Las “reformas políticas”: ¿Cuántas veces se puede tropezar con la misma piedra?

Cuando una persona se equivoca en algo importante, uno puede pensar que fue negligente o que tuvo mala suerte, o una mezcla de las dos. Pero cuando la equivocación es reiterada no una sino varias veces, entonces es claro que la explicación no está en cada error en particular sino en algo más profundo.

En educación ha pasado algo de ese tipo. En la última década el tema ha sido puesto reiteradamente en la agenda por movilizaciones estudiantiles. Tras cada una de ellas se han adoptado medidas, que han involucrado un considerable esfuerzo político y material. Pero nada parece solucionar el problema.

Y nótese que no es el caso que después de cada reforma uno escuche a los que participaron de ella diciendo que no pudieron conseguir lo que a su juicio habría solucionado el problema, sino al contrario: cada vez lo que se hace se celebra como un paso radical en la dirección correcta, en algunos casos con manos en alto y lágrimas en los ojos. Y poco después volvemos a lo mismo, y quienes en su momento celebraron lo que se había hecho entonces descubrirán que la solución no era, después de todo, tal.

Con las reformas constitucionales ha pasado lo mismo, pero en un nivel más exagerado todavía. Cuando se dictó la ley 20050 (la reforma constitucional de 2005) el convencimiento de que el problema constitucional había quedado definitivamente resuelto era tal que el propio presidente Lagos pretendió que la constitución reformada llevara su nombre (no apresurarse a aceptar esta pretensión fue uno de los dos errores que ha cometido la derecha en materia constitucional).

Y poco después nos enteraríamos que, a pesar de que había sido un paso importante, no había cambiado lo fundamental, al punto que todas las candidaturas presidenciales de 2010 salvo la de la derecha (que siempre ha defendido la constitución de 1980) creían que era necesaria no una o dos reformas, sino una nueva constitución (!).

A mi juicio, parte de la explicación para este déficit sistemático de la política chilena es en la idea de que la política es negociación. Es claro que negociar, es decir, darle al otro algo para que el otro me dé lo que quiero, es algo de lo que no se puede prescindir. Pero la política que es pura negociación no es política. Antes que negociar es necesario discutir.

Y en la discusión yo no busco que el otro me conceda algo, sino mostrarle al otro que esta equivocado. En principio, la discusión hace a la negociación innecesaria, porque una de las partes entenderá que está equivocada. Entonces no me “concederá” lo que quiero, sino se sumará a mí (o al revés, por supuesto).

No se trata de ser ingenuos, por supuesto. Es poco común que la sola discusión sea suficiente para solucionar los conflictos políticos, porque las posiciones políticas no siempre son reducibles a argumentos; en muchos casos son formas de esconder intereses particulares. Pero a pesar de esto la idea de discusión cumple una función central, en la medida en que obliga a las partes a ofrecer argumentos para mostrar que lo que quieren es justo y conveniente etc.

Incluso cuando los conflictos políticos no se solucionan mediante argumentos, el hecho de haber discutido sobre las posiciones normalmente hace que unas sean más fuertes que otras. Y entonces lo que habrá que hacer no es negociar, sino decidir.

El fantasma de Guzmán

Pero en Chile las instituciones políticas están construidas para que no sea posible decidir, y haya entonces que negociar. Como dijo Jaime Guzmán (en un pasaje que ha recordado Roberto Garretón), de lo que se trataba era de asegurar que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora– el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Este es el problema constitucional. Es tan claro, y siempre fue tan público, tan impúdico, que uno se pregunta cómo es posible que no haya sido identificado. Parte importante de lo que explica la derechización de la Concertación durante sus veinte años (no todo) es que se acostumbró a elegir dentro de ese “margen de alternativas”, por lo que terminó haciendo, como pretendió Jaime Guzmán, lo que la derecha anhelaba.

El precio, por supuesto, es la progresiva deslegitimación de las instituciones políticas. La propia metáfora que usó lo traiciona: Cuando dada la cancha en la que uno juega sólo un equipo puede ganar el juego es un engaño, una trampa.

La constitución de 1980 siempre fue, entonces, tramposa. Su sentido era evitar que las decisiones reflejaran el resultado de las elecciones, de modo que siempre fueran las decisiones que la derecha quería. Y como la derecha perdió todas las elecciones entre 1989 y 2010, es increíble que alguien pueda pensar que un sistema que fuerza decisiones de derecha no terminará brutalmente deslegitimado. Y por eso hoy, repentinamente, todos han descubierto que hay una severa “crisis de representatividad”.

Y nos aprontamos a ver nuevas reformas políticas, que nuevamente pretenderán haber solucionado el problema constitucional. Pero todo indica que va a ser una repetición de los intentos anteriores. Que, como Julio Iglesias, tropezarán de nuevo con la misma piedra.

La trampa de Jaime Guzmán se construyó sobre la base de tres cerrojos. El primero tiene que ver con los quórums de aprobación de la ley. Las cuestiones que la derecha “anhela” están casi todas contenidas en leyes llamadas “orgánicas constitucionales”. La reforma de una ley orgánica constitucional requiere mucho más de la mitad de los votos. En la Cámara de Diputados, requiere 70 votos de 120, por ejemplo (72 conforme a la regla original de la constitución de 1980); en el Senado, necesita 22 de 38 senadores (conforme al texto original, de los 37 miembros del Senado sólo 26 eran elegidos, y para reformar una ley orgánica constitucional era necesaria la concurrencia del voto de 22 de ellos).

Para que “los adversarios” de Jaime Guzmán pudieran tomar decisiones distintas a las que él habría tomado, entonces, necesitan obtener 70 diputados, lo que ya es difícil (como puede observarse, las reformas de 1989 y 2005 modificaron en algo esta situación, pero el primer cerrojo siguió en su lugar).

El segundo cerrojo tenía la función de hacer imposible lo que era sólo muy difícil, y para eso (además de los vergonzosos senadores “designados”, derogados en 2005) inventaron un sistema electoral único en el mundo, cuya finalidad era asegurar a la derecha los 51 diputados que necesitaba para gobernar incluso después de haber perdido todas las elecciones.

Es un error decir que el sistema binominal sobrerrepresenta sólo a la derecha, porque como no permite (sino en el margen) la elección de diputados independientes o de fuera de las dos coaliciones principales sobrerrepresenta a ambas.

Pero el binominal no fue introducido para sobrerrepresentar a la Concertación. Su finalidad era asegurar a la derecha los escaños necesarios para que tuviera veto. Y por supuesto, desde 1989 la derecha ha tenido más de 3/7 de los Diputados, pero sólo en 2001 obtendría algo más que 3/7 (43%) de los votos.

Todo el punto del sistema binominal era asegurar a la derecha, entonces, 3/7 de los diputados y senadores en ejercicio aun cuando obtuviera menos de 3/7 de los votos.

Y si de algún modo alguna decisión que no le gustaba a la derecha podía pasar por todos estos filtros, entonces el tercer cerrojo, el tribunal constitucional, se encargaría de anularla (ahora que la derecha protesta contra la estabilidad laboral de los profesores, pocos se acuerdan que sus senadores – incluidos dos que ahora son ministros – obtuvieron en 2004 que se anulara una ley que creaba un sistema para asegurar la preparación y competencia profesional de los directores de establecimientos municipales, alegando que los directores no podían ser removidos de sus cargos ¡porque tenían derecho de propiedad sobre ellos!).

Los efectos nefastos de estas tres instituciones son distintos. En el caso de la exigencia de 4/7 para la reforma de leyes orgánicas constitucionales, lo que se buscaba era que la derecha tuviera veto, y por eso redujo el Congreso a una instancia puramente decorativa, en la que a los parlamentarios no les queda más para avanzar sus carreras políticas que dedicarse a actividades con figuración televisiva o a negociar compulsivamente para poder mostrar algo, sea lo que sea.

En el caso del sistema binominal, lo que logró fue deslegitimar progresivamente la representación parlamentaria, por dos razones: primero porque hizo irrelevante la elección, salvo en casos excepcionales. En la enorme mayoría de los casos es indiferente quien gana o quien pierde, e incluso cuantos votos obtiene.

Cada uno obtendrá un escaño. La elección misma, entonces, es un tongo, y lo que importa no es su resultado, sino la designación del candidato por la coalición respectiva. Esto contribuyó, segundo, a transformar a los partidos políticos en nada más que máquinas electorales, en la medida en que eran ellos los que decidían no quienes habrían de ser los candidatos, sino quienes habrían de llegar al parlamento. Y por eso hoy tanto el parlamento como los partidos políticos carecen de legitimidad.

Después de las reformas de 2005, la posibilidad de que el tribunal constitucional cumpla su rol de cerrojo en el diseño guzmaniano se ha reducido, pero no eliminado (la exigencia de 2/3 para la designación de sus miembros asegura que toda decisión importante será 5 a cinco… como la del postnatal, por ejemplo). Uno podría decir que lo que la reforma de 2005 logró a su respecto fue neutralizarlo, o al menos reducir su relevancia (por eso desde 2005 ya van dos ministros del tribunal constitucional que han renunciado a él, por aburrimiento o por tener cosas más interesantes que hacer).

Habiendo quedado neutralizado el tribunal constitucional, el problema más grave son los otros dos cerrojos, que configuran una especie de doble trampa: la primera trampa es que el resultado de la elección no importa para decidir quiénes van al parlamento (salvo en el margen), porque eso ya que está decidido de antemano. Y la segunda trampa es que da lo mismo quien las gana, porque para decidir cualquier cuestión importante es necesario tener el consentimiento de la minoría derrotada.

Hoy la derecha se ha dado cuenta de que ya no necesita la primera trampa para asegurarse más de 3/7 de los parlamentarios (su segundo error fue no haberse dado cuenta de esto antes), por lo que es probable que entre las “reformas políticas” que vienen esté alguna reforma del sistema binominal.

Pero en la medida en que se mantenga la segunda trampa, una modificación del binominal sería una repetición del error de la ley 20050: algo que se celebrará como la solución del problema constitucional, pero que a poco andar se revelará como poco más que cosmético.

Si se reforma el binominal se eliminará una trampa, pero quedará la otra en pie. Y la elección podrá dejar de ser un tongo en un sentido (porque podrá depender de su resultado quien resulta elegido) pero seguirá siendo un tongo en el otro (porque el que gane no podrá decidir nada sin el veto del otro).

Y las elecciones no son como los partidos de fútbol, en que el sólo hecho de ganar es lo que importa. Las elecciones (es insólito que sea necesario decirlo) son importantes porque el que gana puede decidir. Eliminar la trampa del sistema binominal sin eliminar la del sistema de quórums es absurdo. Es no haber aprendido nada de los fracasos anteriores.

No es que desde el punto de vista de la idea democrática se esté diciendo nada extraño: sólo que los diputados y senadores lo sean porque han ganado elecciones de verdad, y que la ley y otras decisiones importantes sean adoptadas por mayoría. Pero parece que eso, en Chile, es mucho pedir.