El Estado en la cama de los chilenos

Me acabo de enterar que el Ministerio de Salud ha emitido un decreto sobre el VIH/SIDA que pretende forzar a quienes se atiendan en los servicios públicos a entregar los nombres de sus parejas sexuales. El Decreto señala, entre otras cosas, que: “En las actuales condiciones de tratamiento resulta indispensable ubicar los contactos sexuales de las personas diagnosticadas como VIH positivas, en aquellos casos en que éstas no les informen voluntariamente de su condición”.

Hasta la aparición de esta nueva “joyita” de control de salud en Chile, las cosas en materia de salud en VIH/SIDA ya venían en claro retroceso y esto se vincula estrechamente con la mirada conservadora sobre la sexualidad que las nuevas autoridades tienen y, en particular, sobre la homosexualidad y la formación oficial sobre la materia.

También se relaciona con la mirada utilitaria que las actuales autoridades tienen sobre la homosexualidad. Un ejemplo de ello fue la incorporación de un joven homosexual a lo que fue la campaña presidencial de Piñera sin que ello significara cambios sustanciales en la legislación y que finalmente hace que quienes creyeron en esa posibilidad abandonaran sus filas.

El Decreto N° 45 del 28 de octubre de 2011 instruye que “…en los casos en que el paciente al que se ha diagnosticado VIH no haga concurrir a atención de salud a las parejas sexuales que voluntariamente haya indicado poseer, el médico podrá contactar en forma reservada a estas personas para ofrecerles el examen de detección y las medidas de prevención y los tratamientos que sean procedentes sin perjuicio de mantener la información de los interesados en su carácter confidencial”. La confidencialidad de los pacientes está protegida por un lado por la Ley del SIDA pero, especialmente, por la decisión de las personas que acceden a realizarse el examen en forma voluntaria. No es patrimonio ni facultad del médico exigir ni hacer pesquisas de las parejas sexuales de las personas que acceden al examen. Autorizar al médico a contactar por su cuenta a las parejas sexuales de quienes han sido diagnosticados con VIH puede provocar un efecto inhibidor en quienes necesitan atención y podría, en última instancia, tener efectos catastróficos en el control del SIDA.

La decana de la facultad de medicina de la Universidad de Chile, la doctora Cecilia Sepúlveda ha dicho que “el exámen no es un método de prevención. Sólo chequea si hay virus o no, pero no previene su transmisión, cuyo foco está en la actividad sexual desprotegida. De ahí la importancia de promover la estrategia más eficaz de prevención, la cual tiene un 99% de eficiencia científicamente probada, como es el preservativo” y agrega que necesitamos una mirada integral de la prevención, en que prime lo sanitario y no las decisiones políticas o ideológicas.

Si uno atiende al decreto en comento y a otras prácticas del Ministerio de Salud, como eliminar la pre consejería que se hacía a las personas en el momento de acudir a los servicios de salud, da la impresión de que el Gobierno está interesado en el diagnóstico y no en la prevención, que es lo que aconsejan los profesionales con años de experiencia en la temática.

En más de dos décadas de trabajo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, se desarrollaron prácticas que pretendían abarcar la prevención de la pandemia en ámbitos que van más allá de lo sanitario y que integraban las variables culturales y sociales bajo un irrestricto respeto a derechos humanos de las personas que han adquirido el VIH. En este contexto, la consejería que se realizaba para la prevención primaria del VIH era un espacio para conversar sobre sexualidad, de diversidad sexual y homosexualidad, y en ese espacio de confianza y confidencialidad se favorecieron nuevas conductas de quienes eran diagnosticados positivos y debían tomar la decisión, por ejemplo, de notificar a sus parejas sexuales.

Este decreto, en la práctica, trastoca esa política y pretende imponer la detección del número de portadores por sobre las políticas de prevención.

Lo que finalmente está en juego en este Chile pacato es el tema de la sexualidad, la formación de los jóvenes, la entrega de información para que cada persona tome en conciencia sus decisiones. De una prevención que incorpore el acceso masivo al preservativo.

Un decreto no puede estar por sobre los derechos humanos, desconociendo años de experiencia en la materia, descartando la participación de la sociedad civil y negando la diversidad cultural de este Chile trastocado por las contradicciones de autoridades que a dos años de gobierno no aprenden a gobernar.