas para las cuales no estaba facultado, porque el funcionario rancagüino sólo es jefe de asesoría jurídica. Y no es ayudante de fiscales, ni fiscal, ni asistente de fiscal. Únicamente, es uno más de los diversos asesores que secundan al fiscal regional.
El supuesto cargo de “ayudante de fiscal” no existe en el organigrama de la ley orgánica constitucional que rige los quehaceres del Ministerio Público.
Por lo cual el asesor Ponce Soto transgredió flagrantemente lo dispuesto en las leyes N° 20074 y 20253. Además de lo expuesto expresamente sobre la materia, por el Fiscal Nacional, en su Instructivo N°38.
¿Escasean los fiscales?.
Este caso es emblemático y podría sentar a la larga jurisprudencia acerca de las garantías procesales de los imputados en el nuevo sistema procesal penal, siendo algo que preocupa seriamente a las máximas autoridades del Ministerio Público, toda vez que el mismo se ha repetido en otros puntos del país. Llegándose incluso a darse la anomalía de que en algunos procesos, hasta secretarias reciben declaraciones de los imputados, lo que está claramente vedado por la norma correspondiente.
Cabe recordar que, incluso, el Código de Procedimiento Penal hubo de ser modificado en su artículo N° 190, para que sólo los asistentes de fiscales pudiesen tomar declaraciones en subsidio de los fiscales titulares a cargo.
Un andamio tambaleante.
Otro antecedente delicado sobre la causa, es que las actuaciones del abogado Rodrigo Ponce, ponen en máximo riesgo todo el andamio creado por el sí autentico fiscal a cargo de la causa financiera de los españoles, Servando Pérez Ojeda; y su teoría del caso, que aquí sólo hubo astutos chilenos que estafaron por millones de euros a abogados, arquitectos, ingenieros, auditores, notarios y empresarios españoles.
Toda vez que la Constitución chilena es tajante en cuanto a que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente le hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes, todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará la responsabilidad que la ley señale”. (Artículo N°7).
Un polémico persecutor.
El fiscal Servando Pérez, es el mismo de polémicos casos – entre otros – de la cineasta de la realidad mapuche, Elena Varela López y la exonerada ministra de la Corte rancagüina, Jacqueline Rencoret.
A comienzos de 2009, Servando Pérez Ojeda fue degradado de su cargo de fiscal jefe de Rancagua a fiscal de Rengo. Lo que ha significado que en los medios periodísticos de la sexta región se tejan diferentes especulaciones con respecto a este costalazo administrativo del fiscal Pérez Ojeda. El que lo mantendría en una muy inestable situación profesional y emocional. Careciendo del respaldo de sus superiores.
Un vergonzoso zapato chino.
A lo antes dicho, debe agregarse la espina que tiene clavada la fiscalía de la sexta región, con respecto al brutal homicidio de la villa Bosques de San Francisco, donde una madre y su hija adolescente fueron salvajemente asesinadas y de cuya autoría nada se sabe, por el actuar inoperante de los fiscales a cargo, quienes no protegieron el sitio del suceso, conforme lo estableciera en una respuesta reclamo, la propia PDI.
El 10 de julio del 2008, el cuerpo de María Muñoz Lagos, de 39 años, fue encontrado sin vida con 29 puñaladas y el de su hija, Geraldine Herrera Muñoz, de 16, presentaba un profundo corte en el cuello que estuvo a punto de decapitarla.
Omisiones y olvidos.
Del mismo modo, en medios de la VI región, se especula en sordina acerca de la privilegiada situación que favorece al homicida Claudio Cerda Bravo, de parte de una benevolente – para con los intereses del aludido – fiscalía regional.
Cerda Bravo, el 3 de marzo de 1991 participó en el homicidio del médico Carlos Pérez Castro y su esposa Ana Luisa Schlager Casanueva. En 2003 recibió el indulto presidencial, cuando el actual fiscal regional de la sexta región, era secretario regional del Ministerio de Justicia. Pero en febrero de 2008 fue detenido por efectivos anti narcóticos de la PDI, cuando se aprestaba a distribuir 58 kilos de marihuana prensada paraguaya, desde Graneros, VI región.
Ininteligiblemente, por omisiones y olvidos de la fiscalía regional, raya para la suma, hoy Cerda Bravo se encuentra en libertad. Y en vías de ser exculpado, nuevamente.
Hasta peleados con Bachelet.
Por si lo descrito no bastase, los mandos jerárquicos del fiscal Pérez Ojeda han tenido más tropiezos en lo que va de 2009. Como lo acontecido con la salida del mismísimo intendente de la VI región, Héctor Huenchullán y el conflicto con La Moneda y la cúpula de su ex partido la DC, encabezada por el diputado por la zona, Juan Carlos Latorre.
A lo anterior, deben agregarse las graves acusaciones que hiciera el imputado español Salvador Piá Tarazona a la Fiscalía Nacional, en cuanto a que el también imputado del caso estafa a españoles, Luis Del Río, habría pagado al fiscal regional, Rodrigo Díaz Quintanilla, por su libertad provisional en abril pasado. (Reclamo al Ministerio Público Folio A13 – 001581 del 23 de julio de 2009).
También Piá Tarazona en el citado reclamo denunció que el asesor Ponce Soto el 7 de octubre de 2008, presentándose como fiscal, le estuvo interrogando durante 11 horas seguidas.
Magister en Barcelona.
Rodrigo Ponce tras viajar, a fines de 2008, en compañía del fiscal regional Rodrigo Díaz Quintanilla y dos detectives, en una delegación relámpago a España a entrevistar a los querellantes españoles, a quienes la justicia española hizo declarar como imputados, tras la detención de Claudio Rojas Alarcón y demás inculpados, posteriormente se dirigió a Barcelona junto a su familia a hacer un magister.
Respecto de lo anterior, Salvador Piá también le manifestó al Fiscal Nacional que “Rodrigo Ponce Soto se encuentra desde el mes de enero del 2009 en España disfrutando de una beca postgrado, que presuntamente ha conseguido a cambio de no formalizar en la causa a los empresarios españoles que estaban lavando dinero con la parte chilena”.
En las islas griegas.
En agosto pasado, Ponce Soto estuvo de vacaciones en las islas griegas, lo que los internautas constataron en su página personal de Facebook. En septiembre de 2009 reasumió sus labores en la capital de la sexta región.
No obstante, el punto central aquí es que si las actuaciones destempladas del abogado Rodrigo Ponce son sancionadas por la justicia, esto significaría la contaminación de la mayoría de las vacilantes probanzas en contra de los imputados, recopiladas por Servando Pérez Ojeda, quedando el juicio de los inversionistas españoles reducido a la nada misma.
Una cuña del mismo palo.
El proceso españoles estafados, ahora además cuenta con que la defensa de los principales imputados chilenos, Claudio Rojas y Luis Del Río, está dirigida por el ex fiscal regional, José Luis Pérez Calaf. Co participando abocado a la compleja defensa de Rojas Alarcón, el penalista Germán Cueto Etcheberry.
No obstante su estilo conciliador y sutil, Pérez Calaf, desde septiembre 2009, ha alcanzado sucesivos logros judiciales minuciosamente elaborados. A la usanza de cómo cuando pesquisó personalmente el famoso caso Yuraszeck.
(Luis Francisco Yuraszeck fue asesinado el 29 de marzo de 2004 al concurrir a la casa de Francisco Leyton a cobrarle una deuda).
Frutos de la defensa de Pérez Calaf en el asunto de los pequeños inversionistas españoles estafados, que entre otros, significaron que la investigación del caso se mantenga abierta hasta abril de 2010, por propia petición de los imputados chilenos.
El lavado que no fue.
Incluso, ahora el Ministerio Público – al carecer de pruebas elementales – tuvo que no perseverar en el delito de lavado de dinero, artículo 27 de la ley 19.913. Acusación que permitió las más drásticas medidas intrusivas y persecutorias en contra de los imputados, por parte de funcionarios como el aludido Rodrigo Ponce Soto.
De haber perseverado el fiscal Pérez Ojeda en el delito de lavado de dinero, quedaba con la obligación de procesar e imputar a varios de los querellantes españoles, remitentes de dichos euros hacia Chile, con lo cual su teoría del caso de estafas de chilenos a españoles se destruía por sí misma.
De querellantes a imputados.
El esquema analítico y minucioso desarrollado por las defensas de los únicos imputados chilenos, debería converger en que varios de los hoy querellantes españoles y otros inversionistas inmobiliarios rancagüinos, pasarán en los próximos meses al banquillo de los imputados.
Bien porque recibieron millonarias remesas o “préstamos”, en varios casos superiores a los envíos desde España a Chile o porque los fondos extraviados con los cuales se estafó a pequeños inversionistas, en su totalidad fueron recaudados en España, de ciudadanos españoles, que únicamente confiaron en sus compatriotas, a quienes conocían largamente por motivos sociales, profesionales o familiares. Arista investigativa que tarde o temprano reventará por su propio peso y que será otro incordio mayúsculo para la fiscalía de la VI región, porque la misma deberá explicar lo inexplicable a sus superiores jerárquicos de la Fiscalía Nacional y a la opinión pública.
Ciudadanía que durante más de un año sólo ha visto una cara de la medalla. La que ha querido mostrar la fiscalía de la VI región. Y por cuya verdad los medios de prensa regionales y otros de Santiago que han seguido parcialmente el caso, han hecho muy poco. Limitándose a transcribir sólo los trascendidos emanados de la propia fiscalía regional y sus personeros interesados e investigando periodísticamente la nada misma.
“Inversionistas” bajo la mira investigativa.
Está acreditado en el proceso, que ningún pequeño inversionista español le pasó un euro directamente a los imputados chilenos.
Por lo mismo, en fuentes de la propia fiscalía rancagüina, se supo ahora que una empresa de capitales españoles, sita en la sexta región, está con todos sus registros contables bajo el escrutinio de peritos.
Y que otro tanto acontecerá antes de fin de año, con un grupo de compañías de los rubros construcción e inmobiliario de la VI región, que operan también en la zona de Puerto Montt.
A su punto de origen.
En medios del Ministerio Público y de los juzgados de garantía rancagüinos, ya se especula que lo mejor que le podría pasar a dichas entidades y sus fiscales, es que el caso de los españoles se vaya a donde siempre debió estar, la Región Metropolitana.
Considerando que los ilícitos en Chile, se habrían cometido en las oficinas que tenían en el séptimo piso del Edificio de la Industria los ejecutivos chilenos, Claudio Rojas y Luis Del Río. Ambos actualmente en la cárcel de Rancagua, donde ingresaron a comienzos de diciembre de 2008.
“Captadores y colaboradores”.
El 18 de diciembre del 2008 la delegación chilena que viajó antes de navidad a España, hizo noticia en el periódico Las Provincias de Valencia, medio que consignó: La Fiscalía y Policía chilena sospechan que varios empresarios valencianos podrían haber colaborado, a modo de operadores o captadores, con los cuatro detenidos por la supuesta estafa de más de 10 millones de euros en la compra-venta de inmuebles y de suelo en Chile. “Hoy por hoy, todos son víctimas, pero hay algunos que podrían haber sido captadores o colaboradores”. Así lo indicó hoy el subcomisario de policía encargado de este caso, José Contreras, en una rueda de prensa para informar de la situación actual de la investigación. En el acto estuvo acompañado, además, por el fiscal regional de la región, Roberto Díaz; el inspector de la policía, Milton Bazán; y el cónsul honorario de Chile en Valencia, Leopoldo López.
Los “compinchados de la fiscalía regional chilena”.
Agregando la prensa valenciana: El letrado explicó que esta estafa, en la que cada día surgen más víctimas y más dinero invertido que no se ha recuperado, “no se pudo hacer sólo desde Chile”, con lo que todo parece indicar que en España, el principal imputado que se encuentra en prisión preventiva junto a otros dos, “tuvo colaboradores u operadores”. Ahora, hay que determinar quiénes fueron. Con esta opinión coincidió el fiscal, quien también resaltó que, a pesar de que no quería ofrecer muchos datos, habría posibilidades de que algunos de los citados a declarar no fueran víctimas, sino “compinchados” –en referencia a las personas que el lunes y el martes acudieron a Fiscalía de Valencia para declarar por este asunto en calidad de imputados, para defender sus derechos.
Enfatizando el fiscal chileno a la prensa española: “el dinero pudo volver a España” o, sin embargo, estar en diferentes cuentas de otros países como Uruguay o Panamá.
Como en tiempos de la conquista.
A casi un año del viaje de la delegación chilena a España, con el proceso (RUC N° 0700 067520-7) con miles de fojas y decenas de declaraciones y búsquedas de probanzas, la fiscalía regional de Rancagua, al igual como en el antes consignado caso de los Bosques de San Francisco, tampoco ha podido establecer nada acerca de los dineros esfumados y menos acerca de los españoles precursores de toda la trama en su nación de origen, lo que hace aparecer el criterio investigativo como racista, a la usanza de la colonia, donde sólo los criollos eran procesados por los jueces del virreinato.
Sólo ha faltado para redondear este escenario, que alguno de los imputados chilenos tuvieran apellidos aborígenes.
“Cautelando los derechos de los imputados”.
Vistos así los asuntos del Ministerio Público, el caso de Rodrigo Ponce Soto se torna representativo, porque por esa vía cualquier funcionario de cualquier fiscalía del país, podría aparecer en la calle encabezando a su gusto pesquisas intrusivas policiales, sin estar facultado para ello y con la incoherente excusa de actuar, “en cautela de los derechos de los imputados”.
Esta fue la justificación esgrimida por la defensa de Ponce y la línea argumental del aproblemado fiscal Servando Pérez Ojeda ante el Departamento V de Investigaciones y la jueza Soledad Orellana Pino.
Desacreditando la fiscalía de la VI región, con tales irregulares procedimientos, el accionar en terreno de las policías, de la propia Defensoría Pública y el rol fiscalizador de la prensa en toda democracia.
Oscuro escenario.
La vorágine de acontecimientos que copan las pautas periodísticas como las tensas relaciones entre Lima y Santiago, el impredecible desenlace de la contienda presidencial o los brotes de violencia sucesiva en la Araucanía, impiden de cierto modo que situaciones como las antes reseñadas, alcancen las primeras planas que en otras circunstancias distintas habrían logrado, lo que al quedar en murmullos, coloca a las garantías y libertades personales de los ciudadanos en Chile, en condiciones precarias de DDHH y resguardo de sus garantías.
Agencias. Por RAV. Barcelona, España, noviembre 26 de 2009.-