Por JOSÉ A. MARIMAN / Doctor en Ciencias Políticas

Los anuncios dados a conocer por el presidente Piñera respecto de la cuestión nacional mapuche en estos días, no traen buenos augurios en términos de resolver la huelga de hambre de activistas mapuches. Nuevamente, y como ya sus antecesores en el gobierno ensayaron (la Concertación), el gobernante se decide por una estrategia que pretende quebrar a los mapuche. O mejor aún, potenciar a esos sectores pasivos de la “sociedad” mapuche, que hasta ahora solo han jugado el papel de espectadores en este conflicto (los mapuches no presentan un frente compacto, ni en esta ocasión ni en otras del mismo modo en que la “sociedad” estatonacional chilena está dividida). Así, se habla de: “No hay que confundir a nuestros pueblos originarios, a los mapuches que están participando en estas celebraciones, con los 34 comuneros que han tomado el camino equivocado” (Pres. Piñera, El Diario Austral, Sep/18, 2010). O sea, hay “mapuches buenos”/que se comportan apropiadamente y hay “mapuches malos”/que se comportan inadecuadamente, y se hablará con los “mapuches buenos” excluyendo a los “mapuches malos”. ¿Qué se puede esperar de esta política? No hay que ser erudito para darse cuenta de que, al continuar siendo discriminados, los “mapuches malos” seguirán el camino de la movilización tal como hasta ahora la han desarrollado (si han llegado tan lejos como arriesgar sus vidas en una huelga de hambre, difícil creer que se irán para la casa aceptando una derrota).
De otra parte, el diseño de la política hacia los “mapuches buenos” no es promisorio. Éste no se propone discutir lo que ellos quieran discutir, sino un plan elaborado por “expertos” del gobierno y empresarios de la IX región, al cual habría que hacer aportes: “Esta mesa de diálogo es para que podamos profundizar el plan Araucanía para el reencuentro con el pueblo mapuche” (Cristián Larroulet, La Nación, Sep/17, 2010). Esto es, la agenda para los “mapuches buenos” está ya impuesta desde arriba, y en ella el convocante a la mesa (el gobierno), tiene la ventaja de haber articulado un discurso desde hace un tiempo, como se entiende lo expresado por uno de los ministros que dirigirá el proceso: “ésta es una mesa que continúa el proceso que se ha llevado a cabo en los últimos meses con más de 500 comunidades…” (Felipe Kast, La Nación, Sep/17, 2010). Todo parece indicar que en este diálogo medianamente cocinado, los “mapuches buenos” aportarán más que nuevas ideas, el marco de legitimidad que el gobierno busca para su proyecto. Los “mapuches buenos”, especialmente si son partidarios de la derecha en el gobierno, no han desarrollado un discurso de interpretación de su situación al interior de la “sociedad” estatonacional. Ellos siguen el derrotero de las demandas tradicionales mapuche, concentradas esencialmente en la cultura (espacio para practicar las costumbres propias), lo social (aceptación como individuos combatiendo el racismo y la segregación chilena) y la economía (el problema de la escasa tierra y el aumento de su cobertura). Consecuentemente, en ese diálogo por venir, nada hace presumir que será posible discutir temas capitales para los sectores movilizados del pueblo mapuche (los “mapuches malos”), o aquellos que han puesto en la agenda estatonacional la cuestión nacional mapuche.
Desde el punto de vista de los “mapuches malos”, si bien las demandas anteriores son parte del substrato de su propio repertorio reivindicativo, ellas se han quedado cortas a inicios del siglo XXI. La impugnación de ellos es principalmente política, con repercusiones en los otros planos reivindicativos mencionados. A través de sus reflexiones políticas (documentos de trabajo o artículos en sus páginas), ellos cuestionan el proceso todo de la incorporación política-militar; que habría buscado eliminarlos como nación étnica o pueblo étnico sujeto de derechos colectivos, para agregarlos al país como individuos (sin pasar por alto la expoliación territorial y el arreduccionamiento y posterior proceso de usurpación de esas tierras). La lógica de lo que se desearía dialogar aquí es otra, y si bien no ha sido expuesta hasta ahora consensualmente por aquellos que pueden ser denominados autonomistas o autodeterministas, un sumario de esos temas se puede encontrar en un reciente artículo del abogado y sociólogo mapuche Salvador Millaleo, publicado por El Clarín:
“(1) contenido [y] aplicación del convenio N° 169 de la OIT sin cercenamientos y tomando en cuenta la copiosa jurisprudencia internacional acumulada y la declaración de derechos de los pueblos indígenas de la ONU; (2) formas de representación política indígena, fuera del monopolio de los partidos políticos; (3) autonomía [e] instalación de autoridades indígenas que, dentro del marco del Estado chileno, velen por la mantención de la identidad indígena y el desarrollo con identidad; (4) bases de las formas en que el derecho indígena pueda resolver conflictos para indígenas en coordinación con el derecho nacional; (5) sistema de recuperación de tierras indígenas eficaz, rápido y transparente; (6) régimen de las aguas indígenas, el subsuelo y demás recursos naturales relevantes culturalmente; (7) rechaz[ó de] las políticas sociales paternalistas o clientelistas y promove[r] políticas para mejorar las condiciones de vida del pueblo mapuche tanto en el campo como en la ciudad; (8) [ver] cómo instalar procesos vinculantes de participación deliberativa para aprobar grandes proyectos de infraestructura; (9) reflexi[onar] sobre el racismo, la educación intercultural y multilingüe, biopiratería y la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales”. (Dr. Salvador Millaleo, El Clarin, Sep/16, 2010).
A este sumario se podría agregar, en términos de resolver exclusivamente el problema tierra en el sur mapuche de Chile, una reforma agraria. Si leyó bien, una reforma agraria, medida que seguramente despertará en la elite gobernante el jinete apocalíptico del “comunismo”, pero que en estricto rigor no lo es y en este contexto de conflicto étnico es una clara medida de descolonización. A manera de desmitificar la connotación de “comunista” que tiene esta medida, menciono una experiencia reciente de reforma agraria, en un país que nadie podría impugnar como “comunista”: Escocia 2003 (por lo demás la lucha por la tierra y en contra de la acumulación de ésta desarrollada por los señores feudales, fue el primer paso de la revolución capitalista). Allí como acá urge destruir la gran propiedad agraria, que solo alimenta delirios aristocráticos, pero que no ha aportado en absoluto a desarrollar la región mapuche. Es más, la gran propiedad es co-responsable de la diáspora mapuche que durante el siglo XX y el presente continúan expulsando población mapuche de la IX región (y de las comunas mapuche colindantes de la VIII y restantes hacia el sur). La exportación más importante de la Araucanía, valóricamente hablando, son seres humanos que deben abandonarla para conseguir empleos y mejores expectativas de vida en otras regiones o en otros países, mientras que ni aún con ese éxodo la región mejora sus índices de pobreza, encabezando la lista de regiones más pobres de Chile.
Con todo, el diálogo que ha propuesto el gobierno en el contexto de la crisis, para mejorar su imagen respecto del tema la cuestión nacional mapuche, de excluir a los sectores autonomistas (de los cuales los activistas en huelga de hambre son parte insoslayable), no mejorará en nada el panorama de la protesta mapuche. Incluso usando como cebo el famoso “reconocimiento constitucional”, que tanto negó la derecha mientras no era gobierno (un reconocimiento de ese tipo sino va acompañado de medidas concretas de empoderamiento de los mapuche, no tiene ningún valor). De ser así, podremos esperar más conflicto en los años que le restan a esta administración, junto con más represión y más mapuches encarcelados. Y, la iniciativa de diálogo pasará de ser recordada en la historia de este conflicto, como un “diálogo de besugos”. En otras palabras, una “conversación sin coherencia lógica” según la definición de la RAE, que podríamos remendar en su última palabra: conversación sin coherencia política.